Estados Unidos impone sanciones a otro hijo de Daniel Ortega
17 de julio de 2020
"El presidente Ortega y su corrupto círculo cercano prioriza su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense. Estados Unidos seguirá apuntando a aquellos que respaldan el régimen de Ortega y se apropian del dinero de la economía de Nicaragua", afirma en un comunicado el secretario del Departamento del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin. El organismo impuso este viernes (17.07.2020) sanciones financieras contra Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
El Tesoro estadounidense informó que Juan Carlos Ortega junto con José Jorge Mojica fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al igual que dos empresas, Difuso Comunicaciones y Mundo Digital, a las que acusó de ser utilizadas para distribuir propaganda y lavar dinero. Juan Carlos Ortega es el director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense. José Jorge Mojica es propietario de la otra compañía sancionada.
Juan Carlos se une así a sus hermanos Rafael y Laureano y a sus padres, que también están en dicha lista negra. Las sanciones del Tesoro suponen el bloqueo de todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíben toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses. La Administración del presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Nicaragua con sucesivas rondas de sanciones. En mayo, señaló al jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a "silenciar" las voces prodemocráticas en el país centroamericano.
Daniel Ortega, de 74 años, fue reelegido en cuestionados comicios en 2016 para un mandato que debe concluir en 2022. Pero en abril de 2018, un gran movimiento de protesta contra una reforma de la seguridad social derivó en llamados a adelantar las elecciones. La represión dejó al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
lgc (efe/afp)
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