Las autoridades mexicanas explican a los familiares las tareas de búsqueda

Representantes del Gobierno mexicano se reunieron hoy con familiares de los 43 estudiantes que permanecen desaparecidos desde hace tres semanas para informarles sobre los últimos detalles de su búsqueda, que se amplió a 14 municipios de Guerrero y uno del Estado de México, donde las fuerzas federales han asumido el control.

Los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y de la Procuraduría General de la República, el fiscal Jesús Murillo, mantuvieron una reunión privada en el aeropuerto de la turística ciudad de Acapulco. Allí llegaron en dos autobuses los familiares de los 43 jóvenes que permanecen desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, después de que un grupo de policías los subieron en patrullas en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.

Recompensa oficial

El Gobierno ofrece desde hoy una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos (110.000 dólares) por información que posibilite encontrar a cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos. La recompensa fue publicada hoy a doble página en los mayores diarios del país, con la foto individual de los estudiantes, la mayoría veinteañeros, que estudiaban en la escuela rural para maestros de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero.

Además, se ofreció una recompensa similar a quien brinde información que permita "la identificación, localización, detención o aprehensión" de los probables responsables de haberlos hecho desaparecer.

Declaraciones del presidente

Esta mañana, en acto público en el puerto de Veracruz, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, confirmó que había instruido a las fuerzas federales para que tomaran el control de aquellos municipios donde "hay evidencia de infiltración del crimen organizado".

El Gobierno detalló que en la búsqueda de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa participan 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos (agentes con perros policiales), 17 helicópteros, tres aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles.

Pese a esta intensificación de las tareas de búsqueda, existe la posibilidad de que los estudiantes estén muertos, tal y como señaló el sacerdote Alejandro Solalinde con base en testimonios de varios testigos.

Declaración fallida

Tras unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que cuatro testigos le habían contado que todos los estudiantes habrían sido asesinados, metidos en fosas y quemados, el destacado defensor de los derechos humanos de los migrantes acudió hoy a declarar a la fiscalía, aunque finalmente no fue recibido.

"Yo vine a presentar mi declaración porque así me lo pidieron las autoridades, pero resulta que no nos recibieron, es decir, tardaron mucho, hicieron varias llamadas, nadie bajó", dijo a los periodistas. El sacerdote, quien llevaba un escrito con todos los testimonios, contó que los testigos incluso llegaron a enseñarle un mapa de dónde podrían estar las fosas, información que piensa enseñar al fiscal general, con quien se reunirá en los próximos días.

LGC (dpa / EFE)