El expediente secreto de la Policía Federal sobre Ayotzinapa

El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no sólo conmocionó a México, sino al mundo. Seis años después, es una herida profunda, aún abierta, para la humanidad. La universalidad de la infamia ocurrida esa noche debiera ser una llamada de alerta constante para todos.

El hallazgo confirmado de los restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre fue anunciado el 10 de julio por el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez, y el video que circula en México esta semana que muestra la infame escena de tortura infligida en 2015 por el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, contra Felipe Rodríguez Salgado, uno de los detenidos con los que se fabricó la llamada "verdad histórica”,  dan sepultura formal  y sin retorno a la falsa versión creada por gobierno de Enrique Peña Nieto sobre  la desaparición de los 43.

Sin embargo, aún queda por resolver que ocurrió realmente esa noche y que haya responsabilidades judiciales contra todos los que participaron directa e indirectamente en los hechos y contra quienes los encubrieron.

En este punto de inflexión es momento de que el gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador avance más rápido en la resolución del caso antes de que las últimas pruebas sobre lo que realmente pasó en Iguala sean borradas o escondidas para siempre. 

Ese terrible video de Zerón y el hallazgo de los restos de Christian en un lugar totalmente distinto a la "verdad histórica” significan pruebas periciales que incriminan al gobierno de Peña Nieto. No solo por haber despistado la investigación sino por haber participado activamente en el ataque y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Es necesario hacerse estas preguntas básicas: ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto habría querido inventar una versión falsa de los hechos realmente ocurridos? A Peña Nieto, al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al titular de la Policía Federal, Enrique Galindo;  al Procurador Jesús Murillo Karam , a Zerón el torturador, ¿Qué más les daba si los restos de los estudiantes habían sido abandonados en un lugar "A” o "B?, ¿En qué les afectaba si habían sido los grupos delictivos Guerreros Unidos, los Beltrán Leyva u otros?. ¿Por qué tomarse la molestia de sembrar los restos del otro único estudiante desaparecido identificado, Alexander Mora, en un lugar donde no ocurrió el crimen? ¿Por qué dedicar horas de esfuerzo, tiempo y riesgo en torturar brutalmente a Felipe Rodríguez Salgado para que aprendiera a repetir una historia que no ocurrió?

Hoy solo hay una respuesta posible: porque con ello el propio gobierno se estaba protegiendo así mismo. Porque los principales protagonistas del ataque contra los estudiantes y su desaparición fueron funcionarios públicos federales. El móvil de la "verdad histórica” era encubrirse a sí mismos.

Hace pocas semanas tuve acceso a un expediente secreto relacionado al caso Ayotzinapa. Un expediente que se supone es información clasificada y que seguramente nadie esperaba que un día pudiera salir a la luz pública. Se trata de un reporte fechado el 14 de septiembre de 2017, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Federal, encabezada por la Comisionada María Luisa Saucedo López.

Se trata del resumen de una investigación interna realizada en 2015 y 2016 sobre la participación de elementos de la Estación de la Policía Federal de Iguala en los hechos.

Utilizando la prueba del polígrafo (detector de mentiras) y a través de intensos y rigurosos interrogatorios practicados a elementos de la PF adscritos a Iguala y a un alto funcionario de oficinas centrales de la corporación, la UAI logró romper la omertá entre los policías federales y obtuvo de ellos declaraciones que revelan información nueva sobre lo realmente ocurrido la noche del ataque y desaparición.

En varias ocasiones, en esta colaboración en DW he escrito sobre mi investigación del caso de los 43 normalistas. El informe que tengo en mis manos corrobora de manera natural, sin subterfugios, la información que de manera directa obtuve desde mis primeras visitas al lugar de los hechos en 2014. Es una pieza de rompecabezas que encaja perfectamente.

La investigación de la UAI descubrió que la Policía Federal, que dependía del gobierno de Peña Nieto, tuvo información anticipada del ataque contra los normalistas. Es decir, sabía que iba a ocurrir. Asuntos internos también logró revelar que los federales actuaron contra los normalistas desde el inicio del ataque, a las 21:15 del 26 de septiembre de 2014 en la Central de Autobuses de Iguala. Y confirmó que también estuvieron activos y presentes en el segundo ataque perpetrado contra el autobús 1531 de donde desaparecieron algunos de los 43, entre ellos Christian y Alexander, los únicos dos estudiantes encontrados -sin vida- del grupo.

