México y Colombia, a la búsqueda de sus desaparecidos

El delirante viaje de 273 cadáveres a bordo de un camión refrigerado durante dos semanas en el estado mexicano de Jalisco parecería haber salido de una novela. Los habitantes del marginal barrio de Tlajomulco se quejaron de un hediondo olor y de la sangre que chorreaba de un tráiler. La fiscalía de Jalisco explicó que no había sido intencional que el camión se moviera, sino que se intentaba llevar los cuerpos sin reclamar a una bodega refrigerada, pero el plan se complicó y el tráiler terminó dando vueltas por la ciudad durante dos semanas. La insólita noticia se volvió viral.

Rainer Huhle, vicepresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, recordó el macabro caso de los contenedores que, dijo, le revolvieron el estómago. Huhle presentó en Berlín 16 recomendaciones a los Estados soberanos para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. "Son recomendaciones sobre lo que debe hacerse y lo que no", destacó Huhle.  El caso en Jalisco provocó una tormenta de protestas de familiares de desaparecidos que, provenientes de otros estados de la república mexicana, reclamaban que esos cuerpos no eran basura, y que tenían un nombre.   

Una reunión de expertos en Derechos Humanos convocada por el ministerio alemán del Exterior, la agencia alemana para la cooperación (GIZ), así como el Instituto alemán para los DD.HH., tuvo como punto central la presentación, este 8 de mayo, de un documento formulado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, basado en buena medida en las experiencias de familiares, colectivos y organizaciones civiles.

Caso mexicano: buenas intenciones, cero resultados

"Son orientaciones, principios guías. Esperamos que para las autoridades federales sea una guía orientadora para mejorar las prácticas. Yo he hablado en Jalisco con la Comisión de Derechos Humanos del estado, y con el actual gobierno y he visto buena disposición. Pero más allá de la buena voluntad, lo que necesitamos es que en la realidad haya un cambio", afirma Huhle en conversación con DW.

Aunque México es uno de los 56 países que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, no ha reconocido hasta ahora la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos individuales. La desaparición forzada de personas es uno de los delitos más lacerantes para una sociedad, pues implica la participación directa o indirecta de autoridades o servidores públicos, aunque también puede haber desaparición forzosa perpetrada por particulares.

El actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, Alejandro Encinas, cifró en 40.000 el número de desaparecidos en México, y reconoció la existencia de unos 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, así como más de 1.100 fosas clandestinas sin exhumar.

Según Huhle, problemas hay en todas las áreas, "empezando por la búsqueda. A pesar de que existe ahora una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que siempre hemos promovido y apoyado desde el Comité, todavía no vemos resultados", afirma.  El politólogo alemán recuerda, además, que "El Comité ya tiene como 5 o 6 años pidiendo una visita al país, que todavía México no ha concedido, a pesar de que es una facilidad que la Convención claramente prevé".

El país latinoamericano, que registra niveles récord de violencia, no ha ratificado la competencia del Comité. "Quisiéramos que México ratifique la posibilidad de que se presenten peticiones individuales de mexicanos al Comité. Hemos visto con gran interés que incluso jueces mexicanos han pedido eso al gobierno, pero éste es soberano y el que decide. Sin embargo, creemos que es necesario hacerlo".

Caso colombiano: más de 60 años de conflicto

Si el caso mexicano es un desafío mayúsculo, ni qué decir del colombiano, en donde más de 60 años de conflicto armado han dejado un problema que se propone enfrentar Luz María Monzón, directora de la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos, una entidad que ha sido incluida como parte de los acuerdos para la paz.

"Colombia se encuentra en un punto fundamental tras haber tomado la decisión política de crear un mecanismo exclusivamente para la búsqueda. Es una decisión política muy importante, considerando que durante muchas décadas Colombia negó que hubiera desaparecidos", señaló en entrevista con DW.

La abogada y reconocida defensora de DD.HH. destaca sin embargo que el país está ante un desafío gigantesco y destinar suficientes recursos financieros, técnicos y científicos para enfrentar una tarea de gran magnitud será fundamental.

"Tenemos más de 100.000 personas desaparecidas en los más de 60 años de conflicto. La decisión política tiene que estar acompañada de una voluntad permanente para sostener y fortalecer el mecanismo que ayude a encontrarlos, que ayude a construir las condiciones de convivencia y de confianza que se rompen cuando las personas son desaparecidas", añadió.

La unidad que dirige Luz María Monzón, está apenas en sus inicios. "Estamos en la etapa de implementación, de documentación. Esperamos que con el proyecto que estamos desarrollando logremos identificar por lo menos a unos 2,100 cuerpos, y es probable que encontremos entre ellos a muchos desaparecidos".

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Como consecuencia, fue creado el Comité contra las Desapariciones Forzadas, integrado por 10 expertos independientes, que celebró su primera sesión en noviembre de 2011.

(CP)