El "Halconazo": México padece una "impunidad perfecta"

La más reciente alusión sobre el "Halconazo”, y sus antecedentes, fue realizada por el cineasta Alfonso Cuarón en su laureado largometraje "Roma". La también llamada "Matanza de Corpus Christi", al haber ocurrido un jueves 10 de junio de 1971, fue una sangrienta represión contra universitarios que apoyaban los reclamos de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).  

Profesores y estudiantes de dicha universidad habían presentado a fines de los 60 una ley orgánica que proponía un gobierno paritario, y en 1971 llegó a la rectoría, ya bajo esa ley, Ulises Leal Flores, académico que había encabezado el movimiento a favor de la autonomía de la Universidad. El gobierno estatal no estuvo de acuerdo con esa regulación. Redujo los presupuestos y obligó al Consejo Universitario a suprimir la autonomía universitaria. Los estudiantes iniciaron una huelga, y distintas universidades del país les dieron su apoyo, entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Cuando, el 10 de junio de 1971, la marcha estudiantil avanzaba sobre la Avenida de los Maestros, en Azcapotzalco, los llamados "halcones”, un grupo paramilitar integrado por jóvenes provenientes de barrios marginales de la capital, que había sido entrenado por militares mexicanos y estadounidenses, abrió fuego contra los estudiantes. La persecución continuó hasta los hospitales, donde hombres armados intimidaron a médicos y enfermeras para que no atendieran a los manifestantes. El entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez (Partido Revolucionario Institucional, PRI) fue exonerado de toda culpa en 2009. Hasta la fecha, el crimen no ha sido ni esclarecido ni condenado.

Violencia institucional 

"El sistema político mexicano se caracteriza por ser muy violento, es un sistema en el que se permite, se autoriza, se tolera y se fomenta la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos contra quienes son considerados los enemigos del régimen en turno. Una vez cometidos, la consecuencia natural es que no se investigan, como es el caso del "halconazo”, y de la cadena de agresiones y violencia institucional perpetradas desde entonces”, afirma José Antonio Guevara Bermúdez,abogado especializado en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional.

El experto, que fue miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta octubre de 2020, destaca en conversación con DW que la violencia se ha extendido hacia los periodistas considerados incómodos, asesinatos que son una constante en México. "Mientras no se investiguen, no se pueden adjudicar a ajustes de cuentas de la delincuencia organizada, sinoque, más bien, son perpetrados por agentes estatales”, afirma.

"La violencia se extiende contra el movimiento zapatista, contra las guerrillas de la década de los 90, y, más recientemente, y de manera sistemática, con torturas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos contra quienes son percibidos como integrantes de organizaciones criminales en la llamada 'guerra contra las drogas'”, afirma el también catedrático de la Universidad de Tlaxcala.

Investigación histórica: poco se sabe

La historiadora Eugenia Allier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destaca, por su parte, que se sabe más sobre la masacre estudiantil del 68 en Tlatelolco. "Sobre lo ocurrido el 10 de junio de 1971 se sabe menos, pero se repiten algunos patrones, que son parte de una época posterior a la llamada "Guerra sucia", y, como con otros casos de violencia de Estado en México, la impunidad predomina”.

Allier explica que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) implementó una serie de juicios. Esta fue creada por el entonces presidente Vicente Fox (Partido Acción Nacional, PAN), en 2002, y anulada en 2007 por su sucesor, Felipe Calderón (PAN), cuyo objetivo fue esclarecer los crímenes perpetrados  por sucesivas administraciones priístas de 1960 a 1980 en México, 

"Actualmente se están recuperando 14 juicios, entre ellos, sobre el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Me pidieron que hiciera un análisis del contexto histórico que se pudiera utilizar para los 14 juicios que se están abriendo, a fin de aclarar la responsabilidad histórica de los sucesivos gobiernos", explica Eugenia Allier. La historiadora subraya que, como en otros actos de violencia estatal, es difícil conocer cifras exactas de fallecidos. "En ambos casos (en el 68 y en el 71), se trata de paramilitares que matan, y que incluso llegan hasta los hospitales para sacar a la gente y tratar de que no queden testigos”, señala. Eugenia Allier estima que el número de víctimas mortales oscila entre 38 y 40 estudiantes.

La impunidad perfecta

José Antonio Guevara apunta a la responsabilidad particular de las Fuerzas Armadas en un océano de violencia institucional y crímenes atroces que se han cometido en las últimas décadas en México. "Tenemos a procuradurías y fiscalías que no tienen la voluntad de llevar a juicio a los responsables porque son parte de un mismo sistema”, puntualiza.

El abogado llama a este fenómeno "la impunidad perfecta", en la cual los perpetradores forman parte de los aparatos de procuración e impartición de justicia, de los Congresos y de la clase política mexicana, y destaca que es necesario el apoyo de la comunidad internacional para romper las cadenas de impunidad.

"Los países que cuentan con jurisdicción universal como Alemania, Suiza, España, Francia y otros países europeos que han traducido en su orden jurídico las obligaciones internacionales de investigar, procesar y castigar estos excesos, abusos y crímenes, podrían iniciar investigaciones para que, cuando personas de alto nivel que viajan libremente por el mundo disfrutando de dinero mal habido, sean detenidos, procesados y castigados”.

Otras opciones, según el experto, son la Corte Penal Internacional, que atiende crímenes de lesa humanidad. "También se podría pensar en la instalación de un mecanismo internacional para combatir la impunidad como el que se creó en Guatemala, o la creación de salas especializadas con un componente internacional en materia penal, como sucedió en Camboya o en Kosovo, en donde la comunidad internacional aporta jueces, expertos y fiscales en la investigación”. Guevara Bermúdez destaca que sólo así se podría depurar a la clase política de corruptos y perpetradores.

(cp)