Un paso necesario

Las sospechas iniciales de la fiscalía de Hannover fueron el principio del fin para Christian Wulff en su cargo como presidente de Alemania. Y, a pesar de que también para un presidente alemán es válida la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, está claro que Christian Wulff ya no podía sostenerse en su función. Y que ahora se debe evitar que la función de jefe de Estado siga sufriendo daños. La dimisión, que se caía de madura, fue el acto final en el drama de Christian Wulff, que intenta hace varias semanas desentenderse con pie de plomo y gran retórica del escándalo generado en torno a su persona.

Las historias y titulares acerca de que pasó sus vacaciones en residencias lujosas y de que aceptó invitaciones, así como la mezcla de sus intereses políticos y privados, se habían convertido en una melosa novela por entregas de la que el protagonista no podía evadirse así como así, a pesar de que hubiera preferido hacerlo. La solicitud de la fiscalía resalta la seriedad de la situación: no se trata de una falta menor, sino de hechos que podrían tener relevancia penal.

Pero la novedad es la manera en que se cristalizó la renuncia del presidente. Por primera vez en la historia de Alemania se solicitó el levantamiento de la inmunidad para el portador del cargo máximo del Estado. Una medida semejante es tan consecuente como dramática, ya que, en la mayoría de los casos, los políticos dimiten de su cargo antes de que se llegue a dar un paso de ese talante, y antes de que se vea tan dañada la credibilidad de su cargo y, por ende, la de la clase política en su conjunto. Y eso es lo que debería haber hecho Christian Wulff, pero mucho antes.

El cargo de presidente de la República Federal de Alemania vive de la credibilidad y neutralidad de sus representantes, es decir, de la integridad de su persona. A diferencia de otros países, en los que el poder ejecutivo del cargo presidencial se extiende hasta llegar a influir e incluso a manipular decisiones parlamentarias y jurídicas, el poder del presidente de Alemania es limitado. Él es, ante todo, el representante máximo del Estado, y puede y debe acompañar debates sobre temas de suma importancia, como los que atañen a la sociedad y a la política alemanas, como instancia moral y con una posición bien clara. Además del hecho de que Christian Wulff no logró llenar de contenido ese cometido durante los pasados 19 meses, entretanto ya ha dejado de poseer los requisitos necesarios para hacerlo.

Un considerable número de personas, tanto en Alemania como fuera de este país, piensa que Christian Wulff es víctima de una campaña mediática. Pero, desde mi punto de vista, en el caso de Wulff, los medios sólo cumplieron con lo que es su tarea, es decir, informar en casos en los que la clase política mantiene relaciones demasiado estrechas con otros grupos de intereses. Eso es lo que hacen los periodistas en todo el mundo. Y, a diferencia de los periodistas alemanes, muchos de ellos corren serios riesgos para poder cumplir con su trabajo. En el caso de Wulff, fueron los periodistas quienes iniciaron la discusión acerca de un posible tráfico de influencias por parte del presidente, y también la continuaron. Ellos fueron quienes definieron la agenda. Esa es, precisamente, su tarea. Y la solicitud de la fiscalía demuestra que también la Justicia alemana se desempeña de manera independiente y neutral, incluso cuando se trata de altos cargos del Gobierno.

Por eso, es correcto que se hayan tomado este tipo de recaudos. Y ya es tiempo de que se haga todo lo posible por evitar que se perjudique aún más al cargo de presidente. Alemania, su clase política y la independencia y solidez de sus instituciones democráticas gozan de gran credibilidad en todo el mundo. Exigimos democracia, vigencia del estado de derecho y libertad de opinión, más allá del prestigio personal. Y esos principios también deben aplicarse en nuestro país sin excepciones de ningún tipo.

Autora: Ute Schäeffer (CP)
Editor: Enrique López