Consejo de Seguridad de la ONU sanciona a Gadafi
27 de febrero de 2011
En la madrugada de este 27 de febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –integrado por Alemania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, China, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gabón, Gran Bretaña, India, Líbano, Nigeria, Portugal, Rusia y Sudáfrica– decidió imponer sanciones concretas al Gobierno de Libia, siguiendo el ejemplo sentado por Washington 24 horas antes. Al aprobar la resolución 1970, que invoca el capítulo 7 de la Carta de la ONU y autoriza el uso de la fuerza para aplicar las sanciones en cuestión, este organismo internacional allanó el camino para procesar judicialmente al líder libio, Muamar el Gadafi, y a 22 de sus colaboradores más estrechos.
A juicio de la canciller alemana, Angela Merkel, el pronunciamiento unánime del Consejo le dejará claro a Gadafi "y a otros déspotas" que las violaciones de los derechos humanos no quedan impunes. “Es tiempo de que él [Gadafi] se vaya”, dijo la jefa del Gobierno germano, horas después de que el presidente estadounidense, Barack Obama, conversara telefónicamente con ella sobre la necesidad de que el líder libio renuncie voluntariamente al poder. También el ministro federal de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, elogió la decisión del Consejo como “la respuesta clara que la comunidad internacional esperaba a la brutalidad del Gobierno libio”.
La corte de La Haya, un tópico controversial
El texto aprobado contempla penalidades que van desde prohibir los viajes al extranjero de Gadafi, miembros de su familia y de su entorno inmediato, y congelar sus cuentas bancarias internacionales, hasta embargar la venta de armamento a la nación magrebí. La resolución incluye también sanciones económicas contra el estamento libio y denuncia sus actos de violencia contra la población como crímenes de lesa humanidad que “merecen ser juzgados por la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI)”. El juzgamiento de los ataques “extendidos y sistemáticos” a los manifestantes civiles fue el tópico más controversial durante la discusión del proyecto de resolución en Washington.
Según fuentes cercanas a la ONU, varios miembros del Consejo –entre ellos Rusia y China, países con derecho a veto en donde también se ha hecho uso excesivo de la violencia de Estado en el pasado– se mostraron renuentes a incluir la referencia a la CPI en la resolución por percibirla como una intervención demasiado flagrante en los asuntos internos de otra nación. Pero, tras diez horas de deliberaciones, los diplomáticos llegaron al compromiso de conservar la mención de la CPI a cambio de que no se implemente de inmediato. Esta moción pone sobre aviso a todo gobernante que pretenda doblegar a sus opositores echando mano a las armas y al arsenal bélico de su país.
Piden que no se juzgue a justos por pecadores
El embajador libio ante la ONU, Abdurrahim Shalgham, celebró la resolución como un gesto de “respaldo moral” hacia los manifestantes. Y es que, aunque esta medida no protege la integridad física de los opositores ni garantiza la dimisión inmediata de Gadafi, ella ejerce una presión considerable sobre el dictador para que deje de usar la violencia contra civiles, sea mediante la contratación de mercenarios extranjeros u ordenando abrir fuego a los sectores de la policía y del Ejército libios que le siguen siendo fieles. Por otro lado, Shalgham pidió al Consejo que no aplicara las sanciones a representantes del Gobierno de Gadafi que, como él mismo, se distanciaron del régimen hace unos días.
Varios altos funcionarios del Gobierno de Trípoli renunciaron a sus cargos cuando los manifestantes comenzaron a ser reprimidos brutalmente en las calles. La ONU estima que más de mil personas han muerto a manos de las fuerzas leales a Gadafi desde que las protestas populares comenzaron en Libia el 15 de febrero, inspiradas por revueltas similares en Túnez y Egipto. Y algunos analistas sugieren que, si la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU no consigue persuadir a Gadafi de poner alto al fuego, la crisis ameritaría una intervención militar que no ha sido solicitada por la insurgencia libia –que este domingo (27.2.2011) dijo haber formado un Gobierno de transición–, que no entusiasma a los miembros de la OTAN y que ha sido denunciada por voceros de varios Estados como un objetivo solapado y oportunista de Washington y Bruselas.
Un embargo con efecto inmediato
El Consejo demandó poner fin inmediato a la violencia y medidas para cumplir con las demandas legítimas de la población en Libia –entre ellas, el levantamiento de las restricciones impuestas a los medios de comunicación–; llamó a las autoridades libias a actuar “con moderación, respetar los derechos humanos y la ley humanitaria internacional” y a facilitar sin dilaciones el monitoreo internacional de esas medidas. Procurando consumar lo antes posible el embargo de armas, varios países miembro de la ONU han anunciado que harán lo necesario para evitar el suministro directo e indirecto a Libia de armas, municiones, vehículos militares y pertrecho bélico de toda índole.
El capítulo 7 de la Carta de la ONU ha sido invocado en el pasado para desplegar misiones de pacificación y realizar operaciones militares en Irak y Somalia. Y las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Darfur son las únicas que han sido remitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Autor: Evan Romero-Castillo / dpa
Editora: Claudia Herrera-Pahl