El inexplicable traspié del proceso chileno

Debe ser muy difícil para un extranjero entender lo que ocurrió en Chile. Intentaré explicarlo, desde el privilegiado rol que me tocó asumir como entonces presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados al poner en tabla el proyecto enviado por la expresidenta Bachelet para iniciar un nuevo proceso constituyente. Después, como parte del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que convocó a un plebiscito de entrada para que los chilenos decidiéramos si queríamos una nueva Constitución, y el mecanismo para redactarla. En efecto, un 78% de los chilenos decidió en aquel plebiscito de entrada tener una nueva carta fundamental, de ahí que sea tan difícil para un observador externo comprender cómo, en un plebiscito de salida dividido, finalmente se rechazó el texto propuesto por la convención.

Lo primero que debemos explicar es que los dos tercios de la convención, necesarios para aprobar cada una de las normas de la propuesta constitucional, no guarda ninguna proporción con los dos tercios de la ciudadanía chilena de hoy en día, y ni siquiera con la mayoría de ella, como quedó reflejado en el resultado de la votación. ¿Por qué esa disociación? Hay varias razones: la elección de los convencionales se llevó a cabo en medio del aroma del estallido social, donde se habían cuestionado los 30 años que siguieron a la dictadura de Pinochet (objetivamente los mejores 30 años de la historia de Chile, según todos los indicadores). También influyó una crítica irracional a los partidos políticos, acuñándose la consigna que no debían escribir la nueva constitución "los mismos de siempre”.

Claro signo de ello fue la denominada "Lista del Pueblo” que, valiéndose de la norma que permitía a candidatos independientes sin ninguna coherencia ideológica sumar sus votos, logró una alta representación, la que al poco andar del trabajo de la convención se diluyó, tras revelarse (paradójicamente un 4 de septiembre) que uno de sus líderes, el convencional Rojas Vade, llegó a simular un cáncer inexistente para lograr éxito en las urnas.

Otra muestra fue lo ocurrido con los escaños reservados a los pueblos originarios, que se instituyeron con miras a darle legitimidad al nuevo texto, pensando que con su incorporación podía darse a los pueblos indígenas su reconocimiento constitucional. Sin embargo fueron mucho más allá, proponiendo autonomías territoriales indígenas, con derecho al autogobierno y a distintos sistemas de justicia, donde cada una de las primeras naciones tendía su propio sistema normativo y jurisdiccional. Al final de cuentas, tales propuestas fueron tan contrarias al sentido común ciudadano, que donde la opción rechazo tuvo uno de sus triunfos más notorios fue en la propia Región de La Araucanía, donde convive el mayor porcentaje de población indígena de Chile.

Un ejemplo más lo podemos encontrar en la discusión sobre el aborto: para un electorado que en un 60% se declara católico o protestante fue muy difícil aceptar una propuesta que no consagra el derecho a la vida del que está por nacer (lo que en general incluso reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos). Por el contrario, se estableció el derecho a la interrupción del embarazo de manera amplia, mandatando a la ley para regular, más no limitar este derecho.

Por último, no le hizo sentido a la ciudadanía la personalización del poder en el Presidente de la República, sin mayores contrapesos reales, posibilitando la reelección presidencial, replicando los peores ejemplos de América Latina y retrocediendo a una práctica constitucional que Chile tuvo en el siglo XIX.

¿Qué viene ahora? El presidente Boric debe llegar a un acuerdo con el Congreso Nacional en orden a iniciar un nuevo proceso, donde existe un consenso bastante generalizado acerca de elegir una nueva convención, pero aprendiendo de los errores del proceso que finalmente fue desaprobado por la ciudadanía. Una convención igualmente paritaria, pero más reducida, a fin de propiciar los acuerdos, con listas cerradas de partidos –integradas también por independientes-, que privilegien a sus mejores hombres y mujeres para escribir una buena Constitución.

Y es que la vida siempre da una segunda oportunidad, también a los países, para hacer las cosas bien. Y con un contrato social que deber regir los destinos de uno de los países más admirados del continente, se deben hacer las cosas bien, sin duda.

(chp)