Ayuda de EE. UU. a Centroamérica: ¿llegará a los indicados?

A 310 millones de dólares asciende la ayuda humanitaria adicional que el Gobierno de EE. UU. destinará a los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), para atender las causas de la migración irregular, como, por ejemplo, la inseguridad alimentaria.

La promesa la hizo este lunes (26.04.2021) la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. Hija de migrantes ella misma, Harris es responsable de los esfuerzos del Gobierno de Joe Biden para frenar la afluencia de personas en la frontera sur, entre Estados Unidos y México.

Biden ya ha pedido al Congreso otros 861 millones de dólares para atender, el próximo año, las causas que impulsan la migración irregular desde Centroamérica, en el marco de un plan de 4.000 millones de dólares para la región. Pero todo esto es parte de un proyecto de presupuesto aún por discutir y aprobar por los legisladores.

¿Cómo puede Washington -y cómo pueden eventualmente los países de destino- asegurarse, en vista de los grandes problemas de corrupción en la región, de que esta ayuda llegue a donde y a quienes se supone que debe?

“Transparencia y rendición de cuentas”

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una ONG especializada en la contraloría social de la política salvadoreña, menciona a DW algunas medidas aplicadas en experiencias anteriores con “algunos resultados”.

“Establecer cláusulas de transparencia y de rendición de cuentas para esta ayuda humanitaria que se va a trasladar. No condicionar los fondos, pero sí requerir el cumplimiento de ciertas obligaciones para los Estados en cuanto a su manejo”, son algunos de los pasos que mencional el jurista salvadoreño.

En cualquier caso, debería haber “un compromiso de los Estados de reforzar sus mecanismos de control y de fiscalización del uso de esos fondos”, insiste. Y alude, por ejemplo, a “contralorías, cortes de cuentas, que deberían garantizar que estos fondos no se utilicen de manera inadecuada.”

ONG, agencias estadounidenses e internacionales

Otra forma de evitar la corrupción, continúa Escobar, “es que los fondos sean manejados, no por gobiernos, sino por otras entidades que garanticen un adecuado uso de ellos”. Y se refiere, en este caso, a canalizarlos a través de programas de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil.

"Preocupación debe causar no solo la corrupción, sino mínimo igualmente la administración ineficiente”, señala, por su parte, a DW Rudolf Teuwsen, representante para Guatemala, Honduras y El Salvador de la fundación política alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Efectivamente, “Estados Unidos ha anunciado que ya no pondrá sus fondos a disposición de agencias gubernamentales, sino solo de organizaciones no gubernamentales. Pero también esto es considerado poco eficiente por algunos observadores, debido a los considerables gastos de administración que implica”, apunta Teuwsen.

Desde que asumió el cargo, sin embargo, el vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo “ha mantenido numerosas conversaciones con representantes de las regiones particularmente afectadas, especialmente en el tema de desnutrición”, recuerda el observador alemán. Así que probablemente sea esta una vía a través de la cual la ayuda podría llegar a tener real impacto, prevé Teuwsen. De hecho, Harris, que visitará la región en junio, organiza este martes una mesa redonda virtual con organizaciones comunitarias guatemaltecas.

El tema preocupa en EE. UU. Y, de hecho, en el pasado, “ha habido varias peticiones de miembros del Congreso de buscar mecanismos que garanticen que la cooperación estadounidense no vaya a parar a manos de funcionarios corruptos”, confirma a DW Adriana Beltrán, directora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Washington Office on Latin America (WOLA).

Pero buena parte de la cooperación de EE. UU. no va a las arcas de los gobiernos, sino que es manejada por agencias estadounidenses u ONG. De modo que es esperable que los fondos ahora anunciados sean manejados también “a través de agencias humanitarias, organismos y ONG internacionales, o agencias implementadoras, para asegurar que la ayuda llegue a donde y a quienes tiene que llegar”, prevé Beltrán.

Migrantes como “activos e inversionistas”

No obstante, para Guillermo Castillo, presidente de Cooperación Migrante, una organización de guatemaltecos radicados en EE. UU. y enfocados en la defensa migratoria de sus compatriotas, “las buenas intenciones” de la administración Biden-Harris “están desconectadas de los migrantes”. Es “un error gravísimo”, afirma, “pensar que hablando con los mismos que hablaron en 2014 Obama y Biden, tendrán resultados diferentes.”

“310 millones de dólares es asistencialismo, es crear dependencia, y son migajas que ayudan a paliar la situación, pero no resuelven nada”, asegura Castillo. “Los migrantes guatemaltecos producimos entre el 13% y el 14% del PIB, y las estadísticas de remesas familiares están a la vista”, dice el activista guatemalteco. Y plantea, con su organización, lo que considera otra “solución sin precedentes”: “Convertir a los migrantes en activos e inversionistas alineados a la política exterior y migratoria de EE. UU., que contribuimos a decisiones políticas, económicas y sociales en nuestros municipios de origen”, propone el presidente de Cooperación Migrante. E insiste en que las remesas familiares sobrepasan lo que la administración Biden-Harris piensa usar para frenar la migracion o luchar contra la corrupción.

Con este objetivo, la administración Biden-Harris podría explorar pasos concretos con los que los propios migrantes aportarían fondos para “la inversión conjunta con la (agencia de cooperación internacional estadounidense) USAID en sus municipios de origen”, sugiere Castillo. Y menciona, por ejemplo, “agregar una tercera opción en la corte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que permita la Libertad Condicional y Estadía Temporal (no camino a la ciudadanía ni a la residencia), si se paga una fianza mensual de 100 dólares por dos años.”

A ojos de Castillo, "ningún Presidente de EE. UU. ni de Centroamérica puede resolverle la vida" a todas y cada una de las personas migrantes. Para él, los migrantes son los mayores interesados en contribuir con sus municipios de origen, "porque no queremos regresar al lugar de donde venimos en las mismas o peores condiciones que conocimos". Aunque, al final de este camino, una vez recaudados los fondos, es probable que la pregunta sea la misma que hoy: ¿cómo asegurar que lleguen a la gente? (cp)