Bolivia: denuncian intento de asesinato de opositora
29 de febrero de 2016En la acción vandálica murieron seis personas. En un primer momento se reportó que por asfixia, pero otros informes señalaron después que al menos dos de ellas fueron asesinadas, una de un golpe en la cabeza y una mujer fue degollada. "Los cerebros de aquel atentado (.) planificaron con varias semanas de anticipación (.) asesinar a la señorea alcaldesa (Soledad Chapetón), aprovechando la marcha organizada, según padres de familia de las juntas escolares, desde septiembre pasado", señala la denuncia escrita.
"Vimos que los vándalos portaban gasolina y trapos para causar el incendio, ya nadie lo duda, por los testigos, las fotos y los videos", agrega.
Evo Morales habla de “autoatentado” de la oposición
El Gobierno de Evo Morales sostuvo desde un inicio que lo que pasó en el ayuntamiento de El Alto fue producto de "un autoatentado". Morales dijo que se trató de una "obra de la Alcaldía, de la derecha", con el propósito de "desgastar al Gobierno" unos días antes de que se celebrara el referéndum del 21 de febrero.
En esa consulta popular los bolivianos rechazaron modificar un artículo de la Constitución para permitir la habilitación de Morales para un nuevo mandato en las elecciones de 2019. La alcaldesa de El Alto rechazó la versión de Morales y pidió a la Justicia convocar al mandatario para que declare y explique lo que sabe de la quema del edificio, que no era propiedad municipal.
También la denuncia de los trabajadores ediles sostiene que el actual viceministro de Gobierno, Marcelo Elío, ordenó el traslado de cuatro cuerpos a un baño para que hacer creer que murieron asfixiados. La Policía, que depende de las órdenes del viceministro Elío, no prestó el auxilio oportuno pese a que la comandancia regional se encuentra a unos 200 metros del sitio afectado por la turba, denuncian los empleados.
Ni Elío ni el comandante policial fueron convocados por los investigadores judiciales, que sí llamaron a la alcaldesa Chapetón y ordenaron la detención de dos funcionarios y otras 12 personas. La investigación está dirigida por un exasambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.
JOV (dpa, elpaís.es)