El soberanismo catalán, en un laberinto de intransigencias

¿Se puede prohibir a la población de una democracia dicha avanzada acudir a las urnas para expresar su opinión? La respuesta automática, en abstracto, se inclina hacia el no, a tenor de la constelación de consultas de la más diversa índole, a escala nacional, local o hasta vecinal, que se convocan en cualquier parte del mundo democrático para las más variadas cuestiones -incluido el uso de la superficie que ocupó un aeropuerto desmantelado, como el berlinés de Tempelhof-.

Para el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, la respuesta es afirmativa: sí se puede, y hasta se debe prohibir, dice, ya que la Constitución nacional no otorga a los poderes autónomos o locales soberanía para convocar tal consulta. Un referéndum de características e intención similares al que celebrará Escocia, con 4,2 millones de habitantes, no puede convocarse en Cataluña, con sus 7,6 millones de ciudadanos, según esa tesis.

Mientras la clase política británica en pleno, desde el premier David Cameron a sus rivales en la oposición, desembarca en Escocia en una especie de ofensiva de seducción "last minute” para convencer al elector de que no deje solo al Reino Unido, en España se perfila un choque de trenes en un laberinto de intransigencias. Por un lado, la posición del gobierno de Rajoy, apuntalado en su mayoría absoluta y respaldado, al menos ante el desafío catalán, por parte de la oposición. Por el otro, la del presidente de la Generalitat catalana, el asimismo conservador Artur Mas, empecinado en llevar adelante el referéndum el 9 de noviembre, por mucho que la ley de consultas elaborada por su equipo “in extremis” aún está en trámite y que, encima, parece condenada a acabar vetada por el Tribunal Constitucional, en Madrid.

La “V” -o Vía Catalana- preparada para este 11 de septiembre -tricentenario de la caída de Barcelona ante las tropas del borbónico Felipe V, en 1714- ha adoptado un aire de “ahora o nunca”, contagiado del referéndum escocés. La “Diada” o fiesta nacional de Cataluña se celebra desde el fin de la dictadura franquista y reinstauración de la monarquía borbónica, con ejemplos recientes de respuesta multitudinaria -hasta un millón de personas, según conteos oficiosos-. Los titulares que estos días se pueden leer en medios europeos, apuntando a una “efervescencia separatista” aparentemente repentina -sea en Escocia, Cataluña o este de Ucrania- no son del todo acertados. No se trata de sarpullidos inesperados, que afloraron en medio de crisis económicas o conflictos, sino de cuestiones pendientes de respuesta desde hace siglos.

Escocia tiene ante sí una fecha inmediata para pronunciarse. Cataluña está ante un embrollo legal, mientras el separatismo más radical insta al nacionalismo moderado de Artur Mas a sacar las urnas sí o sí a la calle, si el Constitucional bloquea el referéndum.
Está claro que una consulta no celebrada bajo el paraguas de una autoridad electoral legitimada, de forma ordenada y sin coacciones está condenada a no obtener el reconocimiento, ni internacional ni mucho menos del “derrotado”. La opción más cercana a una solución clarificadora sería convocar elecciones anticipadas plebiscitarias en Cataluña. Pero Mas teme perderlas, acosado por la pujanza del independentismo radical y el descrédito en que se ha hundido su partido, Convergencia i Unió, en medio del escándalo de cuentas secretas de su patriarca y expresidente, Jordi Pujol.