Gladys Martínez lucha por el medioambiente en Latinoamérica

"Liderar la organización referente en derecho ambiental internacional en América Latina es un gran honor e implica al mismo tiempo dedicación plena", dice Gladys Martínez en una entrevista concedida a DW, en la que ha compartido los logros y retos de la organización.

Martínez lleva años vinculada a la organización. Así, durante ocho años ha estado al mando de Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA, consiguiendo mejoras en la conservación, protección y uso sostenible de arrecifes de coral y manglares, así como de especies en América Latina y el Caribe. "En 2019, logramos avances importantes en la preservación de los arrecifes de coral de América Latina y el Caribe mediante la protección de los peces herbívoros, especies clave para mantener saludables estos ecosistemas", destaca Martínez.

AIDA coopera con gobiernos de la región asesorando en los ámbitos legal y científico. "En junio de ese año, Costa Rica promulgó un decreto que protege su vasto ecosistema de corales, el cual garantiza la protección de especies de peces herbívoros como el pez loro. AIDA trabajó de la mano del gobierno costarricense para hacer realidad esta legislación. Y en julio, la autoridad ambiental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe colombiano, emitió una resolución que prohíbe la captura y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros. AIDA contribuyó con asesoramiento científico a dicha resolución", agrega Martínez, recalcando que "ambos logros fueron parte de un proyecto regional de AIDA orientado a la implementación de estrategias para la conservación de peces herbívoros en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá".

Defendiendo a los defensores

Una de las principales tareas de Martínez al frente de AIDA será seguir protegiendo a los defensores medioambientales de la región. Además, la organización ha visto cómo la crisis sanitaria mundial ha acentuado el número de amenazas que padecen las poblaciones más vulnerables a impactos por daños ambientales. "Por falta de atención y de procesos de consultas inclusivos por parte de los Estados, las comunidades rurales, costeras y pueblos indígenas tienen menos participación en las decisiones y acciones que les afectan", lamenta.

Todo ello, a pesar de que la región cuenta con un nuevo instrumento para protegerlos. Se trata del ‘Acuerdo de Escazú’, cuya ratificación "es una muestra más de la voluntad política de los Estados para proteger los derechos de acceso y a las personas defensoras ambientales", subraya Gladys Martínez. "Sin embargo, existen obligaciones internacionales que a los Estados ya les generan obligaciones variadas e incluyen tener marcos de regulación para garantizar el derecho a defender los derechos, desarrollar programas de protección para personas defensoras en riego, reconocer públicamente la labor de las y los defensores, e investigar a las personas responsables de amenazas y otras agresiones contra personas defensoras", enumera.

El tratado ha entrado en vigor en 2021 y el próximo año se celebrará el primer encuentro, en el que "se van a aprobar los Reglamentos del Comité de Apoyo a la aplicación y cumplimiento del acuerdo". "En el caso de la protección de personas defensoras ambientales, la existencia de este mecanismo será una de las principales herramientas de apoyo para que los Estados puedan cumplir efectivamente las disposiciones del Acuerdo", agrega la codirectora de la organización cuyo rol será “promover que el Acuerdo no termine siendo ‘letra muerta’".

Para Martínez "es fundamental tomar acciones para proteger a los pueblos indígenas, que son los guardianes de la Amazonía", en la lucha contra la deforestación en la región, así como "tener una sociedad civil activa que juegue un papel de vigilante en la rendición de cuentas y exigir contribuciones determinadas a nivel nacional mucho más ambiciosas".

En este ámbito, la organización está trabajando para que los gobiernos de la Cuenca Amazónica fortalezcan la institucionalidad y normativa ambiental, como en el caso del proyecto minero Volta Grande en la Amazonía brasileña, llevando a cabo una evaluación técnica sobre la información que la empresa ha publicado. "Nuestro análisis encontró inconsistencias en dicha información, concluyendo que la empresa no contempla medidas suficientes para evitar que la mina de oro que busca construir contamine aguas subterráneas y superficiales", explica, agregando que la empresa prevé usar elevadas cantidades de cianuro, "sustancia altamente peligrosa para la salud de las personas y de los ecosistemas, y emplear procesos que generarían fluidos ácidos". 

El derecho a un ambiente sano

Uno los éxitos ambientales del año ha sido el reconocimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del derecho humano a un ambiente sano. Este logro a nivel global se complementa con otro regional: la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de presentar, por primera vez, el caso de contaminación del aire en la ciudad de La Oroya (Perú) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Con este caso, la Corte no solamente puede proteger a las personas de La Oroya, sino también establecer precedentes que evidencien la problemática del disfrute de un ambiente sano, y otros derechos, que son afectados por la contaminación atmosférica, la cual no solo daña la salud humana, sino también agrava la crisis climática", asegura Martínez, recalcando que "AIDA está enfocando parte de sus esfuerzos en contribuir a la consolidación de un movimiento regional de litigio climático orientado a exigir ante las cortes que los causantes de la crisis climática se hagan responsables e implementen soluciones de manera justa".

(ms)