América Latina: ¿Por qué un impuesto a la riqueza?

La pandemia golpea fuerte a América Latina, pero no a todos por igual. En esta región marcada por más del 50% de informalidad en el trabajo, las reducidas ayudas estatales no logran frenar el impacto de la crisis. La Cepal calcula que 22 millones de personas cayeron en 2020 en la pobreza, lo que implica un retroceso de 15 años.

Las mayores tasas de contagio y mortalidad se dan en las comunas más pobres, donde hay mayor hacinamiento y enfermedades de base. "El virus es un marcador de desigualdades sociales muy fuerte”, dice a DW Hans-Jürgen Burchardt, directror del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS).

En contraste, desde inicios de la pandemia están apareciendo nuevos mil millonarios y los existentes ven crecer su riqueza. Según Forbes, la fortuna del mexicano Carlos Slim pasó de 52,1 millones de dólares en 2020 a 62,8 millones de dólares. La chilena Iris Fontbona aumentó de 10,8 millones a 23,3 millones.

Al estudiar la desigualdad, la mirada habitual se ha centrado en la pobreza. La pandemia evidencia la necesidad de estudiar la riqueza, cómo se reproduce y cómo distribuirla mejor. Es el tema del laboratorio de conocimiento sobre riqueza y poder que dirige Burchardt en CALAS. La inequidad y los problemas de desarrollo en Latinoamérica no se deben a escasez de recursos, "sino que su distribución es incorrecta. Los recursos no están apoyando el desarrollo interno de los países”, indica el experto, también director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad de Kassel.

"La mayor parte de los países no han logrado crear una capa empresarial local competitiva que se dirija hacia el mercado interno. La gran mayoría se enfoca en la exportación y está controlado por un grupo reducido de personas y familias”, agrega. Estos grupos empresariales e imperios familiares se han fortalecido en pandemia.

"En todos los países se ha incrementado la desigualdad y en América Latina más. Es la región que más lentamente se va a recuperar de esta crisis”, dice a DW la española Susana Ruiz, coordinadora de justicia fiscal de Oxfam. "Para salir de la pobreza necesitamos hablar de la riqueza. Necesitamos un sistema que ponga una contención a la hiper concentración de riqueza y su hiper concentración de poder, que impiden sociedades más cohesionadas y con mejor redistribución”, agrega.

¿Ayuda social desincentiva trabajo?

La crisis delata la precaria situación de los trabajadores latinoamericanos. Ante los bonos de los gobiernos, empresarios reclaman que las personas no van a querer trabajar. En opinión de Burchardt, "es un estereotipo y no es nada correcto. Un vendedor ambulante muchas veces se mata trabajando más horas que cualquiera que tiene un trabajo mejor y seguridad social más amplia. La mayoría de los ricos no lo son por meritocracia o porque trabajan mucho, sino precisamente por herencia y redes familiares”.

Las transferencias directas han permitido evitar que aumente la pobreza, afirma Ruiz. "En muchos países están empezando a retirar los paquetes de estímulo y eso, junto con la presión de las elites diciendo que se crea una generación de vagos por desincentivar el empleo, puede dejar desprotegidas a familias que han utilizado todos sus recursos y su mínima capacidad de ahorro”.

La ayuda es insuficiente y surgen iniciativas solidarias. Desde hace un año, la ONG Olla Digna reúne fondos para apoyar a decenas de ollas comunes que dan almuerzos en Chile. "En la pandemia algunos podemos quedarnos en casa, pero quienes trabajan en el comercio informal o están en situación de calle no tienen qué comer. Vemos personas desesperadas, cesantes, incluso pequeños y medianos empresarios”, dice a DW la directora, Consuelo Navarrete.

El desafío en América Latina es incorporar políticas públicas, no solo ayudas temporales, subraya Ruiz: "En Europa tenemos mayor cobertura, no tengo que pagar por ir al hospital o comprar oxígeno. En la mayor parte de los países de América Latina los bonos son de subsistencia, no son suficiente. Son un parche temporal”.

