Grupo de contacto busca salida a la crisis en Venezuela

La Unión Europea reunirá por primera vez este jueves (7.02.2019) en la capital de Uruguay al grupo de contacto internacional para Venezuela, anunciado el pasado 31 de diciembre, con el objetivo de facilitar una salida a la crisis venezolana a través de la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias.

España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, por parte de la UE, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia por parte de Latinoamérica participan en el grupo de contacto, aunque la Unión todavía espera que México acepte sumarse.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, acudirá a la reunión ministerial en Montevideo este jueves, organizada conjuntamente por la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. No todos los países estarán representados a nivel de ministros, según han avanzado fuentes europeas, que han aclarado que a la cita no acudirán ni representantes del Gobierno del presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, ni del equipo del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

El Gobierno español, que llevaba meses intentando impulsar este grupo en el seno de la UE, confía en que, en esta nueva situación, este mecanismo sirva para poner en práctica un apoyo internacional a unas elecciones presidenciales transparentes y creíbles conforme a estándares internacionales, que son la única vía de solución pacífica y democrática, ha explicado un portavoz del Ministerio de Exteriores consultado por Europa Press.

Refuerzo de la respuesta humanitaria hacia Venezuela

También espera que el grupo sirva para que los países refuercen la respuesta humanitaria a la crisis que vive el país, antes de las elecciones y, dada la gravedad de la situación, posiblemente después. Así, España rechaza de plano la interpretación de que el grupo de contacto pueda servir para darle oxígeno a Nicolás Maduro -como temen los partidos venezolanos y el Grupo de Lima-, sino que quiere que sirva para hacer efectiva la convocatoria de elecciones en el menor tiempo posible.

Mogherini ya dejó claro que el grupo, que estará coordinado por la Unión Europea y cuenta con países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino para convocar nuevas elecciones y otros que no, tendrá un mandato "limitado" de 90 días para promover "un entendimiento común y un enfoque concertado entre los actores internacionales clave", con el objetivo de lograr una solución "pacífica y democrática" a la crisis venezolana.

La jefa de la diplomacia europea ha dejado claro que pasado este tiempo, si no logra resultados, se pondrá fin a su labor. "En ausencia de progresos suficientes se terminará", ha dicho. "Ganar tiempo no es el objetivo del ejercicio, es acompañar al país (...) hacia unas elecciones democráticas y pacíficas", aseguró el pasado 31 de enero al anunciar el grupo, dejando claro que el grupo en ningún caso hará mediación.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha estimado que las elecciones podrían convocarse en seis o nueve meses, un plazo mucho más largo que el mandato del grupo de contacto. A partir de ahora, está por ver qué periodo es necesario para que las elecciones se celebren con plenas garantías, incluyendo a liberación de los presos políticos y la participación de los emigrados.

Además, la UE espera "un gesto" de Caracas en estos 90 días como la liberación de los presos políticos y la restitución de los poderes de la Asamblea Nacional para no poner fin a su labor, consciente de que la salida de la crisis en Venezuela requerirá más tiempo.

Entendimiento común, en primer lugar

En una primera fase, los miembros tratarán de forjar "un entendimiento común de la situación", "los parámetros para una salida pacífica de la crisis y de las posibles vías para ayudar al país a encontrar una solución pacífica y democrática a través de nuevas elecciones creíbles".

Para ello trabajarán con otros actores internacionales y regionales, incluido aquellos que tengan "capacidad de influir sobre las partes en Venezuela" y podrían ser invitados a futuras reuniones del grupo "como observadores". La UE ya ha subrayado su intención de mantener "estrechamente asociado" al proceso al Vaticano, pero también a países como Noruega, Suiza y Estados Unidos.

En una segunda fase el grupo buscará identificar "los pasos requeridos y medidas para crear confianza" para que "todos los actores nacionales se impliquen seriamente" en un proceso "creíble" que permita la "celebración inmediata de elecciones libres y justas" y promover el cumplimiento de "condiciones mínimas" como la liberación de los presos políticos y el veto a la participación de la oposición en comicios, la creación de una Comisión Electoral con una composición "equilibrada" y la facilitación del acceso para la asistencia humanitaria externa.

El grupo podría asistir en una tercera fase -si se han cumplido las condiciones mínimas- podría prestar apoyo "para un proceso de transición político creíble" y asistencia en áreas específicas, aunque la propia Mogherini no excluyó que si hay resultados "sustanciales", la ONU pueda "ejercer sus buenos oficios".

Mogherini ha reconocido no obstante que no tiene esperanzas "particulares" en el proceso y que el bloque asume "un gran riesgo" pero tiene "responsabilidad" de intentar contribuir a una solución "pacífica" ante los "riesgos del uso de la fuerza", tanto dentro como fuera del país, algo que la UE ve prioritario evitar.

"El grupo de contacto internacional todavía tiene valor. Es todavía más urgente ahora que nunca. Sigue siendo una herramienta válida para evitar los riesgos de violencia interna o intervención externa", ha asegurado un alto funcionario de la UE, que admite que "no hay garantías" de éxito. Eso sí, el bloque ve necesario mantener la presión sobre el régimen de Maduro al mismo tiempo que intenta facilitar una salida pacífica a la crisis venezolana.

"La presión debe formar parte de nuestra estrategia porque el régimen necesita entender que el estatus quo no es aceptable. Ya hemos sancionado a 18 altos cargos y no excluimos añadir a más, pero evitaríamos medidas que afecten a la población", ha precisado la fuente. El grupo mantendrá reuniones a diferentes niveles, incluido a nivel técnico y ministerial y habrá trabajo de seguimiento de las conclusiones de reuniones ministeriales.

CP (dpa, afp. efe)

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