Muertes de líderes: Colombia mata a quienes hacen democracia

Según la ONG Indepaz, en Colombia en 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales, entre indígenas, afrocolombianos, campesinos, y mujeres y hombres defensores de la identidad sexual, además de 12 de sus familiares y 64 firmantes del Acuerdo de Paz.

DW: El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, urgió "una respuesta eficaz por parte del Estado colombiano” ante el aumento incesante de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos?  ¿Por qué no logra el Gobierno de Iván Duque parar los crímenes?

Stefan Peters: El asesinato de personas que realizan trabajo comunitario ha sucedido bajo otras administraciones, pero durante este Gobierno el problema se ha exacerbado especialmente.

También la ONU le ha llamado la atención a Colombia ¿Qué tan importante es la voz de la comunidad internacional?

Muy importante y necesario. Vemos que los asesinatos suceden casi a diario. El problema es más profundo de lo que sugieren las cifras de muertos. Los números son solo la punta del iceberg. Aparte de los asesinatos consumados están los intentos de asesinato, el desarraigo y desplazamiento y hasta la partida obligada hacia el exilio en el exterior. Las amenazas llevan a muchos a desistir de su importante trabajo comunitario. El problema es inmenso y profundo.

¿A quiénes afecta más el problema, en dónde se concentra?

Es difícil dimensionar el problema. Lo cierto es que no afecta a todos los colombianos por igual, ni a todas las regiones. La violencia contra los líderes sociales se concentra justo en las regiones marginadas y golpeadas por el conflicto armado. Las víctimas son personas que defienden los derechos humanos de sus comunidades, personas que rechazan proyectos de extracción mineral que van en detrimento del medio ambiente, o aquellos que piden una distribución más justa de la tierra, y también los excombatientes de las FARC. En resumen, los ciudadanos que practican la democracia en las regiones son estigmatizados, perseguidos y asesinados. La violencia pone en riesgo el Acuerdo de Paz, y la paz misma en el país.

El caso de la colombo-española Juana María Perea Plata, asesinada el 29 de octubre pasado por oponerse a la construcción de un puerto en Nuqui, una reserva natural en Pacífico colombiano ha causado especial conmoción. ¿Matan en Colombia a quienes defienden las riquezas de Colombia?

El trabajo social y la defensa de la naturaleza choca, a menudo con otros intereses. Especialmente en regiones apartadas, no se entabla un diálogo sobre las críticas o el rechazo a grandes proyectos comerciales, sino que las diferencias se dirimen con la violencia de las armas. Así no puede funcionar la democracia.

¿Falta en Colombia el debido conocimiento o respeto por la democracia?

No creo que los violentos no conozcan lo que es democracia. Puede ser que, a lo largo de muchas décadas, el crimen y la alta probabilidad de salir impune han resultado ventajoson, sobre todo para los autores intelectuales. Por otra parte, no basta con que el Gobierno exprese su ‘preocupación', mientras no incluya a los líderes sociales en la solución de los problemas, y no les conceda participación. Además, la protección que algunos amenazados solicitan llega, a veces muy tarde. Cada hora de demora puede costar vidas.

Muchos campesinos han emigrado a los cultivos ilícitos. ¿Por qué se insiste en estigmatizarlos y no en ayudarlos?

La desigual social y la marginalización de partes de la población en Colombia son problemas centrales. En esas regiones, la militarización del problema de las drogas ilegales es contraproducente, como se ha demostrado a nivel internacional. Si bien se puede reducir la siembra de cultivos de coca, ese es un efecto temporal, toda vez que a los campesinos no se les ofrece una alternativa. Colombia no presenta aún una solución estructural a un problema estructural. Lo que conlleva también a tener en cuenta a los países consumidores.

¿No es más fructífero para todos cooperar con los habitantes en las regiones?

En el caso de proyectos de extracción minera, por ejemplo, un sector en donde los líderes sociales corren altos riesgos, hay que promover el fortalecimiento de las consultas populares. Los ciudadanos que defienden las fuentes de aguas, por ejemplo, realizan trabajo democrático. La población local debe ser escuchada, no criminalizada. El efecto de la banalización de las masacres, la minimización del problema y la estigmatización de quienes realizan trabajo comunitario en las regiones se puede traducir en hechos de violencia. La violencia contra los líderes sociales en Colombia es un problema sistémico que requiere una sistemática solución. Y el primer paso a la solución es reconocer que el problema existe.

Stefan Peters es director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz(CAPAZ).

(cp)