¿De qué les sirve la ONU a los venezolanos?

La Organización de las Naciones Unidas no ha ignorado la crisis política, institucional, económica, social, alimentaria y sanitaria que azota a Venezuela, aunque muchos de sus habitantes así lo perciban. Pero es un hecho que sus funcionarios han fracasado al intentar verificar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que se le atribuyen al hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, o la magnitud de las estrecheces padecidas por sus compatriotas debido a la corrupción y la anomia que han prosperado durante su mandato.

En 2017, cuando Estados Unidos convocó a una reunión informal en el órgano más influyente de las Naciones Unidas para analizar la violencia con que el régimen chavista había respondido a las protestas masivas en su contra y perseguido a sus adversarios políticos, varios Gobiernos la boicotearon alegando que el Consejo de Seguridad no era el lugar indicado para discutir el conflicto interno de Venezuela. Según Rusia y China, dos de sus miembros permanentes con poder de veto, el asunto no representaba un peligro para la paz en América.

En dos ocasiones diferentes, el comisionado saliente de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Husein, propuso enviar observadores a Venezuela con miras a auscultar su situación y presentar públicamente los diagnósticos resultantes, pero esas mociones se vieron frustradas por falta de respaldo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estos y otros antecedentes han empañado la imagen de la organización fundada el 24 de octubre de 1945, al menos en lo que concierne a la cuestión venezolana.

Perro que ladra… 

¿Es la ONU un sabueso desdentado? “Casi siempre lo ha sido. La ONU no es una organización de carácter supranacional como la Unión Europea, que tiene capacidad para imponerle reglas y sanciones a sus Estados miembros. La ONU es el producto de un compromiso asumido por las grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial y ese compromiso limita su margen de maniobra”, explica Daniel León, del Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Leipzig. 

Pese a los crímenes de lesa humanidad que ya se le endilgaban en 2014, la Venezuela de Maduro se unió temporalmente a las filas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2015-2018) –“un cuerpo sin mayor peso donde todavía es visible la huella del lobby chavista”, comenta León– y del Consejo de Seguridad (2015-2017), donde la “Revolución Bolivariana” se blindó contra las críticas de las democracias occidentales congraciándose con el Kremlin y el Partido Comunista de China, apoyando sus decisiones con su voto.

“Moscú y Pekín han argüido que los graves problemas de Venezuela no constituyen una amenaza para la seguridad internacional porque no han trascendido sus fronteras, pero ahora estamos frente a otra situación: la emigración masiva de venezolanos hacia los países vecinos es innegable y es, sin duda alguna, un tema de seguridad regional. El éxodo venezolano ha entrado en la agenda política y económica de los Estados sudamericanos”, señala la politóloga Ana Soliz, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

Venezuela urgida de transición política 

“A estas alturas, la prioridad ya no es la investigación exhaustiva de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela; nadie necesita urgentemente que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU confirme la existencia de algo que todos conocemos. Lo más apremiante es que algún organismo multilateral contribuya a que en ese país tenga lugar un cambio de Gobierno y una transición pacífica. Y para alcanzar ese objetivo no basta negociar con el chavismo para que convoque a elecciones limpias”, acota la investigadora.

“Sin una alternativa de gobierno democrático, cualquier esfuerzo será en vano: la falta de unidad de la oposición y su renuencia a aceptar el cambio de cultura política registrado en Venezuela en los últimos años son factores que han ayudado a Maduro a mantenerse en el poder”, enfatiza Soliz. En este sentido, León trae a colación que la Carta de las Naciones Unidas contempla la posibilidad de que organizaciones regionales injieran sobre los asuntos internos de Estados en crisis, aun sin mandatos explícitos de la ONU.

“Eso es legal y políticamente posible. El mejor ejemplo es lo que ocurrió el 20 de enero de 2017 en Gambia”, dice el experto de Leipzig. El presidente Yahya Jammeh cedió a la presión de sus vecinos y entregó la jefatura del Gobierno al ganador de las elecciones de 2016, Adama Barrow. Habiendo fracasado la diplomacia, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) le dio a escoger a Jammeh entre el exilio y una intervención militar. El mandatario dimitió tras 22 años en el poder, recuerda León.

La migración como fenómeno económico

En entrevistas con DW, varios conocedores del acontecer latinoamericano han coincidido en que la región debe enfrentar unida las causas del flujo migratorio proveniente de Venezuela. León los secunda, subrayando que, aunque la respuesta del subcontinente puede basarse en el principio de la protección humanitaria, ésta debe ir más allá de acoger a quienes huyen del petroestado venido a menos. Pero, ¿qué instancias pueden asumir esa responsabilidad en Sudamérica, la zona más afectada por el descalabro de Venezuela?

Considerando que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) pierden cohesión e ímpetu, ¿pueden agrupaciones más vigorosas, pero de naturaleza comercial, tomar la batuta, tal como lo hizo la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en 2017 de cara a Gambia? Consultado al respecto el año pasado, Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín, desestimó esa posibilidad por completo.

León es menos categórico. A sus ojos, la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) podrían acentuar el aspecto económico tanto del origen como de las secuelas del éxodo venezolano para tomar cartas en el asunto. “Desde la perspectiva del Derecho Internacional, los problemas económicos de una nación también pueden causar conflictos que ameriten reacciones externas. Los Estados sudamericanos están acogiendo a refugiados venezolanos a sabiendas de que no todos son perseguidos políticos; la mayoría de ellos piden asilo por motivos económicos, es decir, porque su subsistencia se ha hecho imposible en su tierra natal. El escenario actual puede crear un precedente importante a escala regional”, esgrime el politólogo de Leipzig.

Evan Romero-Castillo (ERS)

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