Bolivia: “Las organizaciones indígenas se han debilitado”

No es por pura presunción lingüística o política que Bolivia se define como un Estado Plurinacional. De acuerdo con el último censo nacional (de 2012), más del 49 por ciento de la población boliviana se autoidentifica como indígena. Se trata, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del país con mayor proporción de población indígena en la región. Y esta población, a la que el ojo foráneo suele observar como una unidad, no podría ser más diversa en territorio, lengua, actividades económicas, formas de organización y peso político.

La Constitución boliviana reconoce 36 “naciones y pueblos indígenas originario campesinos”, con territorio, población y lengua propios. Dos de ellos, el aymara y el quechua, se consideran mayoritarios. Y otros 34, como el chiquitano, el guaraní, el mojeño, el cayubaba o el uru, han sido constitucionalmente reconocidos como minoritarios.

Entre estos, se cuentan también los afrobolivianos, pero no aparecen los más de 60 grupos poblacionales igualmente minoritarios, que no han sido reconocidos como naciones, recordaba hace un año a DW Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP). El propio Villca se identifica como indígena uchupiamona y su pueblo reclama reconocimiento, pese a haber perdido su lengua originaria.

Entre Tierras Altas, Valles y Tierras Bajas

Los bolivianos suelen dividir didácticamente su territorio en tres regiones, las tres con abundante  población indígena, explica a DW Gabriela Canedo, socióloga y antropóloga de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. Aunque estas fronteras entre regiones y departamentos no sean exactas.

En la región andina de Tierras Altas (mayormente en los departamentos de la Paz, Oruro y Potosí), están concentrados los pueblos originarios del altiplano. Entre ellos, hay población quechua y uru-chipaya, pero predomina la población aymara, precisa Canedo. Allí, en Oruro, nació Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia y aún líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

En los Valles centrales, en la franja subandina que incluye a la ecorregión de Los Yungas (departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija), se han asentado sobre todo campesinos y cocaleros del grupo indígena quechua. Entre ellos, en el Chapare, emergió el liderazgo sindicalista de Morales.

Y en las llanuras tropicales de Tierras Bajas (departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando), se asientan los pueblos de la Amazonía, el Chaco y el Oriente boliviano (conocido también como Chiquitanía). Allí, se encuentra “la mayor cantidad de grupos indígenas del país, unos 30, la mayoría pequeños”, precisa la socióloga y antropóloga de Cochabamba.

De las "quintillizas" a las facciones

En estos territorios, operan cinco organizaciones, las llamadas “quintillizas”, que participaron en la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución de 2009. Entre ellas, cuentan la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), en Tierras Bajas, y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quallasuyu (CONAMAQ), en Tierras Altas.

Y están asimismo la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIB) –que agrupa a los cocaleros, también llamados “colonos” o "colonizadores"-,  y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”).

Estas tres últimas han sido históricamente “incondicionales” de los gobiernos de Evo Morales y el MAS. En tanto, las dos primeras “han interpelado al Estado debido a conflictos concretos”, y han sufrido su división en facciones “orgánicas” y facciones oficialistas paralelas, observa la socióloga y antropóloga Canedo.

Es un secreto a voces que el incentivo a la división interna de importantes organizaciones indígenas proviene de los sucesivos gobiernos del MAS, como ha denunciado también antes a DW Marcial Fabricano, líder indígena mojeño-trinitario, poblador del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y candidato a vicepresidente en 1997.

Dos parteaguas: de la Constitución de 2009 al TIPNIS en 2011

La Constitución de 2009, que declaró el Estado Plurinacional, reconociendo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, “fue el producto de un proceso de organización, fortalecimiento y presencia en unidad de las organizaciones de los pueblos indígenas de Tierras Altas y Tierras Bajas”, recuerda, por su parte, la politóloga boliviana Moira Zuazo, investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín.

Ese proceso de 30 años –desde el restablecimiento de la democracia en 1982, hasta el referendo constitucional de 2009-, se vio sacudido por un nuevo parteaguas en 2011. La represión del entonces Gobierno de Evo Morales a la marcha indígena contra la construcción de una carretera a través del TIPNIS, en Tierras Bajas, fue “el final de este proceso de estructuración de una agenda común”, considera Zuazo. Desde entonces, asegura y coincide en esto con sus compatriotas Canedo y Fabricano, “las organizaciones indígenas se han debilitado profundamente”.

