Honduras: una condena que no cierra el caso de Berta Cáceres
30 de noviembre de 2018
Siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres fueron hallados culpables por un tribunal de Tegucigalpa. El crimen, según los jueces, fue perpetrado por encargo de directivos de la empresa constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el Noroeste del país. Las penas que habrán de cumplir estos siete sentenciados serán dadas a conocer en enero.
Pero el veredicto por lo menos da pie a que se lleven a cabo más investigaciones. Ese es el objetivo declarado del equipo del abogado Víctor Fernández, que representa los intereses de la familia Cáceres. "Para nosotros, este proceso es solo el punto de partida de por lo menos otros cuatro procesos para sancionar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Estos tienen estrechas relaciones con los militares y con el gobierno”, dice el abogado. Fernández es coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que ha ganado prestigio en Honduras por la defensa de los derechos de minorías indígenas y procesos por causas ambientales.
En lo medular, esos dos puntos también son centrales en este juicio por el asesinato de la ambientalista y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Berta Cáceres coorganizó las protestas pacíficas contra el proyecto de la represa y puso de manifiesto, a nivel internacional, que la concesión del proyecto fue realizada de manera ilegal, porque la población de la zona, mayoritariamente perteneciente a la etnia indígena lenca, no fue consultada como lo dispone la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo. Un claro atropello a la ley. Berta Cáceres llamó la atención internacional sobre esto y sobre el asesinato de varios ambientalistas. Por ello fue distinguida en 2015 con el reputado Premio Goldmann, un reconocimiento al compromiso de la sociedad civil con el medio ambiente, y fue recibida por el Papa Francisco, en Roma.
Pese a toda esa atención internacional, Berta Cáceres, de 42 años, fue asesinada en su casa, en La Esperanza, el 2 de marzo de 2016. "¿Cómo fue posible el asesinato, que pocas horas después el ministro Julián Pacheco calificó de delito común, y por qué Berta Cáceres no fue protegida por las autoridades? Es una interrogante que queremos esclarecer”, subraya Fernández.
Los abogados, que investigaron con el respaldo de expertos internacionales, realizaron un buen trabajo. Los jueces señalaron que dos ejecutivos de la empresa constructora Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) planearon el asesinato con un exmilitar, el antiguo jefe de seguridad de la firma.
En consecuencia, el veredicto debe dar pie a nuevas investigaciones, para esclarecer el trasfondo de este crimen. Ese es el objetivo de los abogados y de la familia Cáceres. Durante el juicio, que se inició el 17 de septiembre, hicieron notar reiteradamente que no se les dio acceso a las evidencias. Indicaron que numerosos teléfonos móviles y varias tabletas no fueron examinados y las armas de otro militar que había trabajado para Desa no fueron sometidas a peritajes balísticos.
Tales irregularidades fueron criticadas también a nivel internacional, al igual que la exclusión de los familiares del proceso.
Además, se intentó negarle acceso al tribunal a Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. A su juicio, la atención internacional es inmensamente importante par dar con los autores intelectuales del asesinato de su madre. "Cartas como la de 30 europarlamentarios que a mediados de noviembre exhortaron al presidente Orlando Hernández a garantizar un juicio justo, tienen un efecto. Velan porque el asesinato de mi madre no quede en la impunidad como tantos crímenes”, afirma.
El abogado Fernández comparte esa apreciación. No quiere darse por satisfecho con un veredicto parcial contra los autores intelectuales y ha emprendido otras acciones legales. La familia Cáceres también estudia la posibilidad de proceder contra los bancos de desarrollo de Finlandia y Holanda, que financian el proyecto de la represa.
Knut Henkel (ER/CP)
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