La reciente intervención judicial de la Cruz Roja venezolana ha generado una serie de reacciones que van desde la preocupación hasta la desaprobación. Estas reacciones provienen tanto de figuras prominentes en distintos ámbitos como de diversas organizaciones de la sociedad civil, y su alcance se extiende tanto a nivel nacional como internacional.
El proceso de intervención judicial se inició a raíz de las denuncias planteadas por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante su programa televisivo "Con el mazo dando". En las emisiones del 19 y 26 de julio de este año, Cabello reiteradamente acusó al presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel, de "acoso y maltrato" hacia voluntarios y trabajadores de la entidad. Asimismo, según Cabello, Villarroel ha permanecido en el cargo durante "más de 40 años sin elecciones ni renovación alguna dentro de la Cruz Roja", y, adicionalmente, lo acusó de conspirar contra la Revolución Bolivariana.
Presunto acoso y maltratos
Como ha ocurrido en situaciones anteriores, estas denuncias televisivas de quien es considerado el segundo hombre de poder dentro del chavismo pusieron en movimiento de manera inmediata a los órganos del poder judicial venezolano. El 28 de julio, el Fiscal General Tarek William Saab informó por su cuenta de Twitter que había designado a la Fiscalía 34 con competencia nacional en derechos humanos para "investigar y sancionar los hechos denunciados recientemente sobre el presunto acoso y maltrato contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Venezolana por parte de Mario Villarroel y miembros de su equipo”.
Cuatro días más tarde, el 2 de agosto de este año, Saab interpuso una demanda de protección de intereses difusos y colectivos ante la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presentando como pruebas el "testimonio anónimo” de ocho trabajadores y voluntarios de la institución, los cuales acusaban al presidente de la Cruz Roja, Mario Villarroel y a sus colaboradores de "maltratarlos, hostigarlos y de disponer de donaciones para la institución para usos particulares”. En menos de 48 horas, el TSJ dictó su sentencia número 1.057 donde ordenó el "cese, de manera inmediata, en el ejercicio de sus cargos, del presidente y los miembros que integran el comité directivo nacional” de la Cruz Roja venezolana. Igualmente, la sentencia estableció la "constitución de una junta reestructuradora ad hoc” presidida por el empresario Ricardo Cusanno, quien quedó encargado de coordinar la designación de los otros miembros de la junta interventora, así como de colaborar con el Ministerio Público en la "investigación y consecución del proceso penal que adelante contra el comité directivo nacional (…) saliente”.
Preocupación y rechazo por la intervención judicial de la Cruz Roja venezolana
El 8 del mes en curso, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) manifestó su preocupación sobre el caso de Venezuela en un artículo publicado en su página web, señalando que "cualquier intervención estatal en nuestras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja suscita serias preocupaciones sobre su independencia y labor humanitaria basada en los Principios Fundamentales, y será tratada con la máxima importancia”.
Por su parte, 227 organizaciones de la sociedad civil venezolanas, 15 organizaciones internacionales y 335 personalidades, suscribieron un comunicado conjunto, publicado el 11 de agosto, donde rechazan la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, por considerarla "una decisión contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho y el debido proceso. Además, de ser violatoria del derecho a la libertad de asociación en Venezuela”.
No existen razones que justifiquen la desmedida intervención judicial
Según Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, "el caso de la intervención judicial de la Cruz Roja venezolana es muy grave, porque el máximo juzgado no sólo no consideró el respeto a la autonomía y la libertad de esta organización, sino también vulneró el debido proceso al acordar una medida cautelar desproporcionada y sin ningún tipo de garantías constitucionales”. Los hechos denunciados por la Fiscalía, considera Daniels, "no ameritaban una medida tan invasiva y peligrosa para un derecho humano esencial como la libertad de asociación”.
Por su parte, la IFRC, en su artículo sobre la situación venezolana, deja sentado que esa organización internacional "cuenta con mecanismos para gestionar situaciones en las que podría considerarse que una Sociedad Nacional miembro infringe nuestros Principios Fundamentales; y alentamos a los estados a que faciliten su implementación para hacer frente a tales situaciones”.
De igual forma, el comunicado de las ONG pone de relieve la falta de justificación de la intervención judicial de la Cruz Roja, al resaltar que "la legislación nacional establece las soluciones cuando una asociación tiene problemas internos o se presentan irregularidades en su gestión: si se trata de delitos, los responsables deben ser debidamente imputados y juzgados con respeto a sus derechos humanos. Y de existir irregularidades administrativas, los miembros, en su libre y soberana determinación, deben decidir cuáles son los correctivos y aplicarlos. En el caso de la Cruz Roja, ninguna de estas dos soluciones fue empleada”.
Se amplía el guion intervencionista estatal hacia la sociedad civil
Daniels alerta además que, en el contexto de la intervención en la Cruz Roja venezolana, se amplió el patrón que el régimen de Nicolás Maduro viene empleando para tomar el control de diversas organizaciones no gubernamentales en Venezuela, desde asociaciones civiles y sindicatos hasta colegios profesionales y partidos políticos. "En el caso de otras organizaciones civiles, el régimen chavista, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se había limitado a cesar a la junta directiva en funciones y a remplazarla por una nueva junta, compuesta por miembros de la organización cercanos al gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, el régimen ha dado un paso más allá al designar a un interventor completamente ajeno a la Cruz Roja y a sus labores humanitarias. Este interventor ha recibido plenos poderes para gestionar los activos de la asociación y se le ha ordenado, sin que la demanda lo haya solicitado, la tarea de reestructurar a la organización”. Este nuevo patrón no solo vulnera la voluntad de los asociados, sino que podría conducir a que se desnaturalice la razón de ser de las ONG intervenidas por el régimen.
Las organizaciones civiles firmantes del comunicado advierten que "la referida sentencia constituye un grave precedente en los esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil, usando en este caso una de las organizaciones humanitarias más importantes del país, lo que deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela”.
Siguiendo la ruta de Nicaragua
Con esta decisión del TSJ, el régimen de Maduro continua su tránsito por caminos similares a los de Nicaragua hacia el control estatal de la sociedad civil, según señalan los firmantes del comunicado de las ONG: "Si bien la toma arbitraria de la Cruz Roja en Nicaragua por parte del Estado tiene diferencias con la medida asumida en Venezuela, en ambos países las acciones crean un nuevo tipo de control estatal, en el que se conforma una estructura diferente a la legalmente existente, bajo control gubernamental, todo ello con graves consecuencias que apuntan al cierre del espacio cívico”.
Para los ciudadanos venezolanos que a diario sufren los efectos de una Emergencia Humanitaria compleja y viven inmersos en un entorno marcado por una intensa conflictividad política y social, la perspectiva de que la principal organización humanitaria del país sea sometida al control del régimen de Maduro y, como resultado, pierda sus valores de neutralidad, imparcialidad e independencia, constituye una tragedia que debe ser evitada a toda costa.