Aguayo: "México no atiende a las víctimas"

Pocos acontecimientos en México han tenido tanto impacto internacional como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasados. La indignación y las muestras de solidaridad de la comunidad internacional con el dolor y la incertidumbre que viven las familias, que reclaman que les devuelvan a sus hijos vivos, son tal vez el único bálsamo. ¿Por qué no los han encontrado si incluso las autoridades tienen ya a varios detenidos confesos?

El politólogo mexicano Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México y uno de los impulsores de la defensa de los derechos humanos en el país, sostiene que la causa es que el aparato de seguridad del Estado mexicano no fue concebido para proteger a las víctimas. “Fue creado para perseguir y detener a los jefes del crimen organizado o para controlar a la población, pero de ninguna manera para atender a las víctimas”, dice. Los sucesos tomaron por sorpresa al Estado que de por sí no le daba mucha atención a Guerrero, uno de los estados más pobres del país. A eso se suma la debilidad del Estado mexicano. “Aunque las fuerzas armadas y la policía federal son razonablemente confiables, los cuerpos policiales estatales y municipales son corruptos, ineficientes y están penetrados por el crimen organizado”. Aguayo destaca otro factor: “las bandas criminales en México han crecido en poder, en sofisticación y en la capacidad para blindarse frente a los intentos del Estado mexicano por controlarlas”.

Perverso culebrón mexicano

A cuentagotas la sociedad civil y la comunidad internacional se enteraron de la fuga del alcalde de Iguala y de su mujer, señalados como autores de la desaparición de los estudiantes, con el agraviante de tener probados nexos con el crimen organizado. La pareja es buscada con orden de aprehensión y no ha sido la única en darse a la fuga. También huyó el director de la policía de Iguala y el secretario de Seguridad Pública municipal. Luego de más de tres semanas, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anunció que ponía a disposición su cargo.

De golpe quedó claro que el dominio de los grupos criminales y la corrupción son una realidad en amplios territorios del país. También quedó claro que ningún partido político mexicano, ni el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenecían las autoridades implicadas en la tragedia, se salva de la corrupción política.

“A los partidos políticos los colonizó el Partido de la Revolución Institucional (PRI), y se corrompieron con un exceso de dinero público y una ausencia en el rendimiento de cuentas que no ha exigido una sociedad civil organizada. Ese es uno de los saldos más tristes de la transición (de más de 70 años de dominio del PRI a la pluralidad partidista)”, destaca Aguayo.

El politólogo lamenta que figuras políticas con una carrera digna y comprometida, han quedado minimizadas por la burocratización, y por el interés único de obtener un cargo. De eso no escapa ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Es una vergüenza el papel que está jugando la CNDH en la tragedia humanitaria mexicana. Son unos farsantes, unos simuladores; sobre eso hay consenso en la comunidad verdaderamente comprometida con los derechos humanos en México”, destaca.

“La tragedia de los normalistas desaparecidos está demostrando que somos un país esquizofrénico, con una apariencia democrática y moderna, -que puede ser real en algunos sectores del país-, pero que en general se distingue por la corrupción, la pobreza, la marginalidad y la ineficiencia del Estado”.

¿Dónde están los líderes sociales?

No hay ninguna figura en México que haya sido capaz de aglutinar detrás de sí los reclamos de la sociedad civil mexicana por un esclarecimiento a fondo del caso. El padre Solalinde, reconocido defensor de los derechos de los migrantes, fue desconocido por algunos familiares de los estudiantes que le recriminaron protagonismo y que no haya informado en primer término a las familias, lo que le confiaron sus testigos. “Si sabe dónde está mi hijo, lléveme ahí”, le reclamó uno de los padres de los jóvenes.

Aguayo considera que fue una fricción natural en una situación muy enrarecida. “Quienes trabajamos en derechos humanos debemos entender siempre que en primer lugar hay que pensar en el interés y en la sensibilidad de las víctimas”, subraya. Además, el politólogo reconoce que otra causa en la falta de líderes sociales, es que quienes iniciaron el movimiento de derechos humanos durante las protestas estudiantiles del 68 en México, no se preocuparon por crear las condiciones para que surjan nuevas figuras.

La lucha contra la corrupción, una de las banderas de campaña electoral del presidente Enrique Peña Nieto, fue redefinida por él hace poco como una ‘cuestión cultural', no algo que se haga haciendo respetar la ley. Aguayo destaca que no se encuentra en sus prioridades el compromiso con los derechos humanos o con las víctimas, ni tampoco con la rendición de cuentas o la transparencia. “Esos cambios vendrán de la presión de la sociedad civil mexicana y de la comunidad internacional que debe entender que México sigue siendo un país en donde coexiste la riqueza petrolera con la pobreza más escandalosa y la corrupción más vergonzosa”, concluye.