Colombia: errática política del aliado estratégico de EE.UU.

Aclarar los asesinatos de líderes sociales en Colombia es una de las "máximas prioridades” para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así se lo hizo saber Washington al presidente Iván Duque, dijo el pasado 11 de febrero el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

"La exigencia de Joe Biden es justa y altamente pertinente porque, en los casi tres años de presidencia de Iván Duque, su gobierno se ha caracterizado por estar muy lejos de las bases sociales más golpeadas por el aún persistente conflicto armado y el narcotráfico en varias regiones”, dice a DW Camilo Jiménez, consultor de la Liga Contra el Silencio, una alianza de 18 medios independientes que investiga temas como los riesgos que corren los líderes sociales y la censura estatal. Washington reaccionó así al reciente informe de Human Rights Watch (HRW), en el que considera "insuficiente” los esfuerzos del Gobierno colombiano para detener el creciente número de asesinatos de líderes sociales.

Por parte del Gobierno de Colombia, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo en un comunicado del 10 de febrero que "el Gobierno no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”, y cita que "en 2020 esa lucha alcanzó una efectividad del 54,8%”. El 3 de febrero pasado, el Gobierno, la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría acordaron que las cifras oficiales sobre violencia contra líderes sociales serían unificadas y se basarían en la información de la Fiscalía.

Pero la confianza en la lucha del gobierno de Duque contra los asesinatos es cada vez menor. El reconocido analista Rodrigo Uprimny, recuerda en la web de la organización Dejusticia que "el problema es que en el pasado, siendo consejero presidencial de Derechos Humanos, el fiscal general Francisco Barbosa ya manipuló las cifras de la ONU sobre asesinatos de líderes sociales para mostrar supuestos éxitos del gobierno Duque, Por ejemplo, en octubre de 2019, Barbosa sostuvo que Duque había logrado reducir esos asesinatos en 47 %, lo cual simplemente era falso”, como lo corroborara también Human Rights Watch.

Washington pierde la calma con Colombia

Pero "no solo HRW ha reclamado una acción efectiva contra el asesinato de líderes sociales, ya múltiples ONG e instituciones internacionales lo han hecho. Ahora, el Gobierno de Biden también insta a Duque a dar explicaciones, porque los derechos humanos son una de sus prioridades”, puntualiza Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en entrevista con DW.

Sánchez reconoce que "en Estados Unidos hay algo de cansancio con un Gobierno como el de Duque, que presenta resultados de ‘efectividad' mientras la situación sigue deteriorándose en números de asesinatos y masacres, siendo 2020/21 la época más violenta desde la firma del Acuerdo de Paz, además de la errada decisión de que la Fiscalía asuma el control de las cifras”.

Pero ahora, cuando los líderes sociales necesitan más protección, el Gobierno de Colombia se encuentra en una situación embarazosa frente al Gobierno demócrata de Estados Unidos. "La injerencia -en favor de Donald Trump- en la campaña electoral de Estados Unidos por parte de miembros del Centro Democrático, el partido de Gobierno de Iván Duque, y el mismo expresidente Álvaro Uribe, ha causado un enfriamiento de las relaciones entre Washington y Bogotá, a tal punto que, tras casi un mes de la toma de posesión del presidente demócrata, no ha habido una sola llamada formal entre los dos mandatarios, siendo ambos países aliados estratégicos”, explica Gimena Sánchez-Garzoli, experta en Derecho Internacional de la Escuela de Estudios Avanzados Johns Hopkins.

Si bien no se puede hablar de un quiebre de relaciones, sí hay un ruptura de la tradición diplomática: "Los anteriores gobiernos de Colombia siempre habían sido muy cuidadosos de no intervenir en la política de Estados Unidos, justo porque ambos países han mantenido una relación muy cercana durante décadas”. No en vano, EE. UU. es el mayor aportador extranjero de ayuda militar, así como de recursos para el Acuerdo de Paz y para la crisis humanitaria de los venezolanos en Colombia.

