Leyes de Ortega preocupan a Iglesia católica en Nicaragua
6 de octubre de 2020
La Arquidiócesis de Managua, dirigida por el cardenal Leopoldo Brenes, mostró sus dudas este lunes (05.10.2020) sobre la realización de elecciones libres en 2021 en Nicaragua, cuando el gobierno de Daniel Ortega se prepara para aprobar dos leyes y una reforma que afectan la libertad de prensa y de expresión.
"Al aproximarse a un año electoral, compartimos la inquietud del pueblo cuando reflexiona que, de celebrarse elecciones, estas deben contar previamente con las necesarias y adecuadas condiciones”, indicó la Arquidiócesis, en un mensaje emitido a través de la Comisión de Justicia y Paz, citado por la agencia española EFE.
Los sacerdotes mostraron su inquietud frente a dos proyectos de ley y una reforma promovidos por los sandinistas, como son la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la cadena perpetua, que el Parlamento dominado por el oficialismo podría aprobar en los próximos días.
Las elecciones generales están previstas para el 7 de noviembre de 2021, pero diversos sectores creen que el gobierno aparentemente no da muestras de cumplir compromisos adquiridos sobre liberación de "presos políticos”, desarme de paramilitares y reformas electorales, entre otros.
Medios "cada vez más acosados"
"Es impensable una participación ciudadana (en elecciones) sin la necesaria información que proveen los medios independientes, que se encuentran cada vez más acosados”, señaló la Arquidiócesis.
Nicaragua es un país sumido en una grave crisis sociopolítica desfde 2018 y donde la mayoría de sus habitantes profesan la fe católica.
El clero recordó su mensaje público emitido en mayo de 2019, en el que se refirió a una renovación en el Poder Electoral, "de tal manera, que sea confiable e independiente, de tal modo que se dé un proceso electoral neutral, imparcial y observado, nacional e internacionalmente; de lo contrario, no se darán elecciones libres”.
El episcopado fue mediador en un breve diálogo entre la oposición y el gobierno en 2018, cuando la acción policial sobre manifestantes en protestas dejó al menos 328 muertos, 2.000 heridos y decenas de miles de emigrados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno, que reconoce 200 fallecidos, abandonó el diálogo tras acusar a los opositores y a los obispos católicos de ser parte de un "golpe de Estado fallido” para desalojar a Ortega del poder.
gs (efe, La Prensa)