¿Ecuador gana en minería y pierde en naturaleza?

De la explotación de millonarias reservas de oro y cobre en la región amazónica del Ecuador se trata: el Gobierno del presidente Rafael Correa está a punto de firmar contratos por 2.800 millones de dólares con las empresas Ecuacorriente y Kinross que podrían contribuir con un cinco por ciento del producto interno bruto del país.

Unos 11.500 millones de libras de cobre, 22.800 onzas de oro, 1,1 millones de onzas de plata y 2,8 millones de libras de molibdeno: ésas son las cantidades que se extraería con el contrato con Ecuacorrientes, una filial de la canadiense Corriente Resource, con capital chino. Muchos millones de libras de cobre, oro y plata se prevén también para los contratos con las empresas canadienses International Minerals e Iamgold.

“Sentados en un saco de oro”

A todas luces, la diversificación y la reducción de la dependencia de las exportaciones petroleras es el plan. “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”, declaraba hace pocas semanas el presidente Correa. Y aunque la información oficial afirma que no se trata de minería a cielo abierto y que se minimizará el impacto ambiental de la extracción, la megaminería inminente no nutre en la población necesariamente las esperanzas de vivir mejor.

“Delirios a gran escala”, los denomina Alberto Acosta, en el informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: “Correa en los laberintos de la megaminería”. Acosta, economista y ex ideólogo de la “revolución ciudadana” del actual presidente, se opone a los planes extractivos por no estar garantizado que sus desechos no generen contaminación de las aguas con metales pesados y drenaje ácido en ecosistemas estratégicos.

¿Una nueva maldición?

“Para la naturaleza y la gran mayoría de pueblos originarios de todo el mundo –y de modo especial para las nacionalidades y pueblos en el nororiente de la Amazonía- el petróleo ha sido una maldición que sólo será igualada o quién sabe si superada por la maldición del oro”, dice Acosta.

Por ello, según dijo a Deutsche Welle Milton Vargas, asesor jurídico de Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos (CEDHU), “las comunidades afectadas se encuentran en resistencia pacífica”. Apoyadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –que acaba de ganar un juicio contra la petrolera Chevron Texaco por contaminación de ríos en la región amazónica-, los pobladores de las provincias que se enfrentarán directamente a esta nueva fiebre del oro se oponen.

Es que ellos no fueron consultados, “ni en cuanto al impacto ambiental que afecta derechos colectivos ni como pueblo indígena que no ha tenido participación en esos procesos”, explica Vargas. Los planes mineros contravienen también la vigente ley de aguas: “ésta y la ley de minería están íntimamente vinculadas debido a las grandes cantidades de agua que serían contaminadas y que se necesitan para la extracción de los minerales”, puntualiza.

Una opción latinoamericana

Ecuador se une así a la línea de extracción minera por la que han optado Bolivia y Perú. “La expansión de la industria extractiva tiene que ver con el incremento de los precios a nivel global”, dice a DW la investigadora Almut Schilling-Vacaflor. Ésta va de la mano en esos países, según la especialista en antropología social del Instituto GIGA de Estudios Globales y Regionales de Hamburgo, con un fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de los estándares ambientales.

El “Buen Vivir” –la defensa de un modelo de desarrollo sustentable y ecológico que se desmarca de la visión del continente americano como proveedor de materias primas para que otros “vivan bien”- se constitucionalizó, precisamente, en Bolivia y Ecuador.

Anteriormente en Bolivia -y también en Perú- la minería se limitó al espacio de la región andina; ahora cada vez hay más proyectos en el oriente y en la Amazonía, en espacios muy frágiles, en ecosistemas que son muy ricos en biodiversidad, en flora y en fauna”. De ahí la tensión, explica Schilling-Vacaflor: “los intereses nacionales de estos dos Gobiernos izquierdistas optan porque sus economías se sustenten cada vez más en industrias extractivas. Y ya no se limitan a las áreas tradicionales.

¿Cómo salir de la tensión?

El conflicto va en aumento. Y aunque no se puede decir que los planes mineros de Ecuador sean inconstitucionales –la explotación de estos recursos está presente en la Carta Magna redactada por el actual Gobierno- sí se oponen al “amplio catálogo de derechos colectivos, de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas”, dice Schilling-Vacaflor. Por otro lado, en ambos países “sí es vinculante el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y la declaración Naciones Unidas de 2007”. En esta última se explicita el derecho al consentimiento previo para la explotación de recursos naturales en zonas indígenas.

Así, “la situación se ha radicalizado en Ecuador porque se ha visto una criminalización de la protesta social; hay muchos líderes enjuiciados y encarcelados por haber actuado en contra de proyectos mineros o en contra de la ley de agua o de la ley de minería”, sigue la investigadora del GIGA.

“A través del diálogo y el respeto a las leyes existentes”

¿Habrá posibilidad de diálogo? Por su parte, Acosta, ex ministro de Minas del país, advierte desde ya que el actual Gobierno de Ecuador “pasará a la historia como uno de los mayores promotores del extractivismo del siglo XXI".

Tampoco es más optimista la visión del analista de la CDEHU: “La manifestación del presidente de que estamos sentados sobre un saco de oro o de minerales es la reafirmación de que seguiremos extrayendo. Se ahondará el problema y el resultado con la minería será peor al de la extracción de petróleo en la Amazonía: en lugares donde se ha extraído oro negro existe una población sumida en la miseria". Y a ello se suma una naturaleza devastada.

Schilling-Vacaflor –que acaba de publicar el estudio Democratizing Resource Governance through prior consultation? Lessons form Bolivia´s hydrocarbon sector (¿Democratizar la gerencia de recursos a través de la consulta previa? Lecciones aprendidas del sector boliviano de hidrocarburos)- sí ve salida, a través del diálogo. Y través de la voluntad de reconocer el problema y no quitarle legitimidad. Por otro lado, concluye la investigadora, "para la apertura de las nacionalidades indígenas se requiere la confianza de saber que sus derechos se están tomando en serio y que se cumplen las normas legales que ya existen en el país”.

Autora: Mirra Banchón
Editor: Rosa Muñoz Lima