El Parlamento Europeo en aprietos por Cataluña

La secuencia de eventos juega un papel crucial en este caso. En 2017, el expresidente regional catalán Carles Puigdemont, su exministro de Sanidad Antoni Cumin y la ministra de Educación, Clara Ponsati, estuvieron entre los políticos catalanes que celebraron un referéndum sobre la independencia de la región, contra la voluntad de Madrid. Entonces lo ganaron, aunque con poca participación: muchos ciudadanos de esa comunidad autónoma no vieron el referéndum como legítimo y, por lo tanto, se mantuvieron alejados de la votación.

En el contexto del referéndum, se llevó acabo un operativo policial que incluyó el uso de la violencia. Madrid emprendió acciones legales contra la "rebelión". Varios dirigentes han sido condenados a largas penas de prisión, en virtud de la legislación española, por "incitación y rebelión". Puigdemont y otros huyeron de la acusación y desde entonces han vivido, entre otros países, en Bélgica. En 2019, tres de este grupo fueron elegidos como eurodiputados.

La inmunidad protege el trabajo de los parlamentarios

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo no pudo sino recomendar el levantamiento de la inmunidad de los tres eurodiputados. Afirmó que no era tarea del Parlamento Europeo evaluar los cargos penales. De lo que se trata es, únicamente, de que los diputados no deben verse obstaculizados por el enjuiciamiento penal en su trabajo parlamentario. Pero eso es imposible, porque en 2017 los involucrados ni siquiera eran miembros del Parlamento, y la inmunidad no se puede otorgar retroactivamente. Así que, formalmente, la decisión fue clara y sencilla.

El hecho de que el resultado de la votación terminara con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones muestra que este caso provoca malestar político a muchos diputados. Entre Los Verdes, La Izquierda y algunos otros hay simpatías por los independentistas catalanes, o al menos la impresión de que el Poder Judicial español reaccionó con una dureza inapropiada, y que las leyes pertinentes no se ajustan a los principios democráticos.

Carles Puigdemont aseguró, tras la decision, que "este es un día triste para el Parlamento Europeo. Hemos perdido nuestra inmunidad, pero es una pérdida mucho mayor para el Parlamento y, así, para la democracia europea". Este es un caso claro de persecución política, dijo Puigdemont, y no un asunto interno, como piensa la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Puigdemont y sus colegas quieren ahora apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La UE se aleja del problema

Desde el principio, muchos separatistas catalanes buscaron apoyo en Bruselas. Y, desde el principio, la UE intentó alejarse lo más posible del caso. Obviamente, no es de interés para Bruselas alentar movimientos de independencia regional, que provocarían disturbios políticos en los estados miembros de la UE y generarían una serie de otros pequeños Estados.

Por otro lado, el bloque debe defender la preservación de los principios democráticos y el derecho de los ciudadanos a la autodeterminación. Sin embargo, la situación política en la región no ha cambiado desde 2017. Aunque volvió a haber una mayoría a favor de los partidos separatistas en las últimas elecciones, la participación fue, una vez más, de poco más del 50 por ciento, y en las encuestas todavía no hay una mayoría clara a favor de una escisión. En ningún momento se ha demostrado que una mayoría real de ciudadanos apoyaría a dichos partidos.

A diferencia de sus predecesores, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también está tratando de atraer a los catalanes con más derechos y poderes. El gobierno de Madrid busca un arreglo amistoso con representantes más moderados del movimiento. Otro motivo para que la UE remita el esclarecimiento del conflicto a España, algo que la ministra de Exteriores española González Laya celebró este martes (9.03.2021), asegurando que "los problemas de Cataluña se resolverán en España, no en Europa".

La justicia belga protege a Puigdemont

En medio de todo esto, al menos los catalanes que, como el expresidente regional Puigdemont, huyeron a Bélgica, apenas corren el riesgo de ser extraditados. El Poder Judicial belga se ha negado hasta ahora a cumplir con las solicitudes españolas por diversas razones. En parte, porque en la legislación belga no contempla como delitos la insurgencia o la incitación a la secesión, y también por razones formales, como la falta de competencia del tribunal en España.

También se ha reconocido en varios procesos que Puigdemont y sus colegas podrían no tener un juicio justo en España. Los jueces belgas asumieron que la presunción de inocencia había sido violada, porque el Poder Judicial español prácticamente había "prejuzgado" a los acusados.

Sin embargo, el exilio forzoso de los catalanes hace que el tren político siga rodando en casa, sin ellos. Especialmente Carles Puigdemont hace tiempo que perdió su influencia sobre los acontecimientos de Barcelona. El nuevo líder del movimiento, Pere Aragonès, del partido ERC (Izquierda Republicana Catalana), mientras tanto, se prepara para una nueva vuelta de tuerca en la lucha por el poder con Madrid y rechaza cualquier cooperación con los socialistas, cuyo candidato obtuvo el mayor bloque de votos en las últimas elecciones.

(rml/cp)