Evo Morales “se apropió de luchas históricas y reivindicaciones ganadas con mucho esfuerzo y sacrificio por nuestros pueblos a lo largo de la historia republicana”, sentenciaba tajante Villca, el vocero CONTIOCAP, en su anterior entrevista con DW. Con Morales y el MAS, "nuestros hermanos aymaras y quechuas han ido ganando un espacio más visible en la política, que les ha permitido expandir la dominación sobre otros pueblos indígenas", aseguraba. Aunque tampoco estas poblaciones se hallan alineadas en bloque al partido en el poder.

Más allá del culto a Evo

En efecto, Evo Morales "es el líder indígena más conocido, pero no es el único" y el culto a su personalidad ha invisibilizado, también a nivel internacional, la diversidad de pueblos y liderazgos indígenas del país, ha advertido la politóloga Zuazo.

Así, por ejemplo, Fabricano fue uno de los líderes de la icónica Primera Marcha por el Territorio y la Dignidad de los pueblos indígenas de Tierras Bajas en 1990. Y aquellos 600 kilómetros recorridos a pie entre Beni y la Paz, permitieron el pionero reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Pero ese avance importante en la afirmación del derecho territorial indígena aún presenta “profundos vacíos legales e injusticias hacia nuestros pueblos”, ha lamentado por su parte Villca. Por eso, el “Tata” Fabricano volvió a marchar hace una década contra la carretera del TIPNIS: “El 25 de septiembre de 2011 fuimos reprimidos en Chaparinas, por  el simple hecho de defender el medio ambiente, nuestro territorio”, recordaría con amargura a DW.

Y, seguido por más de un centenar de indígenas de Tierras Bajas, Fabricano lo ha hecho nuevamente en 2021. A sus 68 años, el cacique mojeño acaba de liderar una oncena marcha indígena: más de 500 kilómetros a pie entre Beni y Santa Cruz, en defensa de sus territorios ancestrales. 

Los pueblos indígenas de Tierras Bajas demandan protección, entre otros, ante la expansión de los asentamientos de colonos cocaleros y las quemas de territorios por parte de empresarios agroindustriales, precisa la socióloga Canedo. Y se refiere a dos fenómenos que han sido facilitados con leyes tanto por el MAS, como por el corto y polémico Gobierno de oposición que interrumpió sus mandatos entre 2019 y 2020.

 “Situación de profunda vulnerabilidad” indígena

Pero estas marchas, cada vez más debilitadas, así como los recientes enfrentamientos entre organizaciones paralelas de cocaleros, ponen de manifiesto la “situación de profunda vulnerabilidad” que atraviesan los pueblos indígenas en Bolivia hoy, insiste la politóloga Zuazo. Y mientras el patrón de división de las organizaciones indígenas se reproduce en todos los ámbitos, “estamos viendo una lenta convergencia de actores con intereses divergentes”, alerta.

Hay “enfrentamientos entre civiles, donde tenemos la impresión de que la Policía no actúa desde una perspectiva de Estado para el conjunto de los bolivianos, sino que toma partido” por los afines al Gobierno. En este caso, por los cocaleros del Chapare, que producen coca excedentaria, “para el mercado ilegal”, en detrimento de los cocaleros de Los Yungas, que producen, en su mayoría, “para el mercado tradicional del masticado”, explica.

Y entretanto, el Comité Cívico de Santa Cruz, bastión de la oposición al MAS, llamó a una huelga general, que se ha asociado con la reciente marcha indígena de Tierras Bajas, pese a que los indígenas se defienden también de la amenaza que representan muchos agroindustriales cruceños, señala, por su parte, Canedo. Pero en esta "convergencia de intereses divergentes", hace notar Zuazo, son justamente los partidos políticos opositores y movimientos cívicos como el cruceño  quienes se pronuncian contra la persecución política que sufren, también, los indígenas enfrentados con el oficialismo.

(ms)