Exiliados colombianos: el sueño de un retorno en paz

"No es dinero lo que pedimos los exiliados colombianos. Pedimos que el Estado nos reconozca como víctimas, comenzando por que se investigue quiénes están detrás de los hechos causantes del exilio”, contó a DW Jorge Mejía, directivo de la "Constituyente de exiliados”. Agentes estatales, por acción u omisión, habrían sido la causa de su exilio.

En un momento en que la Unión Europea apoya, política y financieramente, el proceso de paz de Colombia, este conglomerado especial de víctimas solicita, en Bruselas, no ser olvidado.  Entre otras cosas, en un retorno digno y con garantías verían un apoyo crucial de las instituciones de la UE.

¿Nación en el exilio?

Distribuidos por 51 países del mundo, las cifras oficiales estiman en cerca de 400.000 los colombianos que han recibido el estatus de refugiados fuera de las fronteras de su país. Pero las cifras no oficiales –las que manejan organizaciones de la sociedad civil y la misma "Constituyente de Exiliados”— se elevan a más de 800.000.   

A estas cifras grises se sumarían los hijos de esos exiliados que habiendo nacido en otro país, con estatus legal, se les escapan a las estadísticas nacionales, tanto de desplazados como de víctimas. "Somos una nación en el exilio”, recalca Mejía.

La ley 1448 y sus limitaciones

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica en Bogotá -institución instaurada en 2011 -en el marco de la ley de víctimas para reconstruir la memoria de los afectados-, Joaquín Franco explica a DW:

"Yo, por ejemplo, salí en el año 83, estuve refugiado 20 años, adquirí la nacionalidad francesa. Yo no hago parte de las estadísticas de ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados). Pero eso no me puede negar mi derecho como víctima del conflicto armado colombiano. Por otro lado, hablando de migración forzada, hay gente que no es admitida con el estatus de refugiado a pesar de ser víctima del conflicto armado. Hay un vacío a nivel estadístico frente a las víctimas en el exterior, tanto en las fronteras como en Europa”.

Cabe indicar que desde el 2011, desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (la Ley 1448), hay un Registro Único de Víctimas, manejado en el extranjero por los consulados. En él puede inscribirse todo el que se considere que haya sufrido un hecho victimizante: desplazamiento, amenaza, despojo, secuestro, tortura, minas antipersonas, reclutamiento de menores y delitos contra la libertad sexual.

Por otro lado, "la Ley de Víctimas no recoge miembros de la insurgencia que hayan sufrido violaciones de derechos humanos. El legislativo está trabajando para mejorar la ley en ese sentido”, sigue Franco, quien desde el Centro de Memoria Histórica trabaja con víctimas en el exilio, inscritas o no.

Al vacío estadístico aporta también "que las víctimas de agentes del Estado no se acercan voluntariamente al consulado, en riesgo de perder su estatus de protección internacional o que el Estado los identifique y los localice”, cuenta Franco. Él mismo nunca tocó la puerta del consulado con ese motivo. Dado que según la ley vigente, este registro es la condición para recibir una eventual reparación, quien no lo haga queda fuera. 

Precisamente esto es un punto de las reivindicaciones de la asociación a la que pertenece Jorge Mejía (que aglutina exiliados de Francia, Holanda, Suiza, Suecia, Suiza, Alemania y Austria): "Que el Estado colombiano reconozca como víctimas, sin pasar por una revisión adicional a todos los que hayan sido reconocidos por ACNUR”.

"Es que con 8 millones de víctimas registradas, las que están en el exterior no han sido una prioridad para las instituciones estatales”, explica Franco. 

"Además, en los 60 años que lleva esta guerra, hay gente que salió antes del 85, otros salieron en los 2000. Para el esclarecimiento, la justicia y la reparación necesitaríamos saber su ruta, su estatus. Pero el Estado, debido al derecho al asilo y la convención de Ginebra, no puede pedir información sobre los refugiados ni a Francia ni a España o a Suecia”, agrega.

Siguen exiliando

En estos tres países, según las cifras de ACNUR, es donde se ha recibido mayor cantidad de solicitudes de asilo. Curiosamente, a pesar del proceso de paz, en 2016 la cifra ha aumentado.

"Lo que pasa es que el 90% de líderes sociales estamos en este momento amenazados, han llegado a nuestras casas y nos han dicho cómo nos van a matar”, cuenta a DW Alexander Aguilar, directivo de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (Andescol).

Tan solo durante su reciente estancia de una semana en Bruselas, para el encuentro sobre el exilio (del 1 al 5 de febrero), dos líderes fueron asesinados en el departamento del Meta. "Aunque aquí muchos tenían altas expectativas por el acuerdo de paz, nosotros no les aconsejamos hacer maletas y retornar: nos están matando”, dice Aguilar, quien, no obstante, no considera solicitar asilo.

¿Apoyar el retorno  con garantías?

Con todo, la plataforma de exiliados reivindica la asistencia tanto de las instituciones gubernamentales como el acompañamiento europeo para diseñar un plan de retorno al país, con garantías. ¿Es realista este pedido? 

"Garantizar la seguridad de todos los ciudadanos es el inmenso reto del Estado colombiano. Lleva décadas. Pero seguimos en guerra. En estos últimos meses muchos líderes han recibido amenazas diciendo' tiene 36 horas para irse del país'. Los actores violentos están produciendo exilio ahora mismo, no es una vieja historia de los 80”, puntualiza Franco.

Por otra parte, en su opinión, el apoyo europeo debería orientarse no sólo a los proyectos productivos: "Es clave que la UE y sus miembros recojan sus propios procesos nacionales y continentales de reconciliación. Y se los brinden al Estado colombiano para ayudarlo a hacer sus tareas. También con las organizaciones de víctimas en el exterior, donde el estado tiene dificultades de atención”.