Colombia: términos de la paz en negociación
13 de mayo de 2016
El compromiso de este 12 de mayo de 2016, entre el Gobierno de Colombia y las Farc es considerado “histórico” porque ambas partes convinieron en el uso de un mecanismo para asegurar la estabilidad jurídica del acuerdo final de paz. Al final de cuentas, el Estado colombiano le tiene que garantizar al grupo guerrillero, que una vez entregadas las armas, velará por la vida de sus exmiembros.
Así, ambas partes de las negociaciones de paz en La Habana coinciden en que el pacto final de paz será un Acuerdo Especial Humanitario del que el Consejo Federal Suizo será el depositario. Ahora, el Gobierno deberá incluir una serie de modificaciones en el Acto Legislativo para la paz antes del 18 de mayo.
La fórmula
“La fórmula es convertir el texto final en Acuerdo Especial Humanitario y someterlo a su trámite en el acto legislativo para la paz, que actualmente se discute en el Congreso de Colombia”, dice el compromiso. “Un acuerdo de paz es un acuerdo político y requiere de medidas adicionales para darle solidez en el tiempo”, explicó el negociador jefe de Colombia, Humberto de la Calle. Medidas que incluyen refrendación popular, que aún no ha sido pactada.
Los pasos
La idea es que al acto legislativo para la paz, que actualmente cursa en el Congreso, se le inserte un artículo transitorio para que, en desarrollo del derecho a la paz, se determine que el acuerdo final para la terminación del conflicto representa un “Acuerdo Especial en los términos del artículo tercero común de los convenios de Ginebra de 1949”.
Cuando el acuerdo final esté en firme, y elevado a la categoría de Acuerdo Especial Humanitario, se presentará ante el Consejo Federal Suizo, en Berna, o ante el organismo que lo sustituya, para que se formalice internacionalmente. Asimismo, el Gobierno hará una declaración ante el Secretario General de Naciones Unidas para que la ONU le dé la bienvenida y lo incluya en la resolución 2261 del Consejo de Seguridad de este organismo.
Objetivos y motivos
Con un Acuerdo Especial Humanitario las partes buscan asegurar su introducción en el ordenamiento jurídico de Colombia y dar garantías de cumplimiento. ¿Por qué? Las partes negociadoras saben que el rechazo a un acuerdo de paz es cada vez más fuerte en Colombia y un futuro Gobierno proclive a la guerra podría echar por tierra los acuerdos.
Un ejemplo: el partido de derecha y ultraderecha Centro Democrático, encabezado por el senador Álvaro Uribe, ha llamado incluso a una “resistencia civil” a lo que se acuerde en La Habana. Una actitud, en realidad, propia de quienes luchan contra un Estado no democrático. Los intereses políticos se mezclan con los económicos. Si un partido tiene como principal punto en su agenda acabar por las armas con un grupo guerrillero, su sometimiento pacífico le puede generar problemas de identidad o llevarlo a su disolución. Sin enemigo, no es posible mantener una contienda ni un discurso guerrerista.
¿A quién NO le conviene la paz?
Por otra parte, hay grupos criminales que se resisten a la Ley de Restitución de Tierras, uno de los instrumentos con los que se busca reparar a las víctimas desplazadas de sus casas y sus tierras robadas por paramilitares, guerrilla y organizaciones criminales convencionales.
El jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc, Humberto de la Calle, concluye que “se trata de un acuerdo equilibrado, que brinda seguridad jurídica, algo que conviene a todos: al Gobierno, a las víctimas, a las Farc”.