"Mas sabe que el referendo no va a celebrarse"
19 de septiembre de 2014DW: Escocia ha votado no a la independencia del Reino Unido. ¿Supone el resultado un alivio para el Gobierno español?
Santiago Fisas: El caso escocés es diferente al catalán. En Escocia se ha votado dentro de la legalidad, algo que el pretendido referéndum catalán no cumpliría. El resultado ha sido más importante de lo esperado, con más de diez puntos de diferencia a favor del no. Me alegro porque quiere decir que los escoceses van a seguir formando parte de la UE. Asimismo, se puede sacar otra conclusión. No es lo mismo los movimientos de la calle que los resultados en las urnas. Por mucho que la gente se manifieste, no quiere decir que sea el sentir mayoritario. El resultado es muy positivo.
¿Qué diferencias y similitudes existen entre el proceso separatista escocés y el catalán?
Como ya he dicho, la principal diferencia es la legalidad de la consulta. Cataluña redactó una pregunta a espaldas del gobierno español. David Cameron, al igual que Mariano Rajoy, es un demócrata como lo son todos los líderes europeos. Lo de Cameron, sin embargo, ha sido una táctica. El gobierno escocés quería una tercera pregunta acerca de aumentar las competencias con respecto al Reino Unido, y fue Cameron quien dijo que no, porque en su momento creía que iba a ganar con más del sesenta por ciento de los votos a favor de la unidad. Una vez se apretaron las encuestas, se asustó y ofreció una serie de competencias a Escocia. Eso sí, ha asegurado que le ofrecerá lo mismo a Inglaterra, a Gales y a Irlanda del Norte. En Cataluña es evidente que ha habido una cierta propaganda e intoxicación hacia la independencia. Tengo la sensación de que el presidente Mas quiere ya inmolarse puesto que sabe que ese referéndum ilegal no va a celebrarse.
La idea de Europa es unir Estados, no fragmentarlos. ¿Qué consecuencias va a sufrir el continente ahora que los escoceses han podido decidir acerca de su futuro? ¿Sienta un precedente?
Creo que si. Europa es un sinónimo de unidad. Nuestra historia reciente ha consistido en olvidar las disputas, las guerras y superar los conflictos. Cualquier secesión de un Estado va en contra de la idea que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, advertía esta semana de las dificultades que podría encontrarse una Escocia independiente para reingresar en la UE y la OTAN ya que varios Estados miembros, entre los que figura España, podrían vetar su adhesión para no dar alas a sus propios movimientos secesionistas.
Si una región se separa de un Estado queda automáticamente fuera de la UE. A partir de ese momento se abre un proceso de adhesión que requiere la unanimidad de todos los Estados miembros. Ahora bien, creo que incluso antes que España, otros países vetarían la entrada de nuevos Estados recién escindidos. Escocia hubiera quedado fuera tan bien pero, al haber realizado el proceso dentro de la legalidad, tendría más posibilidades de éxito.
Está previsto que dentro de unas horas el Parlamento catalán apruebe la ley de consultas, con su posterior publicación en el Boletín oficial de Cataluña, y el Decreto de Convocatoria del Referéndum del 9-N por parte de la Generalitat. Puesto que el Gobierno va a impugnar dicha ley, pocos días después el Tribunal Constitucional admitirá a trámite la impugnación y, de manera automática, quedará suspendida la ley de consultas. ¿Cree que la maquinaria legal será capaz de desalentar a los catalanes de sus aspiraciones secesionistas?
Quiero creer al presidente Mas cuando dice que no va a hacer nada ilegal. Asimismo, creo que Mas ha hecho mucho daño a Cataluña y a los catalanes porque les ha incitado y les ha hecho creer que la independencia era posible, era factible y era conveniente, y hay muchos catalanes de buena fe que se lo han creído. Eso ha provocado una división muy grande en el país y va a provocar gran frustración cuando la población se de cuenta de que tal acción no es posible. A partir de ahí habrá que recomponer los platos rotos, dialogar mucho y tratar de llegar a acuerdos, siempre dentro de la legalidad.
