Las limitaciones de las ciudades santuario en EE. UU.

La semana después de la posesión de Donald Trump, el Departamento de Educación de Nueva York envió una carta a las familias defendiendo el derecho de "cada estudiante a asistir a la escuela pública, independientemente del estatus migratorio". Señaló que el personal no registra si los niños o sus padres tienen visas y no permitirá que agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) entren en las escuelas sin la debida autorización legal.

La carta pretendía tranquilizar a los 1,2 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en la ciudad explicando que la administración de Trump no tiene las manos libres para implementar su agenda política. "En realidad, no puedes tener ese tipo de protección, estamos todos en peligro, en cualquier momento", cuenta la inmigrante mexicana Judith Páez. "La ciudad puede declararse un santuario, pero tiene sus límites: el alcalde no puede hacer nada cuando los agentes federales llegan a la ciudad".

Páez cruzó la frontera sur de los Estados Unidos en 1994 con su esposo y su bebé. Desde entonces ha tenido dos hijos más, ciudadanos estadounidenses de nacimiento. Ella y su marido han trabajado ilegalmente, en restaurantes y fábricas, durante 23 años. "Yo no existo para el sistema", resume.

Ir contra las llamadas "ciudades santuario" fue una de las promesas electorales de Trump, que en su primera semana como presidente firmó una orden ejecutiva que prometía triplicar el número de agentes de Inmigración y Aduanas y ampliaba la definición de "delincuente extranjero" señalado para la deportación. "Vamos a despojar de subvenciones federales a las ciudades santuario y los Estados que alberguen a inmigrantes ilegales", dijo a la prensa el entonces portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

No necesariamente seguro

En 1989, el alcalde Ed Koch firmó una orden  por la que la policía y los tribunales de Nueva York no facilitarían las tareas federales contra la inmigración. Todos los alcaldes posteriores, demócratas o republicanos, han defendido esa postura. El alcalde Michael Bloomberg prohibió que los funcionarios de la ciudad, incluidos policías, pregunten sobre el estatus migratorio, y la administración de Blasio ha ido más allá, creando una tarjeta de identidad de la ciudad disponible para todos los residentes.

Bajo el programa Comunidades Seguras introducido por el presidente George W. Bush en 2008, las policías municipal y estatal envían huellas dactilares de arrestos al Departamento de Seguridad Nacional, que responde con una solicitud de "detención", pidiendo a la policía que mantenga a las personas 48 horas, para que el ICE pueda llevárselos. El presidente Barack Obama inicialmente amplió el programa, pero lo abolió en 2014, cuando quedó claro que se estaba deportando a demasiadas personas arrestadas por delitos menores. La orden ejecutiva de Trump restituyó el programa.

Aunque el Departamento de Policía de Nueva York sólo cumple con las solicitudes de detención si la acusación es por uno de los 170 delitos considerados graves, sí verifica las órdenes con agencias federales, incluyendo el ICE, cuyos agentes han estado apareciendo para detener a "delincuentes extranjeros" acusados ​​de delitos menores al salir de la corte. "Hacemos todo lo que podemos para apoyar a los inmigrantes, pero como ciudad, tenemos que ser claros acerca de cuál es el alcance de nuestros poderes", dijo Rosemary Boeglin, un portavoz de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigración.

Natalia Aristizabal, codirectora de organización de Make The Road, una ONG que defiende los derechos de los inmigrantes, enfatizó este punto: "El de 'ciudades santuario' es un término usado por la oposición para decir que ciudades como Nueva York son demasiado permisivas con los inmigrantes ilegales, pero eso no significa que la gente no esté siendo deportada ni que sean un espacio seguro". La oficina de inmigración ICE rechazó las repetidas solicitudes de entrevista por parte de Deutsche Welle.

El ICE informó de 41.000 arrestos en los primeros 100 días de gobierno de Trump, un 38% más que el año pasado. En Nueva York, la agencia arrestó a 156 inmigrantes "no delincuentes" y a otros 531 indocumentados con condenas penales. Un agente confesó al diario New Yorker que hacen trabajo de campo y que pueden ir tras quienes quieran.

Lazos en la comunidad

Hace varias semanas, Judith Páez recibió una llamada de un hombre de Newark, Nueva Jersey, diciendo que su sobrino había sido detenido en la calle por agentes de ICE cuando iba al trabajo, aparentemente al azar. Había oído que los abogados de Coalición Nuevo Santuario (NSC) defendían a los inmigrantes de la deportación. "Es hora de pelear", se dijo.

Una de las estrategias de defensa que utiliza NSC es mostrar fuertes lazos comunitarios. "Nos acompañan rabinos, pastores, sacerdotes y miembros de la comunidad porque es desesperante", explica el portavoz Frank Barker: "No sabes si ese será el último día que seas visto en los Estados Unidos". El propio Barker está amenazado con la deportación por una antigua condena por drogas fruto de "una mala racha" de juventud, cuando consumía crack. Ha vivido en NY desde 1975 con sus padres y dos hermanos. Los últimos siete años ha estado luchando contra una orden de deportación final que lo enviaría de regreso a San Cristóbal y Nieves, un país que vio por última vez cuando tenía seis meses de edad.

Tiempos inciertos para los inmigrantes

En abril, el Departamento de Justicia de Trump dio un paso más en su disputa con las ciudades santuario cambiando los criterios para otorgar los fondos Edward Byrne. Las fuerzas policiales que no cumplan con las solicitudes de retención o que impidan la entrada del ICE a las cárceles locales se les negará esta financiación federal. El NYPD podría perder 4 millones de dólares al año. "Nueva York es la ciudad más segura de América, y obviamente no tiene sentido retener los fondos para la seguridad del principal objetivo terrorista en el país", dijo Boeglin. "Estamos preparados para defender ese dinero".

La orden ejecutiva de enero fue impugnada por varias ciudades y declarada inconstitucional por un tribunal federal de distrito. El 7 de agosto, Chicago demandó para evitar que el gobierno retenga su subvención Byrne. "Chicago no permitirá que nuestros policías se conviertan en peones del debate político", dijo el alcalde Rahm Emanuel. "Y Chicago nunca renunciará a nuestra condición de ciudad hospitalaria".

Estos son tiempos inciertos para los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos de América, dondequiera que vivan. "Trump ha cambiado ahora las reglas del juego", dice Barker. "Él quiere que cualquier delincuente extranjero –como soy yo, debido a mi condena– sea expulsado del país".

Cuando le pregunté a Páez si le gustaría aparecer en el artículo bajo un nombre ficticio, para evitar posibles repercusiones, me dijo que no. "La gente me dice que me arriesgo concediendo entrevistas con mi nombre, pero ya es hora de que dejemos de tener miedo", explica.

Autor: Andrew Purcell (LGC/VT)