“Hay que poner fin a juegos de poder de Putin”
7 de febrero de 2014Los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi son los más caros de la historia de esa competición: cuestan 36.000 millones de euros. Ese enorme gasto no se explica del todo con el objetivo de querer impulsar el desarrollo de una región descuidada hasta ahora, o celebrar la amistad entre los pueblos. En realidad, el motivo principal para este evento deportivo –cuyo costo supera todos los límites- es coronar el poderío de Vladimir Putin ante los ojos del mundo. Al mismo tiempo, le pone el sello a la aprobación mundial a una política interna de consecuencias catastróficas para los derechos fundamentales, así como a una política exterior que, en Siria, toma el cariz de coautoría de diversos crímenes contra la humanidad.
Un año de “éxito” en todos sentidos
En diciembre de 2013, la revista Times eligió a Putin como “Hombre del año”, una distinción que sonaba más bien a provocación, ya que esa publicación, de corte conservador, no se caracteriza justamente por ser favorable a la política de Moscú. En cierto modo, el título otorgado por Times a Putin se justifica, porque la polémica despertada por el exoficial de la KGB y actual presidente hizo que 2013 fuera un año exitoso en todo sentido.
En primer lugar, a nivel internacional, donde, junto con Irán, Putin asumió el rol de aliado inquebrantable del régimen de Assad en Siria y castigó a las cientos de miles de víctimas de ese conflicto que parece no tener fin con una actitud de desprecio, enviando armas y haciendo gala de un gran cinismo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esa posición le trajo, además, el beneficio de un jugoso contrato para la exploración de petróleo y gas en las aguas sirias en diciembre de 2013.
Su “éxito” se extendió luego a Ucrania, donde –gracias también a la posición ingenua, no demasiado generosa y relativamente condescendiente e Europa-no le resultó difícil convencer al presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, de dejar que su país se rindiera a la influencia dominante del ala prorrusa. El acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania se borró de un plumazo. En vista del desagrado de la población ucraniana proeuropea, Yanukovich provocó, con ayuda de su vecino ruso, una crisis que transformó el centro de Kiev en un campo de batalla.
La sociedad civil rusa, amordazada
En cuanto a política interna, el tutelaje de las ONG más importantes –como, por ejemplo, la orden de disolver el Centro para la Memoria Contra la Discriminación por no haber aceptado registrarse en el Ministerio de Justicia como “agente extranjero”, recuerda a los tiempos oscuros en los que los disidentes tenían que luchar contra un monstruo de una frialdad y una dureza implacables, que no les dejaban ningún margen de libertad. Por lo demás, Vladimir Putin era uno de los miembros más activos de esa institución impiadosa cuyos métodos y forma de pensar aún conserva, y a cuya doctrina, la “Dictadura de la Ley” –que él mismo se ocupó de llevar a cabo durante años- le sigue siendo fiel. Periodistas, activistas de ONG, artistas, intelectuales y simples manifestantes: todo aquel a quien se considera una amenaza es vigilado, perseguido con procesos legales, detenido, o es víctima de violencia física. Actualmente se puede decir, sin temor a equivocarse, que Rusia está viviendo la peor ola de represión desde el fin de la Guerra Fría.
Entre las medidas que han recortado más fuertemente las libertades civiles en los últimos tiempos se cuentan los instrumentos de lucha contra el terrorismo y el extremismo, que se adhieren a China y a otros cuatro países del centro de Asia a través del amplio marco de la Organización de Cooperación de Shangai (SCO). En él se asegura la totalidad impunidad de las fuerzas de seguridad actuantes dentro de un extenso territorio geográfico. Medidas que son tan peligrosas como ineficaces, como se vio en diciembre de 2013 durante los atentados de Volgogrado. Son la prueba de que el Cáucaso, donde se halla también la ciudad de Sochi, de ningún modo es una región “pacificada”, como gusta promover la versión oficial.
La Unión Europea no se inmiscuye
El presidente Putin parece no tenerle ya miedo a nada. Se podría incluso apostar a que logrará convertir la amenaza terrorista en un argumento más para justificar su política represiva y hacer de ella un arma ventajosa para su régimen. Putin es experto en ese tipo de maniobras, como lo demostró hace poco su decisión de liberar a Mijail Jodorkovski, a las integrantes de la banda punk Pussy Riot, así como a los activistas de Greenpeace, medidas que no deben interpretar de ningún modo como una reacción a las críticas de la comunidad internacional. Ni tampoco como una distensión de su política represiva. Tanto las Pussy Riot como Jodorkovski fueron liberados solo unos pocos meses antes de la fecha oficial de su excarcelación, después de haber pasado largos años en prisión. Putin se dignó a liberarlos en un gesto que desplegó la magnitud de su poder ante los ojos del mundo.
Como en China durante los Juegos Olímpicos de Pekín, el objetivo de estos dispendiosos juegos en Sochi es, sobre todo, fortalecer la posición en la comunidad internacional de un dictador al que nadie le pone límites.
Se prevé que Putin inaugure los Juegos Olímpicos de Sochi sin la presencia de otros presidentes europeos, algo que no sorprende en absoluto. Sarkozy, por ejemplo, tampoco viajó a Vancouver en 2010, dado que no hay una tradición que obligue a los jefes de Estado y de Gobierno a abrir los Juegos Olímpicos de Invierno. En el caso de Sochi, sin embargo, parece que la ausencia de varios gobernantes europeos posee la dimensión de una posición política. Sin embargo, algo es seguro: esa posición nunca se expresó con claridad, solo fue insinuada con mucha reserva. Lo mismo se aplica a la posición de la Unión Europea hacia Rusia. Esperemos, en nombre de las miles de víctimas sirias y de una sociedad silenciada en Rusia, que la UE ponga fin algún día a esa actitud vacilante. ¡Ya es hora!
Karim Lahidji es presidente de la Liga Internacional para los Derechos Humanos (Federation Internationale des Ligues des droits de l'Homme, FIDH), con sede en París, una agrupación que coordina 178 organizaciones de derechos humanos.