El entonces titular de la Estación de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías, y otros funcionarios fueron acusados por sus propios compañeros de tener vínculos con la delincuencia organizada, aunque no especificaron con qué grupo. Dorantes Macías fue protagonista esa noche y diez días después presentó su renuncia y se fue a casa como sin nada hubiera pasado. Sus jefes lo dejaron ir.

El reporte, del cual tengo copia, también revela que los mandos de la Policía Federal de las oficinas centrales nacionales, ubicadas en la Ciudad de México, tuvieron información en tiempo real de los hechos, pero no se sabe cuáles fueron sus órdenes. Lo que la UAI pudo descubrir es que algunos de esos mandos, junto con elementos de la PF en Iguala, fueron cómplices en la destrucción de pruebas de lo ocurrido esa noche que incriminaban a elementos de la corporación. Entre ellos, videos de una caseta de peaje en Iguala.

Cuando ocurrió el ataque y desaparición de los normalistas, esta era la cadena de mando de la PF con responsabilidad legal en los hechos, porque tuvo conocimiento directo y no hicieron nada para esclarecer la participación de la PF y sancionar: el titular de la Estación de la PF en Iguala era Luis Antonio Dorantes; el titular de la Estación de la PF en Chilpancingo era Antonio Ramos Cruz. El coordinador de esas dos estaciones era José Antonio Cabrera Méndez, y el Coordinador Estatal de la PF en Guerrero era Omar García Harfuch, quien ahora es Secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México y supuestamente sufrió un atentado el 26 de junio pasado.

En las oficinas centrales de la PF en la Ciudad de México: Carlos Guadalupe Cervantes Cervantes era Director General adjunto, Región Centro, de la División de Seguridad Regional, que abarcaba el estado de Guerrero. Es decir, el jefe directo de García Harfuch. El Director General de Operaciones de Seguridad Regional, Juan David León Rivas. Y Antonio Garza García era el titular de la División de Seguridad Regional.

Todas las fichas emitidas durante el 26,  27 y 28 de septiembre de 2014 por la Estación de la PF de Iguala de las cuales se tiene copia iban dirigidas a la Coordinación Estatal Guerrero (CEG), muchas directamente a nombre de García Harfuch y a nombre de Garza García, de la División de Seguridad Regional.

Desde 2013, García Harfuch era el responsable de la PF en Guerrero, conoció a Dorantes Macías y sus muchachos. Debió saber que existían señalamientos que los involucraban con el crimen organizado. Supo lo que sucedió esa noche a través de las notas informativas que fue recibiendo. Debió saber que alteraron bitácoras y reportes. Así lo indica la cadena de mando y protocolos.

Documentos que tengo en mi poder señalan que de 2013 a 2015 él fue oficialmente, legalmente, el Coordinador Estatal de la PF en Guerrero, por lo que era su responsabilidad directa no solo lo que ocurrió el día de los hechos, sino todo el proceso siguiente mediante el cual los elementos a su cargo de la PF en Iguala comenzaron a borrar pruebas y alterar informes. 

Días antes de que se anunciara el hallazgo de los restos de Christian y que se filtrara el video de Zerón, ocurrió el presunto atentado contra García Harfuch, gracias al cual emergió como supuesto "héroe” ante una opinión pública manipulada en México. Algunos podrían haber pensado que el haber sido víctima de un "atentado” lo eximiría de alguna otra investigación. Yo ya tenía el informe del que aquí hablo, por eso señalé en mi colaboración anterior que el jefe policiaco debería ser sujeto a investigación por el caso Ayotzinapa.

Cuento con información de que no sólo a la autora de esta columna le pareció extraño el atentado y  el timing, sino también a integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a la Secretaría de Marina que al ver el vehículo en el que se supone viajaba García Harfuch planteó sus dudas sobre la veracidad de la versión contada hasta ahora sobre ese hecho, en base a expertos. Funcionarios del gabinete que ya fueron advertidos.

El gobierno de México tiene hoy una oportunidad histórica. Debe ir delante de modo más rápido no solo para reconfirmar lo que no sucedió en Iguala, sino para resolver el caso y conocer la verdad de lo que sí ocurrió. El informe secreto de la Policía Federal da líneas claras sobre cosas concretas que seguir.

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