Aunque el TC suspenda cautelarmente dicha ley, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha afirmado que su objetivo es votar porque, y cito textualmente, “hay derechos inalienables preexistentes a los códigos legales actuales”. ¿Qué opinión le merece esa actitud?
No hay democracia sin ley. Es evidente que Junqueras está tratando de acorralar y dividir a Democracia i Unió para sacar el mayor rédito político posible, lo que está haciendo mucho daño a la convivencia entre todos los catalanes. Si en un hipotético caso, y actuando de forma cínica por la imposibilidad de realizar la consulta decidieran sacar las urnas de cartón a las calles, lo único que conseguirían es hacer un ridículo espantoso que descalificaría a la independencia catalana con respecto a Europa. Eso es lo que más asusta al presidente Mas, que sabe que Europa no admite nada que vaya en contra de la ilegalidad.
En la misma línea, el líder de ERC ha llamado a la desobediencia civil en caso de que el Gobierno no permita realizar la consulta el 9-N. El ministro de Asuntos Exteriores, por su parte, ha avisado que aplicará el artículo 155 de la Constitución si el Parlamento catalán aprueba hoy la ley de consultas. ¿Podría considerarse una amenaza las declaraciones del ministro, José Manuel García-Margallo?
El ministro simplemente ha dicho que se aplicará la legalidad, no ha dicho de qué forma. Espero que se agoten los cauces de diálogo y no sea necesario tomar medidas drásticas.
El Partido Popular ha mostrado siempre su rechazo al derecho de autodeterminación de Cataluña. ¿Qué alternativa política le ofrecen ustedes al pueblo catalán?
El PP catalán ha propuesto crear un tipo de pacto fiscal manteniendo siempre cierta solidaridad con las diferentes regiones de España, haciendo algo parecido a lo que sucede con los Bundesländer alemanes. Aunque entiendo que muchas veces las propuestas no se aceptan a la primera, también creo que se debe estudiar si hay alguna reclamación justa por parte de Cataluña. Rajoy no se ha negado en absoluto a estudiar estas peticiones por parte de la Generalitat.
A pesar de que una parte de la prensa británica ya señala a Salmond como el gran derrotado tras la votación, es innegable que el Gobierno de David Cameron ha recibido un gran toque de atención. El viceprimer ministro, Nick Clegg, ha reconocido la necesidad de realizar una reforma constitucional profunda que afecte a todo el país. ¿No debería hacer lo mismo el Gobierno de España?
La Constitución es la que hay y tiene sus propios medios para reformarse. Antes de hacer nada hay que saber qué se quiere reformar, porque cuando se abre el melón pueden surgir muchas sorpresas. Cada país tiene sus leyes, sus tradiciones y su forma de actuar. Pretender que pueda haber un mimetismo total entre Reino Unido y España es imposible. La autodeterminación, según Naciones Unidas, sólo se puede dar en tres casos que, desde luego, Cataluña no cumple. Reino Unido es una excepción porque carece de constitución.
Todos aquellos que han vivido de primera mano el referéndum afirman el buen ambiente que se respira en Escocia estos días. ¿Será posible que vivamos un proceso de estas características en Cataluña?
Como creo que no va a haber referéndum, sé que no se va a dar esta cuestión. Durante las pasadas elecciones europeas sufrimos acosos importantes por parte de colectivos minoritarios con algunas escenas de violencia como las que afectaron al ministro Montoro y a nuestra presidenta, Alicia Sánchez Camacho. Entre los otros candidatos eurodiputados, sin embargo, ha habido una gran cordialidad. Todas las ideas son válidas y hay que respetar las opiniones de todo tipo. Si hay problemas en Cataluña no es por parte de los que queremos la unidad de España. Los que tienen que aplicarse la lección son los independentistas, no nosotros.
Artículo 155: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.