Desaparecidos en marchas en Colombia: las cifras no cuadran

El Paro Nacional en Colombia cumple un mes de duración este 28 de mayo, pero, hasta ahora, el Gobierno de Iván Duque no logra establecer un puente de entendimiento, ni con los representantes de las manifestaciones ni con la sociedad civil, y tampoco con la comunidad internacional. Las diferencias se reflejan hasta en las cifras de desaparecidos, una de las mayores preocupaciones dentro y fuera del país.

Mientras la Fiscalía colombiana anuncia que "las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas”, la ONG Indepaz dice haber logrado consolidar "un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas directamente a nuestra entidad”. Este mismo 26 de mayo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dio cuenta a WOLA en Washington de que en Colombia solo habría una persona reportada formalmente como desaparecida en el marco del Paro Nacional , y que no era claro si los otros debían ser clasificados como desaparecidos.

Veeduría estatal se demora, o no verifica los casos

¿Por qué estas diferencias tan grandes en las cifras de desaparecidos en el marco de las protestas? "Creo que el problema entre cifras oficiales y las recogidas por otros entes puede radicar, entre otros, en la demora de la Defensoría del Pueblo en tomar cartas en el asunto, puesto que los mecanismos de veeduría y control han tardado en empezar a verificar los diversos casos de violencia”, dice a DW el antropólogo Sebastián Lanz, codirector de Temblores, una ONG que a través del litigio jurídico ante las altas cortes busca "establecer un diálogo entre el Estado, los vulnerados y las comunidades incomunicadas”.

Temblores ha registrado desde el 28 de abril 3.155 hechos de violencia en las protestas. "Nos preocupa mucho que los entes estatales no estén llevando un registro actualizado de estos hechos”, reclama Lanz, quien agrega que "la inactividad de las autoridades ha llevado a diversas organizaciones humanitarias a asumir la tarea de registro y observación de cómo se está comportando la Fuerza Pública”. 

Una guía para documentar la violencia policial, y prevenirla

Ante el aparente desinterés gubernamental por el registro de los casos de violencia, la ONG Temblores "se vale de GRITA, una plataforma de libre acceso, en la que los ciudadanos pueden denunciar los casos de abuso o maltrato policial”. El acróstico GRITA es una guía para garantizar la confiabilidad de las denuncias en cinco pasos: "Grabando la violencia policial, Registrándola, Investigándola, Triangulando información de las denuncias y Asistiendo a las víctimas”, así busca esta ONG no solo documentar sino, asimismo, prevenir el abuso de autoridad por parte de la Policía.

¿No hay cifras oficiales confiables porque a las entidades estatales no les interesa recopilarlas? "El Gobierno de Colombia ha puesto a la cabeza de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía a personas que no están interesadas en cumplir la misión de las entidades que dirigen”, dice a DW Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de WOLA,  la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos, a quien le impresiona sobremanera "la falta de empatía del partido gobernante Centro Democrático con los manifestantes, la falta de interés en atender las necesidades básicas que reclaman y el país irreal en el que aparentemente vive”. Una impresión que la Directora para los Andes del WOLA confirmó en Washington este 26 de mayo, cuando aceptó la invitación de la cancillería colombiana para una charla personal con la vicepresidenta de Colombia, "porque es importante tender puentes de diálogo”.

Un país a la espera de la CIDH

En esa misma reunión, la vicepresidenta y nueva canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, volvió a desmentir que el Gobierno de Duque haya negado la entrada a una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ramírez pidió, en cambio, esperar a las investigaciones de los organismos de control antes de autorizar las visitas solicitadas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH sobre las protestas, que ya dejan al menos 44 muertos. Solo que justamente esos "organismos de control”, como las mencionadas Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, no muestran avances reales en las investigaciones.

En Estados Unidos crece la preocupación y la impaciencia

  

En Estados Unidos crece el nerviosismo y la preocupación por la conducta de su otrora "alumno modelo” en América del Sur. El congresista republicano Jim McGovern dice estar"alarmado” por los reportes de desaparecidos y pide a Duque "cumplir con sus obligaciones de Derechos Humanos y rendir cuentas sobre las denuncias de asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante las protestas”.

55 miembros del Congreso de Estados Unidos instan al Departamento de Estado a "denunciar claramente y sin ambigüedades la brutalidad policial en Colombia”. En una carta abierta, los parlamentarios piden incluso "la suspensión de la ayuda directa a la policía colombiana tras las violaciones de los derechos humanos”.

El sindicato UNI Global Union, que congrega a 20 millones de trabajadores en varios países, pidió en Twitter a la Administración de Joe Biden que "defienda los derechos humanos y la democracia en Colombia”. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, "animó” en rueda de prensa a las autoridades colombianas "a localizar a las personas desaparecidas tan pronto como sea posible" y saludó "el despliegue de unos 35 equipos conformados por un fiscal, investigadores, policías y defensores”. El Gobierno de Iván Duque niega aún que haya un uso excesivo de la fuerza policial, pero el 11 de mayo anunció el inicio de "65 acciones disciplinarias, entre ellas, 8 por homicidio contra agentes de la Policía”.

¿Violaciones de derechos humanos con ayuda de Washington?

La creciente preocupación en el Congreso de Estados Unidos por las violaciones a los derechos humanos bajo el Gobierno de Iván Duque, se debe, según Gimena Sánchez-Garzoli, "primero, a que Estados Unidos ha apoyado, cofinanciado y entrenado a las Fuerzas de Seguridad colombianas por más de 20 años; segundo, porque en Colombia se están utilizando armas y munición de compañías privadas estadounidenses de forma equívoca, y por último, porque Estados Unidos ha apoyado la implementación del Acuerdo de Paz, que incluía desmantelar grupos criminales narcotraficantes y disminuir la inequidad, compromisos que no se han cumplido y que son causas determinantes que han llevado a la crisis actual, mucho antes de la pandemia”.

Volviendo al debate sobre la incongruencia entre las cifras de víctimas, el codirector de Temblores, resalta que "muchos de los casos que se reportan como desaparecidos, pueden tratarse de detenciones arbitrarias de los manifestantes”, de las que dicha ONG ha registrado 1388 hasta hoy. Esas "detenciones arbitrarias” son clasificadas en dos tipos: "Las ejecutadas haciendo uso del artículo 155 del Código de Policía bajo la figura del ‘Traslado por protección', según la cual, las personas deben ser llevadas a un Centro de Traslado por Protección (CTP)”.

Allí, por ley, los detenidos deben contar con la presencia del Ministerio Público para verificar el respeto de los derechos humanos. "Pero lo que hemos visto durante el Paro Nacional es que la Policía ha conducido a las personas a otro tipo de instalaciones, e incluso, como en Pereira, a centros clandestinos de detención”, explica Lanz. El otro tipo de detenciones que pueden estar llevando a reportes de desaparecidos son "las capturas de manifestantes o personas que se encuentren cerca de los lugares de protesta, que son directamente acusados de delitos como terrorismo sin que existan evidencias de ello”. Y precisamente porque, según Temblores, ni la Defensoría del Pueblo ni la Personería ni la Procuraduría están actuando, esa ONG anuncia el lanzamiento de "un plan de emergencia en búsqueda de los desaparecidos”.

A nivel internacional, Gimena Sánchez, del WOLA, lanza un llamado a los parlamentos y gobiernos de los países que aportan ayuda a Colombia a exigir el cumplimiento de los compromisos.

(cp)