Según el Departamento de Estado, EE. UU. ha destinado desde 2016 más de 1.000 millones de dólares en apoyo directo e indirecto a la implementación de la paz en Colombia, la mayor contribución a cualquier socio internacional. En 2020 fueron $448 millones en total, cerca del 41% para la lucha contra el narcotráfico, el resto, para asuntos económicos y sociales. Según state.gov, la página del Departamento de Estado de EE. UU., hasta julio de 2020, Washington habría entregado a Colombia $344 millones de dólares para paliar la crisis humanitaria de los casi dos millones de venezolanos en Colombia.

"Guiño" de buena voluntad de Duque a Biden

Bogotá reacciona ahora con avances amistosos. El Gobierno de Colombia ha salido a recordar que en 2022 "se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos”. Ante un grupo de jóvenes, Duque aseguró el 9 de febrero que "el Presidente Biden tiene en su agenda la política de cambio climático, temas de desarrollo empresarial, de industrias creativas y, por supuesto, también, la atención del migrante”. Cosas en común que, según Iván Duque, "nos motiva, porque entendemos que hay un amigo y un aliado de Colombia en la Casa Blanca”. Y las señales llegan: Washington interpreta la regularización de más de un millón de migrantes venezolanos en Colombia como un "guiño de buena voluntad” hacia la administración de Biden, para quien la crisis migratoria es una prioridad.

Las dañinas y contraproducentes condiciones que puso Trump

En todo caso, la experta del WOLA no cree que Biden vaya a tomar represalias contra Colombia, al contrario: "Ni siquiera bajo Trump, el Congreso de Estados Unidos permitió grandes recortes a la ayuda financiera, aunque sí la condicionó”. Algo que le ha hecho mucho daño a la consolidación de la paz, como explica Camilo Jiménez, egresado de Filosofía e Historia de la Universidad Humboldt, de Berlín, "porque Trump impuso que los recursos recibidos de Estados Unidos no pueden ser invertidos en nada que tenga que ver con la reintegración de los exguerrilleros que dejaron las armas, personas en alto grado de vulnerabilidad justo en tiempos en los que el Acuerdo de Paz debe ser implementado”.

Jiménez resalta, por ello, la importancia de la exigencia de Biden al Gobierno de Colombia, en cuanto a la corrección de los errores cometidos por Trump, "porque vetar las inversiones en desarrollo social a todo proyecto en donde apareciera el término ‘exguerrillero' es muy peligroso en Colombia, un país en el que el rótulo de ‘izquierdista' es un estigma criminalizador que puede llevar consigo la persecución”. En este contexto, el WOLA pide a Washington borrar de la lista de terroristas a las extintas FARC, "para poder apoyar la reintegración de sus excombatientes financiando proyectos productivos”.

¿Le prende fuego Colombia a un diálogo con el ELN?

Lo que algunos tildan de "capricho de Washington” está estipulado como una obligación en la Constitución de Estados Unidos: "Si Colombia está recibiendo entrenamiento militar, armamento y tantos recursos, el Gobierno de Joe Biden tiene que probar ante el Congreso que Bogotá está cumpliendo con todas las condiciones, como, por ejemplo, la de no realizar escuchas ilegales, ni a la oposición, ni a periodistas nacionales o internacionales”, agrega la experta estadounidense. 

Por otra parte, Colombia ha convertido a la guerrilla del ELN, presente en Colombia y Venezuela, en su "bandera de la seguridad”, mientras en Cuba se hospeda la Delegación de Paz del ELN. "Pero Colombia lleva una cruzada contra los países que han apoyado los intentos de diálogo con el ELN, y violando los protocolos internacionales firmados en 2016, exige la extradición de dicha delegación”, apunta Sánchez-Garzoli.

Donald Trump, a pedido de Colombia, puso a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Para la experta del WOLA "esto es muy problemático, porque pone en mayor riesgo a los civiles que habitan las zonas de influencia del ELN en Arauca (frontera con Venezuela) y el Pacífico colombiano, e impide que la implementación de la paz avance, ignorando que para gestionar la paz en el mundo se necesita de acuerdos como el que rompió Colombia con Cuba”.

¿Cuál puede ser el objetivo de eso? La experta del WOLA cree que "con miras a las elecciones en 2022, el Gobierno de Iván Duque está buscando poner el foco en el exterior para desviar la atención de los problemas no solucionados dentro del país” y resume la actual política exterior de Colombia como "un desastre”.

(cp)