Crece consenso por impuesto a los súper ricos

Burchardt alerta que hoy el 10% de las personas con mayores ingresos en Latinoamérica pagan una tasa impositiva efectiva promedio de solo el 5,6% sobre sus ingresos, en algunos casos solo de 1% a 3%. En la región, los ingresos estatales por concepto de impuesto al patrimonio, corresponden a 1,8 % del PIB. En la OCDE se sitúan en torno al 8,3%.

Se necesita avanzar en una reforma tributaria que grave los ingresos y patrimonios más elevados, coinciden los expertos. "En el pasado casi todas las reformas han aumentado los impuestos indirectos (al consumo, como el IVA). De hecho, la mitad de la recaudación de la región viene de impuestos indirectos y falta tributación de la riqueza”, dice Ruiz.

Argentina, Uruguay, Colombia y Bolivia ya tienen discretos impuestos al patrimonio o las grandes fortunas y Chile y México discuten iniciativas legales. El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos de aumentar impuestos a los ricos y a las empresas refuerza esta idea. En Europa, si bien solo hay impuestos al patrimonio neto en España, Noruega y Suiza, hay otros tipos de gravámenes sobre el capital y la riqueza, además de garantías sociales.

Algunos empresarios latinoamericanos, en tanto rechazan el aumento de impuesto y amenazan con dejar sus países. "Pues váyanse. ¿Su sentido de la ciudadanía y compromiso con el país es que solo se quedan cuando las leyes están a favor de sus intereses? En su gran mayoría, los ricos hoy son más ricos de lo que eran antes de la pandemia. Cómo puede una minoría en un contexto como éste amenazar con irse porque van a ser un poquito menos ricos. ¡Si en América Latina es gratis ser rico! Se paga prácticamente nada en herencia, en rentas de capital y en patrimonio. ¿Se van a ir porque por primera vez van a tener que pagar un 2,5%?”, cuestiona Ruiz.

"Comparativamente es la región donde menos impuestos pagan. En Europa y hasta Estados Unidos, que es un país muy liberal, pagan más impuestos que en cualquier país latinoamericano”, subraya Burchardt. Junto con gravar el patrimonio, es necesario tomar medidas para impedir la fuga de capital y transferencia de dinero hacia el exterior. "No hay un control o una fuerza impositiva del estado sobre las grandes riquezas de estas personas. No están declarando casi nada”, agrega.

Responsabilidad tributaria y garantía sociales

Para Consuelo Navarrete, la situación es crítica: "Hacemos lo inhumano por salvarnos entre nosotros, mientras los super ricos han acrecentado su fortuna. No entiendo que en momentos así algunos quieren seguir enriqueciéndose. Un impuesto a los súper ricos sería un buen gesto del presidente y sus amigos”, señala en referencia a Sebastián Piñera, millonario que también aumentó su fortuna.

La crisis da la oportunidad de idear, tras una primera fase de atención de emergencia, nuevas políticas tributarias y sociales, que garanticen derechos en educación, salud y renta básica universal. "Necesitamos políticas tributarias que refuercen el efecto de cohesión social. Que el peso de la recaudación no recaiga siempre sobre el consumo de las familias, el trabajo, la clase media y los trabajadores. Es el momento de romper los tabús del pasado y plantear que quienes han sido más protegidos, ahora les toca contribuir más. No desde la solidaridad o la filantropía, sino desde la responsabilidad tributaria”, señala Ruiz.

La experta es optimista: "Es primera vez que el Fondo Monetario dice que la respuesta no es la austeridad, sino que necesitamos nuevos recursos y que tienen que venir de los que más tienen”. Estas reformas implican reducir el rechazo de sectores de la sociedad al pago de impuestos, postula Burchardt, lo que "no se obtiene solo con leyes, técnicas o administraciones eficientes, sino con un Estado que ofrezca bienes públicos de calidad y de amplio acceso, para a corto plazo superar la pandemia y, a largo plazo, aumentar la calidad de vida y las perspectivas de los contribuyentes”.