Brasil:política indigenista de Bolsonaro es inconstitucional

El Ministerio Público Federal, en un estudio técnico, puso en tela de juicio la constitucionalidad y la validad jurídica de dos decretos y de una medida provisional que Bolsonaro publicó poco después de asumir su mandato, el 1 de enero pasado. En el documento se "afirma que la política indigenista instituida por tales decretos viola el estatuto constitucional indígena y el derechos de los pueblos a ser consultados previamente sobre cualquier medida que los afecte, como está previsto en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", según un comunicado divulgado por el organismo.

La Procuraduría, específicamente, se pronunció contra la decisión de Bolsonaro de transferir del Ministerio de Justicia al de Agricultura, que defiende los intereses de los grandes propietarios rurales, la responsabilidad de delimitar las reservas indígenas.

¿Declaración de guerra a indígenas?

Igualmente se pronunció contra la medida que convirtió la Fundación Nacional del Indio (Funai), organismo responsable por la política indígena y que era dependiente del Ministerio de Justicia, en una entidad vinculada al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. "Al transferir la delimitación de las tierras (indígenas) al Ministerio de Agricultura, la norma coloca en conflicto los intereses de los indígenas con la política agrícola del Gobierno", alega el Ministerio Público.

La Procuraduría igualmente considera que los intereses indígenas también están en conflicto con los del Ministerio de la Mujer. Por lo mismo, el organismo "defiende que la delimitación de las tierras indígenas vuelva a ser responsabilidad del Ministerio de Justicia, que sería un mediador imparcial en el caso de conflicto de intereses".

El documento elaborado por la división de la Procuraduría para los asuntos indígenas fue enviado al Congreso Nacional, que actualmente analiza uno de los decretos ejecutivos de Bolsonaro y puede vetarlo, así como a los ministerios citados y a la procuradora general de la República, Raquel Dodge. Ello debido a que Dodge tendrá que emitir en las próximas semanas una opinión del Ministerio Público en torno a la demanda por posible inconstitucionalidad de la política indígena que el Partido Socialista Brasileño (PSB) presentó ante la Corte Suprema.

Constitución del 1988 y las garantías a los indígenas

El estudio recuerda que, como signatario de la Convención 169 de la OIT desde 2002, Brasil se comprometió a consultar previamente a los indígenas de medidas que afecten sus derechos e intereses, lo que no fue hecho por Bolsonaro al imponer su nueva política. La Procuraduría agrega que la propia Corte Suprema ya le confirió a esa convención de la OIT el estatus de constitucional.

Afirma que la Constitución de 1988 le garantizó a los indígenas el reconocimiento de su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, así como la legitimidad de sus actividades productivas y el derecho a preservar su medioambiente. En su opinión, al transferir al Ministerio de Agricultura la responsabilidad de delimitar las reservas, el decreto "desprecia la distinción entre el desarrollo indígena y no indígena, que está en la propia Constitución".

"Eso promueve, en la práctica, la reedición de una política integracionista (de los indios al desarrollo del país) superada por la Constitución de 1998 y que generó intensas violaciones de los derechos indígenas en el siglo pasado", asegura la Procuraduría, para la cual la medida de Bolsonaro pretende equiparar a los indios a trabajadores rurales comunes.

Durante su campaña electoral, el líder ultraderechista aseguró que su Gobierno suspendería la creación de nuevas reservas y que autorizaría la explotación mineral y agrícola en las tierras indígenas por considerar que los indios tienen derecho a explotar sus recursos y desarrollarse como los demás brasileños.

jov (efe, fohla)