“Apenas hay 12 sentencias para más de 37 mil desapariciones”

"Mamá, ahorita llego”, le dijo Hugo Marcelino González Salazar a su madre por teléfono la tarde del 20 de julio de 2009. Nueve años después, María Elena Salazar sigue buscando a su hijo, uno de los 37.435 desaparecidos en México, el segundo país con más desapariciones forzadas en el pasado año, sólo por detrás de Siria.

"No se preocupe, al rato vuelve”, le respondían repetidamente en las oficinas de la comandancia de Torreón, donde conoció a otra veintena de madres y se dieron cuenta de que "la tragedia era de dimensiones mayores”. Juntas formaron en 2009 el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) que ahora ya suma a 150 familias de esa entidad federativa, uno de los cinco estados fronterizos con Estados Unidos donde se ubica un 42% de las desapariciones en el país debido a la mayor presencia de crimen organizado, según informe de CEDEHM (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres).

"Desde la noche en que desapareció, me convertí en investigadora. Los cinco tomos de expediente los he hecho yo como madre, ellos no investigan y aún me traen con vueltas”, reclama María Elena. La madre tocó todas las puertas de Torreón en busca de alguna pista y colgó centenares de carteles que los mismos agentes retiraban. "No quieren que la sociedad se dé cuenta del enorme problema”, considera. Su marido recorrió a diario las carreteras de la zona por donde se especulaba que soltaban a los jóvenes. Nada. En esa búsqueda, María Elena se topó con el rechazo de sus vecinos que a menudo sugerían que "si le pasó es porque algo hizo, en algo malo andaba”. Una idea que, según ella, se encargan de esparcir las mismas autoridades "para evadir su responsabilidad”.

Durante años los familiares participaron en los operativos de búsqueda mensuales de la Fiscalía. Con pico y pala desenterraban en cada batida por el monte cientos de pedacitos humanos calcinados, como suelen deshacerse de sus víctimas los grupos armados en México para no dejar rastro. Sin embargo, esos restos nunca han llegado a identificarse. "Sólo en Coahuila, la Fiscalía tiene unos 120 mil restos humanos y apenas se han identificado una veintena de personas”, asegura a DW Grace Fernández, representante de FUNDEC, quien añade que "faltan medios y capacitación, pues los laboratorios están saturados”.

Una Justicia rebasada por la falta de recursos

Asimismo, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas se ve desbordada: apenas cuenta con 29 agentes del Ministerio Público y 58 policías para atender unos mil expedientes federales. En ese sentido, los colectivos de víctimas consideran "simulada y limitada” la nueva ley de desaparición, así como "insuficiente” la nueva comisión para ese fin que, según reportes de medios locales, tan solo dispone de 20 empleados. Sobre esas críticas, el fiscal para la búsqueda de desaparecidos, Abel Galván, defiende que la ley es "amplia y completa” y asegura a DW que "el próximo año se aumentará la proyección humana a unos 100 ministerios públicos para el titánico reto de aplicación”.

La impunidad generalizada será otro de los desafíos. El responsable de  Derechos Humanos del centro investigativo Fundar, Humberto Guerrero, afirma a este medio que "apenas hay 12 sentencias para las más de 37 mil desapariciones”. Para el abogado, tal y como han denunciado numerosas organizaciones, esto se debe a la implicación de la fuerza pública por connivencia o participación activa en las desapariciones. "Las instancias no son independientes, no van a investigarse a sí mismos, por eso falta voluntad política para otorgar los recursos necesarios”, zanja. Así ocurrió con Dan Jeremeel Fernández Morán, hermano de Grace Fernández, desaparecido el 19 de diciembre de 2008 a manos de dos tenientes entre otros.

Ante los recelos por la ineficacia del Estado, tanto Grace como María Elena dejaron de ‘buscar en el monte' y se dedicaron a presionar a través de organismos internacionales. "La desesperación nos lleva a buscar en cualquier parte, pero de nada sirve si no se identifican los restos y no se castiga a los culpables”, señala María Elena. Gracias a esos esfuerzos, entre otros, el Alto Comisionado de la ONU comenzó a denunciar decenas de casos. México ocupa ya el primer lugar con 66% de las 500 peticiones urgentes de Naciones Unidas para la localización de personas en el último sexenio, por delante de Irak y Colombia.

En México desaparece una persona cada dos horas. La desaparición forzada es el método recurrente para sembrar terror entre la población y ejercer control social por parte de las bandas del narcotráfico. Pero María Elena perdió el miedo: "No me puede pasar nada peor, mientras tenga vida seguiré exigiendo hasta que Hugo vuelva a casa”.

Aitor Sáez, Ciudad de México (er)

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