Campesino podría cambiar la historia de la defensa ambiental

El caso del campesino peruano Saúl Luciano Lliuya en contra de la compañía energética alemana RWE muestra cómo la historia bíblica de David contra Goliat podría ser contada de nuevo en la era del cambio climático. La historia comenzó al margen de la Conferencia Climática de la ONU de 2014, cuando representantes de la organización ambientalista alemana Germanwatch viajaron de Lima a Huaraz, a 450 kilómetros de distancia, en los Andes peruanos, donde conocieron a personas que se sentían amenazadas por un lago glaciar.

Suerte del campesino, desgracia de la compañía

Saúl Luciano Lliuya lleva años observando cómo el aumento de las temperaturas está derritiendo el glaciar cercano. Si el lago que alimenta un día se desborda, amenazaría la vida de 120.000 personas, incluída la de Lliuya. El peruano ya ha invertido más de 6.000 euros en medidas de protección, pero no ha sido suficiente. En 2014 se encontró con los ambientalistas alemanes.

Con la ayuda de Germanwatch, Lliuya tomó contacto con una abogada alemana. "Respaldamos la demanda de Saúl Luciano Lliuya porque se trata de una demanda que podría sentar precedente y que va en pro del bien común", señala Roxana Baldrich, de la ONG alemana. Podría dirigirse contra muchas empresas que emiten CO2, pero, en este caso, apunta contra RWE: el gigante energético despide más de 100 millones de toneladas de CO2 al aire cada año y es el segundo emisor más grande de Europa. El hecho de que no opere en Perú es irrelevante.

La abogada de Hamburgo Roda Verheyen preparó la demanda contra la empresa con sede en Essen, basándose en el artículo 1004 del Código Civil alemán, destinado a proteger a los propietarios de terrenos contra perjuicios provocados por terceros. Se dice que hay norma similares en más de 50 países. Por lo tanto, si existe un precedente, podría aplicarse fácilmente en otros lugares. Pero la abogada fracasó en primera instancia.

Nueva jurisprudencia

Su cliente demanda que la empresa asuma el 0,47 por ciento de los costos de las medidas de protección de Huaraz, unos 17.000 euros. "Esta es la proporción de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre de las que RWE ha sido responsable desde el comienzo de la industrialización", dice Roxana Baldrich de Germanwatch, remitiéndose al Estudio Carbon Majors, que sirve de base para la demanda.

Para el demandante, se trata de sentar un precedente. Pero eso es exactamente lo que RWE quiere evitar. "Incluso si le pagáramos este dinero, su problema no se resolvería", explica Guido Steffen, portavoz de RWE. Un acuerdo extrajudicial tampoco sería posible, porque "también sentaría un precedente".

Con el rechazo de la demanda en Essen, el caso parecía haber llegado a su fin. Pero la abogada hamburguesa apeló. Y en mayo de 2018 se produjo la sorpresa: el Tribunal Regional Superior de Hamm ordenó la obtención de pruebas después de una audiencia oral.

Eso fue más de lo que los activistas medioambientales esperaban. Por primera vez se declaró jurídicamente relevante una relación de causalidad de este tipo. "Así se hizo historia jurídica", dice Claudia Roth, militante de los "Verdes”, que se ha interesado por el "caso Huaraz".

Se exige protección legal a las víctimas del cambio climático

Su partido demanda un programa de 100.000 millones de euros para la protección del clima. Se trata de grandes inversiones en ferrocarriles y ciclovías, pero también de "desplazamiento y migración inducidos por el clima", explica Roth.

Los políticos son cada vez más conscientes de que las leyes deben adaptarse a la era del cambio climático. En 2018, un panel de científicos y abogados recomendó al Gobierno alemán dar protección legal a las personas que han sido perjudicadas por ese fenómeno. Argumentó que "las empresas que contribuyen al cambio climático a través de las emisiones pueden reclamar daños y perjuicios ante los tribunales si son obligadas por el Estado a cerrar sus plantas; por el contrario, los derechos jurídicos de los afectados por el daño climático a gran escala, a menudo gente pobre, (…) no están claros".

Ambientalistas bajo presión

Todavía no está claro si el gobierno peruano permitirá que el tribunal alemán recabe pruebas a nivel local, ni cuándo lo hará. Allí, un experto independiente tendría que llevar a cabo la evaluación científica. "Debe evaluar in situ si el riesgo de inundación para los habitantes, incluido Saúl Luciano Lliuya, ya es suficientemente alto", dice el científico Noah Walker-Crawford, de la Universidad Británica de Manchester.

Solo si eso se consigue comenzará la batallajurídica propiamente tal. El proceso exige un considerable esfuerzo financiero a los demandantes. Después de que el Tribunal Regional Superior de Hamm dispusiera la recopilación de pruebas in situ, hubo que transferir un anticipo de 100.000 euros al tribunal por concepto de peritajes y gastos de viaje a Perú. La cuenta la pagó la Fundación Zukunftsfähigkeit, que también carga con los honorarios de los abogados y que está estrechamente ligada a Germanwatch desde hace años.

¿Los cambios son cuestión de tiempo?

Para RWE está en juego algo más que una simple disputa legal. La empresa está llevando a cabo la mayor transformación en su historia: para el año 2040 buscar ser carbono neutral y actualmente está invirtiendo millones en campañas de imagen en todo el mundo.

Al mismo tiempo, rechaza cualquier corresponsabilidad en una amenaza a la subsistencia de los agricultores peruanos provocada por el cambio climático. Según la justificación, no existe ninguna disposición en la legislación vigente que establezca que "los emisores individuales sean responsables de procesos de origen e impacto global como el cambio climático".

El caso Huaraz será presentado en la conferencia climática de Madrid. Allí, abogados y expertos discutirán el alcance legal de las demandas. 

(ee/er)

*Este artículo fue actualizado el viernes 6.12.2019. La versión previa contenía formulaciones que podían dar pie a equívocos.

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