Australia declara ilegal vigilancia electrónica de migrantes
6 de noviembre de 2024
El Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia del país oceánico, declaró este miércoles (6.11.2024) ilegal la imposición de dispositivos de vigilancia electrónica y toques de queda a más de 200 migrantes indocumentados que habían sido puestos en libertad el año pasado.
La sentencia es un duro golpe para el Gobierno, cuyos abogados han argumentado sin éxito que las leyes que imponen toques de queda están justificadas para proteger a la comunidad.
Esta decisión afecta a los migrantes indocumentados, algunos con un historial delictivo, que fueron liberados el año pasado de los centros de detención para migrantes, ya que su deportación era inviable y, por tanto, se exponían a una privación de libertad indefinida.
En un comunicado -al que han tenido acceso varias agencias-, el tribunal indica que, por mayoría, decidió que estas duras restricciones son "punitivas y no pueden justificarse".
Medidas que "transgreden" la separación de poderes
Así, el fallo considera que las leyes de emergencia presentadas en noviembre de 2023 por el Gobierno australiano y aprobadas por el Parlamento de Camberra para imponer medidas restrictivas "transgredieron" la separación entre el Poder Judicial y el Estado, al considerar que estas sanciones solo las pueden imponer los tribunales.
La decisión, que afecta a 150 dispositivos electrónicos y 130 toques de queda, se da después de que esta misma instancia judicial determinara, en un fallo del 8 de noviembre del año pasado, que la detención indefinida de decenas de indocumentados sin posibilidad de deportación era ilegal.
La medida de entonces, que resultó en la puesta en libertad de más de 220 inmigrantes, motivó al Gobierno australiano a presentar leyes de emergencia, que fueron aprobadas por el Parlamento de Camberra a finales de año, para vigilar y limitar el movimiento de estos migrantespor temor a que pusieran en peligro la seguridad ciudadana.
Australia impuso en 1992 una política de detención obligatoria de todos los solicitantes de asilo que llegan a este país por la vía marítima, la cual endureció todavía más en 2013, cuando ordenó recluir a estas personas en centros para inmigrantes en alta mar o devolverlos a sus puntos de embarcación.
Muchos de los refugiados y solicitantes de asilo han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria; otros, de la discriminación, como las minorías rohinyá, en Birmania, o bidún, en la región del Golfo.
aa (ap, efe)