ONU denuncia aumento de violencia en zonas rurales de Haití
29 de noviembre de 2023La violencia de bandas criminales en Haití, que ha sumido al país en el caos y ha causado la muerte de al menos 3.960 personas en lo que va de año, se está extendiendo de la capital Puerto Príncipe a otras zonas rurales del país antes consideradas seguras, advierte este martes (28.11.2023) un informe de Naciones Unidas.
El informe se centra en la situación del departamento de Artibonito, en el centro del país y a unos 100 kilómetros de la capital haitiana, donde los niveles de violencia han aumentado notablemente y al menos 1.694 personas han sido víctimas de asesinatos, ataques y secuestros desde enero de 2022.
Los actos violentos en la zona incluyen frecuentes secuestros a usuarios de transporte públicos, violencia sexual contra mujeres y niños, saqueos de granjas, campos y ganado, así como destrucción de canales de riego, denuncia el informe de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos y la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití.
Ello ha contribuido a que más de 22.000 personas hayan dejado sus hogares en diversas localidades del departamento, reduciendo los campos de cultivo y aumentando la inseguridad alimentaria que sufre el país.
"Incapacidad de la policía"
"A medida que se expande la violencia contra la población, dentro y fuera de Puerto Príncipe, y ante la incapacidad de la policía para detenerla, es necesario que lo antes posible se despliegue en Haití una misión multinacional de seguridad", destacó al conocerse el informe el alto comisionado de la ONU para derechos humanos, Volker Türk.
Esta fuerza fue aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado octubre, ante el llamamiento de ayuda internacional de las propias autoridades de Haití dado el creciente poder de actuación de las bandas violentas, muchas de ellas surgidas de antiguos cuerpos de seguridad privada de políticos del país.
El informe también subrayó que deben aumentarse los esfuerzos para fortalecer las instituciones haitianas con el fin de garantizar el estado de derecho, incluidas la policía, la Justicia y el sistema penitenciario.
mg (efe, afp)