Miriam Miranda pide protección para el pueblo Garífuna

El asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, en marzo de 2016, dio visibilidad al riesgo al que están expuestos las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras. Según la organización Global Witness, más de 120 personas han sido asesinadas desde 2010 por oponerse a la construcción de presas, de minas, a la tala ilegal o al desarrollo de megaproyectos. Los perpetradores son fuerzas del Estado, asesinos a sueldo o guardias de seguridad pagados por poderosos intereses.

La nación centroamericana de apenas unos 9 millones de habitantes volvió a los titulares en 2018 por la caravana de migrantes que huían de la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la violencia, la impunidad, así como las constantes violaciones a los derechos humanos. Aunque la tasa de homicidios se ha reducido en los últimos años, sigue siendo una de las más altas del mundo. Según Insight Crime,Honduras se ha convertido en un importante corredor en el tráfico trasnacional de drogas. La organización estima que cada año pasan por el país entre 140 y 300 toneladas de cocaína.

Miriam Miranda es defensora de los derechos humanos del pueblo Garífuna, una comunidad afroindígena establecida en la costa del Atlántico de Honduras. Dirige desde 2008 la organización Ofraneh, que lucha contra la expulsión de las comunidades para apropiarse de sus tierras para la construcción de centrales térmicas o para la compra ilegal de territorios para la construcción de megaproyectos turísticos. El premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert, cercana al Partido Socialdemócrata alemán (SPD), honra la valiente lucha de la activista, que ha sido ella misma y su familia, víctima de amenazas y hostigamiento.

DW: ¿Qué significa para usted recibir este premio?

Miriam Miranda: Significa en primer lugar la oportunidad para darle visibilidad a la situación del pueblo garífuna, para dar a conocer nuestra situación y recibir una mayor atención a la problemática que nosotros vivimos. También para que haya un reconocimiento por parte del Estado, del gobierno hondureño. Para mí es lo más importante de este premio. Es un premio no a Miram Miranda, sino a una lucha del pueblo y de las mujeres garífuna.

Usted dirige desde 2008 la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). ¿Qué ocupa a la organización hoy en día?

Es una organización de movimientos sociales, de base del pueblo Garífuna en donde luchamos por defender los derechos territoriales, culturales de nuestras comunidades y para que haya vigencia y reconocimiento por parte del Estado. Es una organización que juega un papel importante en Honduras en este momento. No solamente por la defensa de los derechos del pueblo Garífuna sino del pueblo hondureño en general. Impulsamos procesos con pueblos indígenas, con el movimiento feminista, con movimientos sociales. Ofraneh es una referencia en la lucha de los pueblos indígenas en Honduras.

Este año por lo menos unos 16 miembros de la comunidad garífuna han sido asesinados, entre ellos 6 mujeres. ¿Qué es lo que está pasando?

Nunca habíamos vivido estos niveles de violencia en Honduras. Se ha manifestado de una manera terrible. Para nosotros es como un plan orquestado, la violencia y los asesinatos vienen de afuera. En el pueblo garífuna siempre hemos vivido en armonía. Esta violencia tiene por objetivo que la gente salga de las comunidades. Porque cuando hay esos niveles de violencia y criminalidad la gente prefiere huír.  Es un mensaje muy claro. Hemos estado enfrentando una gran migración del pueblo Garífuna hacia otros países,  y con estos asesinatos, que tienen en la mira las casas de lideresas que luchan por la tierra, lo que se quiere es que la gente salga. Por eso estamos llamando la atención del Estado, pidiéndole que garantice no sólo la investigación y justicia ante esos asesinatos, sino que no haya repetición.  

Usted dice que se trata de un plan selectivo de exterminio, ¿por parte de quien?

Hay una gran presencia del crimen organizado. El Estado hondureño lo sabe. Y responsabilizamos al Estado porque no brinda seguridad a nuestras comunidades. El gobierno sabe quienes están alrededor de los territorios del pueblo Garífuna. Nuestras comunidades, por vivir en la costa, desde el 2010 y fuertemente en los últimos años, es el corredor del paso del narcotráfico. Si el Estado no genera protección y seguridad para esos territorios deja a las comunidades en una total indefensión, y por eso es que los líderes y mucha gente está saliendo. Algo que nunca había pasado. Justo antes de venir a Berlín tuvimos que sacar a dos compañeros que están en riesgo y eso jamás creímos que fuera a pasar en nuestras comunidades. Hay un plan de exterminio y el Estado es coresponsable de lo que está pasando.

¿Tiene esto alguna relación con las acusaciones y protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández, por sus vínculos con el narcotráfico?

Vivimos en Honduras en un narcoestado. Eso está totalmente documentado. Hay una gran indefensión en las comunidades. Hay territorios tomados totalmente por el narcotráfico. En la medida en la que no haya una política que busque cambiar esta dinámica en Honduras, y sobre todo en los territorios de nuestras comunidades,  la situación empeorará. 

