Miles de rumanos contra ley que socava lucha anticorrupción
20 de enero de 2018
Más de 50.000 rumanos protestaron este sábado (20.01.2018) en Bucarest contra una polémica reforma de la Justicia, aprobada en diciembre por el Parlamento a iniciativa del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) y de la que sus detractores afirman que socava la independencia judicial, según medios locales.
"Justicia, no corrupción" y "Resistimos, no cedemos" vociferaron las decenas de miles manifestantes durante la marcha que se inició, pese a una intensa nevada, en la emblemática Plaza de la Universidad, donde se gestó la revolución que provocó la caída de la dictadura comunista en 1989, y que terminó frente al Parlamento.
"No podemos permitir que los ladrones dirijan Rumania, que aprueben leyes que les permitan a escapar de la cárcel", dijo a EFE la traductora Ana Popa, que salió a la calle para mostrar su malestar ante una clase política que "sólo piensa en sus intereses personales".
"Debemos cambiar la mentalidad de robarnos a nosotros mismos. Ya ha pasado una generación tras el comunismo, pero parece que sus hijos se han instalado en el poder y hacen lo mismo que sus predecesores", lamentó Adrian Paun, economista de 39 años.
En la ciudad transilvana de Cluj-Napoca se manifestaron unas 5.000 personas, al igual que en Timisoara, mientras que unos 3.000 ciudadanos hicieron lo propio en Iasi, según informó la agencia nacional rumana Agerpres.
La controvertida reforma judicial, que incluye cambios en la inspección de la conducta de los jueces y en la elección de los fiscales, fue aprobada en diciembre pasado por el Parlamento, pero debe ser promulgada por el presidente rumano, Klaus Iohannis, quien todavía no ha confirmado si la ratificará. Los cambios podrían impedir el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, institución que ha llevado ante la justicia a altos cargos políticos en Rumania, como al exprimer ministro Adrian Nastase.
Además, la ley permitirá al ministro de Justicia intervenir en el trabajo de los jueces y fiscales, y da a los fiscales superiores potestad para ordenar el cese de investigaciones si consideran que éstas son "ilegales o infundadas". (EFE)