México: el “sistema perfecto” para asesinar a periodistas

A Pablo Morrugares no le sirvió de nada estar bajo un programa gubernamental de protección para reporteros amenazados. El periodista fue asesinado a balazos junto a su escolta en un bar de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, el pasado 2 de agosto. Morrugares, quien había fundado el portal PM Noticias en 2016, era bien conocido por su cobertura local del crimen organizado.

Pero el asesinato del informador no es ninguna excepción. México es, según un informe de la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) publicado este martes (29.12.2020), el país con más periodistas asesinados del mundo. Con ocho víctimas mortales, México se consolida como el país más letal para la profesión, por delante de India, Pakistán, Filipinas y Honduras.

El mundo se confinó por la pandemia del nuevo coronavirus, pero los ataques contra la prensa continuaron. "Los perpetradores de estos crímenes no descansan”, dice a DW la representante de RSF en México, Balbina Flores. Sumando los casi 40 informadores que fallecieron por COVID-19 en el país, continúa Flores, la profesión tiene poco que celebrar en un año como este.

Esta lúgubre realidad dista sin embargo de ser una novedad. En los últimos cinco años, México ha registrado un invariable promedio de entre ocho y diez periodistas asesinados cada año, según los datos de RSF.

"La situación de histórica impunidad de los asesinatos de periodistas en México es el principal factor”, explica Flores, quien subraya además que "en la medida en que la impunidad se mantiene, los perpetradores siguen actuando”. Una inmensa mayoría de los casos de ataques contra la prensa no llegan a resolverse nunca. La ONG Artículo 19 ha llevado a cabo un registro minucioso de este problema y afirma que un 99,13% de los casos quedan impunes. La justicia aquí es una rarísima excepción.

Paula Saucedo, oficial de Protección de Artículo 19, que defiende la libertad periodística en el mundo, ahonda en entrevista con DW en las razones de esa impunidad: "La mayoría de los ataques (no letales) contra la prensa vienen de personas servidoras públicas”. En su opinión, "si analizamos esto y cómo se relaciona con la impunidad, se entiende por qué no se investigan o resuelven los casos”.

La existencia de otras fuerzas fácticas en el país, como el crimen organizado o los intereses del sector privado, explica en opinión de Saucedo la dureza de la violencia contra la prensa en México. "Justamente el periodismo representa un contrapeso hacia el Gobierno, por eso se les ataca mucho más dependiendo de los ámbitos que cubran”.

Ambas expertas consultadas coinciden en que los periodistas dedicados a la nota roja, el crimen organizado, el derecho a la tierra, la corrupción política o los derechos humanos son los más vulnerables, especialmente en el ámbito local, donde son un objetivo más fácil para las bandas criminales o los agentes del Estado. En las llamadas "zonas de silencio”, como el estado mexicano de Tamaulipas, la prensa directamente calla.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), explica a DW que la precariedad económica en la que trabajan los reporteros contribuye a exponerlos a esta violencia.

El rol del Gobierno

"El presidente ha sido abiertamente hostil contra medios de comunicación independientes que han sido críticos con él, como Proceso o Reforma, tiende a señalar a periodistas o medios de comunicación”, sostiene Hootsen. Hasta The New York Times se ha ganado la antipatía de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a decir sobre el rotativo que "no tienen profesionalismo y les falta ética”.

Aunque Hootsen no considera que eso esté directamente relacionado con los asesinatos de periodistas en México, sí apunta que "el presidente ha fallado a sus promesas iniciales de defender la libertad de prensa al no invertir más dinero en proteger a los periodistas amenazados, ni con sus ataques a los medios de comunicación críticos”.

"Extrañamos una mayor implicación del gobierno en la protección de los informadores”, lamenta Balbina Flores. De los ocho periodistas asesinados este año, dos de ellos estaban bajo la protección del mecanismo de la Secretaría de Gobernación, según datos de RSF. Para Flores, "esto es inaceptable”.

Pese a la escasez de sentencias condenatorias por asesinatos de reporteros en el país, dos casos de alto perfil sí terminaron en condenas este año, entre ellos la pena de 50 años de prisión para el asesino de la periodista de investigación Miroslava Breach Velducea en 2017. Pero el CPJ advierte de que en ambos casos han sido pistoleros a sueldo los condenados. Quienes ordenaron silenciar a estos periodistas siguen amparados por la impunidad.

Hootsen, también reportero, critica por tanto que "los fiscales y los cuerpos policiales mexicanos no están investigando los crímenes contra periodistas como deberían, ni están ofreciendo el apoyo y la asistencia a los reporteros y sus familias que idealmente deberíamos ver en una democracia”. Para Saucedo, el país "México tiene el sistema perfecto para la violencia contra los periodistas”. La nueva normalidad de México está tan manchada de sangre de periodistas como la antigua.

(jov)