El presidente mismo está salpicado por acusaciones de corrupción y de vínculos con el narcotráfico, ¿Eso da alas al crimen organizado?

Eso es lo que hemos estado hablando aquí en nuestras conversaciones en Berlín. Que pese a la acusación contra el presidente, que sea tan visible y que no pase nada, eso da pie a que el crimen organizado se sienta envalentonado, desde el nivel local hasta el nacional. Eso es gravísimo. Si no hay una reacción por parte de la comunidad internacional, esto es un gran peligro para la democracia.

¿Qué espera usted de la Unión Europea, de Alemania?

Es lo que le hemos dicho a algunos parlamentarios aquí. Es importante pronunciarse por varias razones. No se puede hacer la vista gorda ante un país que ha destruído la institucionalidad. Es importante discutir el ejercicio de la democracia, de cara a un país como Honduras que se ha convertido en un laboratorio político, que puede trasladarse a un plano regional, internacional. Es importante pronunciarse sobre las elecciones de 2017, cuando hubo un fraude electoral. Estados Unidos dio su apoyo a Juan Orlando Hernández, pero también lo hizo la Unión Europea. Ambos legitimaron un gobierno que a todas luces se prolongó a través de un fraude electoral.

¿Sienta eso un precedente en Centroamérica?

Es un ejemplo muy peligroso para Centroamérica y para el mundo. Después del 2017 se produjo la mayor oleada migratoria de Honduras. Incluso después de las famosas caravanas, la gente sigue saliendo, todos los días. Eso afecta a la economía y a todo el país. Porque lo que se ha produciendo es un despoblamiento muy grande del territorio. Algunos empresarios por primera vez están alarmados. Necesitamos forjar un pacto social para enfrentar la situación. En Honduras vivimos un golpe de Estado en 2009, el golpe a la institucionalidad en 2012, y un fraude electoral en 2017 que acabó destruyendo la institucionalidad. Las defensoras y defensores estamos en riesgo en Honduras porque somos criminalizados, perseguidos y castigados. Cuando no se tiene adónde acudir porque no recibirá uno atención, cuando no se investigan ni se castigan los asesinatos, la gente está totalmente desprotegida y hay mucho miedo.

En Ofraneh las mujeres son líderes, ¿son también las más vulnerables?

No es casualidad que Mirna Suazo, presidenta de un patronato, haya sido asesinada en su propio negocio. También mataron a una maestra que defendía la tierra, la mataron en su propia casa. Son crímenes que nos escandalizan porque eso no había pasado en las comunidades.  La lucha del pueblo garífuna tiene el rostro de mujer. Somos las que estamos ligadas a la tierra, las que defendemos los derechos sobre los recursos naturales, que son bienes comunes de nuestras comunidades. Las mujeres son las más vulnerables por ser ellas las defensoras. En el caso del pueblo garífuna, por el papel prepoderante que juega la mujer, somos las que estamos en más riesgo.

¿Porqué la región de la costa en donde habitan las comunidades garífunas es tan importante para el crimen organizado?

En el caso de Honduras las regiones costeras son las que más se utilizan en el trasiego de la droga. Tienen las condiciones perfectas: acceso al mar, a los ríos. Muchos de estos territorios están completamente desprotegidos, abandonados a su suerte por parte el Estado. Y eso facilita que el crimen organizado tome posesión y control, y tiene libre albedrío para hacer lo que quiera. Hay condiciones perfectas para que en sendos espacios territoriales no haya ningún tipo de control. Incluso los representantes del Estado en esas localidades son sometidos o si no, los matan. Si no hay un ejercicio de gobierno en esos territorios se convierten en campo fértil para el crimen organizado, que se posesiona de esos territorios por haber un vacío de poder. No hay ni servicios básicos para las comunidades, por lo que el crimen organizado sustituye el papel del Estado en esos territorios.

 ¿Hay alguna cuestión que quisiera añadir?

Una de las expectativas que tengo de esta visita tiene que ver con dos sentencias condenatorias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras. Nosotros interpusimos dos demandas relacionadas con dos de las 47 comunidades garífunas que hay en Honduras. Aunque en el 2015 las ganamos, el Estado hondureño no ha cumplido nada.

¿Qué dice la sentencia?

Se obliga al Estado a la restitución y al respeto de los derechos sobre la tierra y los territorios en el caso de la comunidad de Punta Piedra,  y en el de la comunidad Triunfo de la Cruz. El Estado está obligado primero a garantizar el respeto y restituir las tierras y territorios a las comunidades y segundo, el tema de la consulta, previa, libre e informada que debe garantizar el Estado ante, en este caso megaproyectos turísticos. La sentencia dice que tiene que consultarse con las comunidades cualquier proyecto que se implemente. Dos años y medio se le concedió al Estado hondureño para cumplir la sentencia y no ha hecho absolutamente nada. Además, espero que haya una mayor presión por parte de la comunidad internacional para que cese el hostigamiento y el acoso a las comunidades garífunas.

(jov)