Caso Ayotzinapa: AMLO pide a Israel que extradite a Zerón
25 de septiembre de 2021
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió por carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, la extradición de Tomás Zerón, investigador del caso Ayotzinapa acusado de torturar y de manipular pruebas para crear la versión del caso conocida como la verdad histórica, según trascendió este viernes (24.09.2021).
"Incluso el presidente de la República ha enviado una carta, que se dará a conocer cuando se confirme que ha sido recibida por el primer ministro de Israel, solicitando su apoyo para agilizar el trámite de extradición", anunció en rueda de prensa Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa.
López Obrador se reunió este viernes en Palacio Nacional con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, miembros de la Comisión de la Verdad y de la Fiscalía cuando faltan dos días para que se cumplan siete años de esa noche trágica. En rueda de prensa, Encinas consideró acreditado que Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y prófugo en Israel, "incurrió en omisiones y responsabilidad grave en la construcción de la verdad histórica".
Tras la reunión con el presidente, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, explicó a medios que, si bien se "reconocen los avances" obtenidos, "a los ojos de los padres es poco lo que se tiene". Rosales insistió que "no está establecido el paradero con claridad, no se ha esclarecido cabalmente qué es lo que sucedió el 26 de septiembre y entonces falta mucho por hacer".
CIDH y ONU-DH: La búsqueda de estudiantes debe ser prioritaria
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dijeron que se debe seguir avanzando en la investigación del caso. Además, se debe buscar el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva y de cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y extradición pendientes.
También señalaron que se deben impedir las filtraciones de información sobre el caso; garantizar la seguridad de víctimas y testigos y sancionar a los funcionarios públicos que obstaculizaron la justicia y cometieron violaciones a los derechos humanos durante la investigación.
La CIDH y la ONU-DH afirmaron que el transcurso de siete años en una investigación por graves violaciones a los derechos humanos "tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación". Ante esto, según expresaron, "es necesario que se redoblen los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes, y se aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes".
ama (efe, afp, cita textual)