México: “Que la verdad no salga a la luz“
24 de marzo de 2018
Desde hace años México está sumido en una espiral de violaciones de los derechos humanos, violencia e impunidad. En ella están implicadas tanto las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército y las distintas corporaciones policiales, como grupos criminales, que actúan bajo la certidumbre de que es mejor matar que dejar vivo a un testigo.
Las cifras hablan por sí solas. México tiene más de 35.000 desaparecidos. El problema es la corrupción y la impunidad que van de la mano por la colusión de autoridades estatales, federales y locales con la delincuencia organizada.
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Un centenar de organizaciones civiles ha solicitado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, la conformación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, ante la incapacidad de las instituciones del Estado mexicano para investigar y castigar los crímenes que se cometen en el país. La solicitud fue realizada durante el 32° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tuvo lugar los días 14 y 15 de marzo de 2018.
"No se quiere que salga a la luz la verdad"
"Las instituciones del Estado mexicano no tienen la capacidad ni tampoco la voluntad política de investigar, no se quiere que salga a la luz la verdad. Tenemos un caso paradigmático como es el de Ayotzinapa y ni siquiera habiendo ojos internacionales se ha podido llegar a la verdad", afirma la joven activista Olga Guzmán, que estuvo en Ginebra en representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Guzmán se reunió posteriormente en Berlín y en París con representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios de Alemania y Francia.
En la capital alemana tomó parte en una reunión anual con organizaciones civiles alemanas y representantes del Ministerio alemán del Exterior que se ocupan sobre la situación en México.
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La activista sostiene que las autoridades alemanas saben muy bien lo que sucede en México, sin embargo no hay una condena pública, ni una presión diplomática hacia las autoridades mexicanas. "Tiene que haber más contundencia en los pronunciamientos porque al Gobierno de México le importa mucho lo que internacionalmente se dice de él". La activista exhortó a las autoridades de Alemania y Francia a que respalden la creación de un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad en el país.
La activista recuerda que una institución similar, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), devolvió a los guatemaltecos la confianza en las instituciones en la lucha con la corrupción. Aunque, de momento, el proceso haya sufrido un retroceso con el actual presidente, Jimmy Morales.
Descrédito de relatores e investigadores
El Gobierno mexicano rechazó en 2015 el informe del entonces relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, que afirmó que en México la tortura es una práctica generalizada, sobre todo en el momento de la detención y antes de poner a los acusados a disposición de la Justicia.
El Gobierno mexicano también rechazó y desacreditó las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegaron a México para indagar sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una de las peores atrocidades cometidas en el país.
Según una investigación del diario The New York Times, publicada en julio de 2017, las autoridades mexicanas espiaron al grupo de investigadores a través de un programa de espionaje de alta tecnología conocido como Pegasus, que compró el Gobierno federal por unos 80 millones de dólares. El programa espía, de manufactura israelí, se comercializa de manera exclusiva a gobiernos con la condición de que sea utilizado contra delincuentes y terroristas. Las autoridades mexicanas lo utilizaron para espiar a académicos, abogados, y periodistas, entre ellos, los expertos del GIEI.
La PGR estuvo fabricando delincuentes
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicó un informe a mediados de marzo que documenta 34 casos de torturas en la investigación del caso Ayotzinapa, cuando la Procuraduría General de la República (PGR), -la fiscalía general- dirigida entonces por Jesús Murillo Karam, asumió las investigaciones, entre septiembre de 2014 y enero de 2016. "Además de que no sabemos realmente cuál fue el destino de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ahora sabemos que las autoridades federales estuvieron deteniendo a personas, estuvieron fabricando delincuentes", destaca Olga Guzmán.
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"Ayotzinapa evidenció el fracaso de nuestras instituciones. Pero desafortunadamente no hay 43, sino más de 35.000 desaparecidos en el país, de acuerdo a cifras oficiales. Y no sabemos la verdadera cifra, porque muchas víctimas no denuncian por temor, o porque no le tienen confianza a las instituciones. Hay más de 10.000 denuncias e investigaciones penales abiertas, tanto en la PGR como en las fiscalías especiales, de ellas hay menos de diez sentencias condenatorias".
Es necesario el acompañamiento internacional
La activista subraya que la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México, en el que participen expertos internacionales, es una exigencia de los colectivos de víctimas. Sin embargo Olga Guzmán advierte que el problema no estará resuelto mientras no se tenga una fiscalía, una PGR independiente y autónoma que pueda avanzar en la investigación de los delitos. "Una institución que tenga una política de investigación criminal definida".
La activista recuerda a la serie de gobernadores que han sido detenidos porque había evidencias que eran apabullantes. "Pero ninguna investigación ha sido judicializada, ¿porqué? Porque no se quiere que la verdad salga a la luz".
Sin embargo, Guzmán confía en que la situación cambie con la siguiente administración. "El propio Ricardo Anaya (candidato presidencial del Partido Acción Nacional, PAN), dijo que él estaría dispuesto a que se estableciera un Mecanismo Internacional contra la Corrupción. "Él lo ha dicho. Es un tema en la agenda electoral. Para combatir la impunidad no sólo se necesita esta capacitación y asistencia técnica que está ofreciendo el gobierno de Alemania a México a través de instituciones como la PGR".
"Para poner presión a los funcionarios mexicanos es necesario un mecanismo que esté siempre monitoreando las investigaciones penales, cuando hay casos de violaciones a los derechos humanos en donde además, estén involucrados altos mandos, e incluso altos mandos militares. Necesitamos medidas radicales".
Autora: Eva Usi (MS)
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