Expresidente sudafricano se niega a entregarse a la Justicia
4 de julio de 2021
El expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel por desacato, rechazó este domingo (04.07.2021) entregarse a las autoridades, pocas horas antes que expire el plazo que le impuso la Justicia. "No tengo ninguna necesidad de ir a la cárcel hoy", declaró, riendo, durante una rueda de prensa en la localidad de Nkandla, en la provincia de Kwazulu-Natal (este).
Zuma fue condenado por la Corte Constitucional, por haberse negado a declarar en varias ocasiones en el marco de unas investigaciones por corrupción. El sábado, la Corte aceptó una petición del político para que revise su fallo -una maniobra para evitar ser encarcelado-, al menos hasta que se celebre una nueva audiencia, prevista el 12 de julio.
"No pueden aceptar los papeles y esperar que yo me presente en la cárcel", lanzó Zuma, que si no se entrega en alguna comisaría será buscado por la Policía, que tiene órdenes de detenerlo en tres días como máximo y llevarlo a prisión. Técnicamente, esa nueva audiencia no suspende el veredicto de la Corte Constitucional, que no puede recurrirse, según expertos en derecho constitucional.
"Sentencia de muerte”
Zuma agregó a la lista de razones para no entregarse su edad (79 años) y la pandemia. "Enviarme a la cárcel a mi edad, en el pico de una pandemia, es lo mismo que sentenciarme a muerte. La pena de muerte fue declarada inconstitucional en Sudáfrica en 1995", dijo. También comparó su reciente castigo por desacato con las detenciones sin juicio de la era del "apartheid", a pesar de que el exmandatario ha desafiado reiteradamente a los tribunales.
El ex jefe de Estado se negó repetidamente a acatar órdenes judiciales que le obligaban a testificar ante una comisión oficial que investiga la presunta corrupción ocurrida durante su presidencia (2009-2018). Esa investigación -conocida como el caso de la "Captura del Estado"- analiza si durante los casi nueve años de gobierno de Zuma el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines.
Las acusaciones de la "Captura del Estado" no son, sin embargo, las únicas que pesan contra el expresidente. En paralelo, está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de compra de armas firmado a finales de la década de 1990. Además, en 2016 tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó en la reforma de su residencia privada.
DZC (EFE, AFP)