Las plantas nucleares, la guerra y el derecho internacional

El ejército ruso tiene ocupada la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, desde marzo. Desde finales de julio es bombardeada repetidamente, ataques de los que Kiev y Moscú se culpan mutuamente. Esto ha provocado nuevas preocupaciones sobre una posible catástrofe nuclear en la mayor central atómica de Europa.

No es la primera vez que en la guerra de Ucrania se plantea la cuestión de la seguridad nuclear. No solo en relación con el posible uso de armas nucleares, de lo que el presidente ruso Vladimir Putin ha hablado abiertamente, sino también en referencia a las centrales nucleares como objetivos militares.

Reglas asombrosamente precisas

¿Qué dice el derecho internacional al respecto? El Convenio de Ginebra de 1949 y sus posteriores Protocolos Adicionales regulan la conducta en los conflictos armados y pretenden limitar su impacto. El artículo 56 del primer Protocolo Adicional de 1977 habla de la "protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas". Además de las presas y los diques, también se mencionan explícitamente las centrales nucleares.

Dado que la Federación Rusa y Ucrania están entre los pactantes y no han expresado salvedad al primer Protocolo Adicional, las normas deben regir para ambos Estados. En principio, las centrales nucleares no pueden ser atacadas, según el apartado 1, "aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil". No cabe duda de que esto incluye también a la radiactividad.

La distinción entre objetivos militares y civiles es uno de los principios del derecho internacional humanitario concretado en la Convención de Ginebra. Según este acuerdo, solo se pueden atacar objetivos militares bajo ciertas condiciones. La protección de la población civil debe estar garantizada en todo momento.

Las centrales nucleares como "soporte de actos de guerra"

Sin embargo, el párrafo también afirma que las centrales nucleares no son un tabú en todos los casos, sino solo "cuando tales ataques puedan producir la liberación de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil". En otras palabras: si no se espera que un ataque provoque muchas muertes entre civiles, es legal bajo determinadas circunstancias.

Pero aunque bajo estas condiciones fuera posible un ataque, el párrafo 3 del Protocolo Adicional establece que "la población civil (...) seguirá teniendo derecho a toda (...) la protección que le otorgue el derecho internacional". Por lo tanto, el agresor tendría que hacer todo lo posible para proteger a los civiles contra la radiación, por ejemplo, iniciando una evacuación de las zonas circundantes.

La conclusión: Los Estados que han firmado la Convención de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, incluyendo a Rusia y a Ucrania, se han comprometido a poner grandes obstáculos a los ataques contra las centrales nucleares. Sin embargo, aunque sean pocas las circunstancias bajo las que un ataque de este tipo es posible, no se descarta la posibilidad por completo.

En la práctica, el efecto del artículo 56 del primer Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra es limitado. La existencia de las circunstancias sigue siendo cuestión de interpretación en casos determinados. Además, Rusia tiene un puesto permanente con poder de veto en el Consejo de Seguridad y podría impedir cualquier posible sanción de las Naciones Unidas por una infracción del derecho internacional.

(ies/ers)