La comunidad LGBTI quiere igualdad real, no solo derechos

En 2020 volvió a ganar el amor en otro país de América Latina: Costa Rica se convirtió en la sexta nación latinoamericana en legalizar el matrimonio igualitario y la primera en Centroamérica. Argentina celebró los diez años de una ley similar que hizo historia, mientras que los estados mexicanos de Puebla y Tlaxcala reconocieron igualmente este derecho. Bolivia, por su parte, reconoció una unión civil entre dos hombres que podría abrir el camino a muchas otras.

Y, sin embargo, los avances en materia de derechos humanos de la comunidad LGBTI en la región contrastan con una realidad social muy diferente. Según la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe, más de 1.300 miembros de este colectivo fueron asesinados entre 2014 y 2019. Sin contar con Brasil. Honduras tiene la tasa más alta, de acuerdo con este estudio. Otro informe de la organización Letra S registró 119 asesinatos por orientación sexual o identidad de género en México a lo largo 2019. En Colombia, la Defensoría del Pueblo registró 63 asesinatos de este tipo en los ocho primeros meses de 2020. 

"La justicia social significa derechos formales pero también igualdad en un sentido no formal”, dice a DW Cristián Cabrera González, investigador de la ONG Human Rights Watch (HRW) especializado en derechos LGBTI en América Latina. En su opinión, países como Colombia y Brasil, donde conviven algunas protecciones legales con altos índices de violencia, son el perfecto ejemplo de esta peligrosa ilusión: "Uno puede tener los derechos formales, pero eso no quiere decir que las personas LGBTI formen parte del tejido social en condiciones de igualdad”.

Un total de 11 países de la región reconocen las agresiones contra personas LGBTI como crímenes de odio, mientras que 14 tienen algún tipo de protección contra la discriminación laboral. Pero un estudio de 2016 y 2017 de la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, estimó que más del 62% de los latinoamericanos se oponen al matrimonio igualitario. Solo México, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil tendrían una mayoría social a favor.

"En México, y en general en América Latina, hay una estructura de reconocimiento de derechos muy importante en cuanto a temas de igualdad y de no discriminación, pero considero que el reconocimiento de derechos no es suficiente”, subraya la abogada mexicana Selma Maxinez, especialista en temas de género y derechos LGBTI. "Es muy difícil acceder a estos derechos porque las políticas públicas no están pensadas para ejecutar esos derechos en la vida real”.

"Si el Estado sigue discriminando, es difícil que la sociedad deje de discriminar”, critica el conocido escritor chileno Pablo Simonetti, que también dirige la Fundación Iguales. "El Estado debería de ser ejemplar en este sentido”. A finales de 2019 entró en vigor en Chile una ley de identidad de género aplaudida por el colectivo transgénero, pero el matrimonio igualitario (y sus consecuencias para la adopción y filiación en los casos de las parejas del mismo sexo) sigue atascado en el Congreso.

Juli Salamanca, vocera de la Red Comunitaria Trans (RCT) de Bogotá, lamenta la falta de personas trans en los puestos de toma de decisión. "¿Cuántas personas trans hay en el Congreso de Colombia? Ninguna”, dice a DW. Esta activista local cree necesario que haya que haya personas LGBTI que lleven estas luchas al Legislativo.

Crónica de una pobreza anunciada

Pero es difícil llegar tan lejos cuando los obstáculos empiezan mucho antes. "Creo que las personas LGBTI están sobrerrepresentadas en los sectores más pobres y eso se debe a la discriminación en la educación”, sostiene en entrevista con DW Clifton Cortez, asesor global del Banco Mundial en materia de orientación sexual e identidad de género. Según sus datos, la tasa de abandono escolar es mayor entre quienes se identifican como minorías sexuales o de género.

"Eso empieza un ciclo vital de oportunidades perdidas, oportunidades económicas perdidas”, explica Cortez. Un ciclo que empieza con el rechazo familiar, continúa con la discriminación en la escuela y sigue en el ámbito laboral. Otra brecha que determina los proyectos vitales de las personas LGBTI en América Latina, subraya Cortez, es la que separa a las zonas rurales de las grandes ciudades. "Las grandes ciudades ofrecen el anonimato, la seguridad, aceptación, la posibilidad de encontrar una comunidad, que no van a hallar en un pueblo pequeño”.

Todos los expertos y expertas consultados coinciden en la situación particularmente inquietante del colectivo trans. "Para nosotras, justicia social es dejar de sobrevivir para empezar a vivir”, dice la colombiana Salamanca. Según los datos de la RCT, al menos 31 personas transgénero han sido asesinadas en Colombia en 2020.

A esto se suma el agravante de la impunidad, todavía mayor en los crímenes homofóbicos o transfóbicos, añade la mexicana Maxinez, que va más allá: "Si no se tiene una reparación del daño, el caso sigue estando impune. No se tiene justicia hasta que las cosas no se transformen. De nada sirve tener un papel que reconozca unos derechos si en la vida real no va a pasar nada”.

¿Por dónde empieza el cambio?

Ante este panorama, los expertos urgen a poner en marcha políticas públicas que a largo plazo sean capaces de erradicar el estigma, la discriminación y la violencia. La colombiana Salamanca destaca el cupo laboral trans recién aprobado por Argentina. El chileno Simonetti defiende la creación de órganos institucionales, como una subsecretaría o una jefatura, "que pudiera llevar adelante este tema y que se le diera poder suficiente para poder cambiar las malas prácticas”. Cabrera, de HRW, cree que las políticas de memoria ayudarían a la población a entender la necesidad de acción frente a la discriminación.

Cortez, del Banco Mundial, subraya el papel de las empresas en propiciar la tolerancia y el respeto, "pues el sector privado es donde la mayoría de las personas LGBTI capaces de trabajar encontrará un empleo”. No obstante, advierte que la importancia de la economía informal en América Latina limita hasta cierto punto la acción en este ámbito, dado que el mayor abandono escolar "ya nos dice algo sobre la sobrerrepresentación de las personas LGBTI en el sector informal”.

La educación y su poder transformativo es el gran punto de acuerdo. No en vano, recuerda Cabrera, numerosas iniciativas ultrarreligiosas antiderechos están intentando expulsar lo que llaman la "ideología de género” de los currículos educativos de la región. Por eso pide a los Gobiernos latinoamericanos "hacer un esfuerzo para incluir a esas poblaciones”. 

La esperanza está puesta en las nuevas generaciones que apenas han empezado a ejercer su voto o que pronto empezarán a hacerlo. Y, quizás, en un futuro, se sienten en los despachos presidenciales. "Ojalá que las nuevas generaciones traigan una perspectiva de mayor conciencia y justicia social en estos temas”, dice la abogada Maxinez. Al fin y al cabo, negar derechos u oportunidades es una decisión política, resume Cortez: "La diversidad no es una pregunta ni una elección, la diversidad está ahí. Pero podemos elegir incluir o no”.

(ers)