Caso Assange: "fuertes intereses detrás"

Tres de las cuatro acusaciones de la Justicia sueca contra el ex hacker australiano y fundador de Wikileaks, Julian Assange, expiraron hace unos días. Los posibles delitos sexuales cometidos en contra de dos mujeres ocurrieron cuando Assange estaba de visita en Suecia en agosto de 2010, un proceso que no ha estado exento de polémica. La Justicia sueca dejó caer tres casos que tenían cinco años de vigencia al no haber podido presentar a tiempo una acusación formal, ya que no pudo interrogar a Assange. La organización periodística Hazel Press, que obtuvo información del Gobierno británico amparándose en la Ley de Libertad de Información (FOIA, según sus siglas en inglés), asegura que Suecia ha tomado declaración a 44 sospechosos en suelo británico.

El experto en informática de 44 años se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 y niega las acusaciones. El portal de filtraciones Wikileaks publicó miles de cables secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos relacionados con las guerras de Irak y de Afganistán, y Assange teme que si el Reino Unido lo extradita a Suecia, el país nórdico lo entregaría a Estados Unidos, en donde incluso podría ser condenado a muerte.

DW: ¿Porqué no han producido resultados las negociaciones entre Ecuador y la Justicia sueca? El canciller Ricardo Patiño asegura que su gobierno ha ofrecido en más de treinta ocasiones facilitar un proceso judicial.

Embajador Jorge Jurado: Han sido un sinnúmero de veces las que Ecuador ha tomado contacto formal con la Fiscalía sueca ofreciéndole toda clase de posibilidades para que el proceso de acusación se formalice, porque ni siquiera eso existe. Es una situación que clama a todas las instancias de los derechos humanos a los que tiene derecho una persona. En más de tres años el señor Assange no ha tenido la posibilidad del inicio de un juicio formal y ha estado recluido en condiciones severamente lesivas a sus derechos y probablemente tendrá que seguir recluido porque la Justicia sueca no tomó una decisión adecuada. El Ecuador no le quitará su derecho al asilo. El Ecuador lo defiende, pero es necesario que se respeten sus derechos. Suecia es un país que se precia de tener una Justicia de larga tradición, muy democrática, pero en este caso la situación me parece inexplicable.

El gobierno británico acusa a Ecuador de obstruir a la Justicia al no entregar a Assange y señala que la vigilancia de la sede diplomática en Londres asciende ya a más de 10 millones de libras esterlinas.

El gobierno británico sabe de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno ecuatoriano ante la Justicia sueca, que no han sido escuchados para nada. Acusar a Ecuador de que ha estado interfiriendo en el proceso es absolutamente falso. Yo me pregunto qué está detrás, si en este contexto se dan a conocer los costos por la vigilancia invasiva sobre nuestra embajada para asegurarse de que siga ahí el señor Assange y que no se escape por la chimenea.

La principal causa penal contra Assange, la de violación sexual en grado menor prescribirá en el 2020 aunque no haya sido formalmente acusado. ¿Mantendrá el gobierno ecuatoriano durante cinco años más al señor Assange en la embajada?

El Ecuador ha sido firme en destacar que obramos por principios. Al señor Assange se le otorgó el asilo luego de haber estudiado su caso, y porque consideramos que a través de ese asilo se están protegiendo sus derechos humanos. El Ecuador no va a claudicar en este principio. El Ecuador es un país pequeño pero está revestido de dignidad y de derecho. Se tiene que respetar nuestra soberanía en todo el mundo. En la corte británica y en cualquier otro país. Consideramos que la integridad del señor Assange estaría en peligro si no estuviera en nuestro territorio diplomático, por lo tanto el Ecuador va a mantener el asilo el tiempo que sea necesario, o que él mismo así lo considere.

El presidente Rafael Correa es adalid de la libertad de expresión en el caso del señor Assange, pero con los periodistas que son críticos con su gobierno ha sido muy duro, ha sometido a juicios a algunos de ellos y los ha demandado por mucho dinero, aunque después los haya indultado.

No hay cómo comparar dureza con una situación comprobada de violación de derechos humanos. Nuestro gobierno es firme con la verdad. Lo que se diga debe ser verificable, todo lo demás es opinión, pero si es una noticia y no es comprobable, entonces es una falsedad y eso se persigue en el Ecuador. La Ley de Comunicación busca que por primera vez todos los ecuatorianos tengamos el derecho a la información completa, no podemos permitir que los medios hagan lo que han hecho históricamente, manipular y tergiversar y que nadie diga nada. La mejor prueba de que no hay dureza es que no se ha cerrado ni un sólo medio de comunicación. El periodismo tiene una función social y pública y son cada vez más los ciudadanos alrededor del mundo que exigimos que se nos informe y no solamente según el albedrío de un periodista o los intereses privados.

Chelsea Manning, quien entregó a Wikileaks miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales fue condenado a 35 años de prisión en Estados Unidos. ¿Ese es el temor del señor Assange? ¿Ése es también el temor de ustedes?

Consideramos que la situación del señor Assange es de tal gravedad que no estaría garantizado un debido proceso para que sus derechos sean respetados, y que incluso su integridad física podría estar amenazada. Esa es la razón por la cual Ecuador le otorgó el asilo.

Cuál ha sido el costo político para el presidente Correa el apoyo que le ha dado al señor Assange?

Ha habido muchísimas críticas internas por parte de la oposición que no entiende esto y ha habido muchas situaciones de tensión contra el Ecuador a nivel internacional. La más grave de todas fue cuando a los pocos días de que Assange había ingresado a la Embajada del Ecuador en Londres el gobierno británico amenazó con que que iba a asaltar nuestra sede diplomática. Esta amenaza fue recibida por escrito por nuestra cancillería. Eso demuestra que los intereses que están detrás van por encima de los supuestos principios que puede tener un gobierno que se jacta de tener una de las democracias más antiguas del mundo.