Eurocámara: “cerrar la última ventana abierta a Nicaragua”

"Estamos muy satisfechos con esta resolución del Parlamento Europeo pidiendo sanciones para el gobierno de Daniel Ortega”, dijo a DW, desde Holanda, Thelma Brenes, del Comité de Presos Políticos de Nicaragua.

Su padre, coronel en retiro y  héroe sandinista, está en prisión acusado de terrorismo. En mayo de 2018 se pronunció públicamente a favor de que cesara la represión. Como Carlos Brenes hay muchos en este momento privados de libertad: setecientos es la cifra que se maneja. 

"Sabemos que esta semana la policía y los guardias penitenciarios rociaron pimienta, golpearon a los presos de máxima seguridad. Pero no he tenido ningún contacto con mi padre: no sé su estado de salud física ni mental en la cárcel”, cuenta Brener puntualizando que ella aboga no sólo por su padre sino por todos los presos políticos.

El texto aprobado

La resolución del Parlamento Europeo pide una vez más al gobierno de Managua la liberación de incondicional de los presos políticos, el fin de la represión y del hostigamiento de opositores.

También la restitución de la personalidad legal de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.  Pero no es la primera vez que se conmina al gobierno de Ortega a hacerlo. En una reciente visita de una misión parlamentaria europea (enero 2018) se hizo lo mismo.

"Si bien se vio cierta anuencia por parte del gobierno cuando se liberaron los primeros cien la forma, la ausencia de marco legal, dejó mucho que desear: cambiaron casa por cárcel a gente que no tiene una acusación formal y que ya ha estado seis meses presa. Además la persecución sigue; sus familias siguen amedrentadas y vigiladas”, sigue Brenes.

Sanciones y suspensión

Debido a esto, el pleno de la Eurocámara va un paso más allá en el texto aprobado hoy: pide sanciones selectivas a los miembros del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo: congelación de bienes y de visado. Pero también solicita que se active la "cláusula democrática” del Acuerdo de Asociación que une a Nicaragua con la Unión Europea.

Esta cláusula, que existe en los acuerdos comerciales de la UE desde 1989, condiciona su relacionamiento con terceros países al respeto de tratados internacionales y a los derechos humanos. En caso de que no se respete, se prevé la suspensión  de relaciones comerciales y de cooperación. 

En Nicaragua –que tiene en la UE su tercer mayor socio comercial  y que como uno de los poco países de América Latina se beneficia de fondos de la cooperación europea-  una suspensión se haría sentir.  Ya en el 2008, por graves irregularidades en elecciones municipales, la cooperación europea fue suspendida temporalmente.

"Las medidas están ajustadas a la necesidad que existe en el país de respetar los derechos humanos. El gobierno ha ido tan lejos con la muerte de 350 personas y centenas de presos en un marco de tiempo tan corto, que a la población nicaragüense nos parece que las sanciones es lo mínimo que se puede hacer a este gobierno”, sigue Brenes. Explícitamente, en la resolución se pide al Consejo, los 28 jefes de Estado y de Gobierno, medidas que no golpeen a la población. .

"Es necesario  que haya cierta estabilidad, un país no puede funcionar en las condiciones que estamos con paramilitares en las calles, con gente siendo arrestada todos los días. Medios de comunicación cerrados, periodistas y estudiantes en el exilio. Un país no puede funcionar en las condiciones actuales de Nicaragua”, sigue Brenes. 

¿Por qué ahora?

En la  resolución se echa la vista atrás y se mencionan anteriores textos expresando preocupación por la situación en Nicaragua.

"Las violaciones de los derechos humanos, la corrupción, el irrespeto a la constitución y los derechos fundamentales de los nicaragüenses vienen desde hace años”, subraya Brenes. ¿Por qué se ha tardado tanto la UE en reaccionar? "La comunidad internacional hizo caso omiso porque Ortega tenía programas de desarrollo y la economía iba bien”, responde.

"Efectivamente, desde el 2008 tenemos informes de que la situación en Nicaragua iba deteriorándose, pero nunca había llegado a pasar la línea roja con las masacres del año pasado”, cuenta a DW José Inacio Faria, eurodiputado portugués.

Faria, coautor de la resolución, integró la delegación que después de algunos intentos fallidos, logró visitar el país. Como consecuencia de lo que constataron se  comenzó a abogar por medidas más fuertes.

Las sanciones a Nicaragua llegarían en un momento política y económicamente delicado: la crisis de Venezuela ha golpeado también al gobierno de Ortega.  "Aunque ambos casos tienen que ver –sabemos que Managua depende de fondos de Caracas-, son diferentes. Para Nicaragua, la UE es la ventana que aún tiene abierta. Ésta es una alerta más. Si no da marcha atrás, se cerrará. Y el gobierno de Ortega va a estar en una situación sumamente difícil”, concluye Farias.

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