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Papeles de Pandora incriminan a políticos latinoamericanos

4 de octubre de 2021

La revelación de los "Pandora Papers" obliga a varios presidentes latinoamericanos a dar explicaciones, pero a la larga no afectará el comportamiento de la élite política, según observadores.

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Presidentes Sebastian Pinera, Guillermo Lasso, Luis Abinader
Tres presidentes en apuros: Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana).

La publicación de los Papeles de Pandora es un tsunami político para las élites de América Latina. Hasta ahora, ninguna otra región del mundo está tan representada en la mayor filtración de datos sobre los llamados paraísos fiscales como América Latina. Casi 100 funcionarios políticos de 18 países de la región estarían relacionados con negocios extraterritoriales, es decir, transacciones financieras en una ubicación no sujeta a la legislación de su país de origen.

Estas prácticas parecen estar muy extendidas incluso entre las más altas esferas de las élites políticas latinoamericanas. De los 35 presidentes en el cargo o expresidentes, cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados, 14 son de América Latina. Las revelaciones actuales podrían resultar particularmente desagradables para tres presidentes en ejercicio: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y Luis Abinader, de la República Dominicana.

La nueva filtración de datos de 2,9 terabytes fue publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Infografik Pandora Papers im Vergleich ES

Ewald Scharfenberg, periodista venezolano y miembro del ICIJ, enfatizó en entrevista con DW la importancia de estas revelaciones para América Latina: "En una región marcada por la desigualdad, estos documentos demuestran la brecha entre los ciudadanos normales y fieles a la ley y los que tienen acceso a paraísos fiscales y los utilizan para fines propios". Pero precisamente porque una gran parte de esta élite política está involucrada en estas prácticas, es escasa la probabilidad de que esta misma clase política tome medidas contra esta "economía sumergida", concluye el periodista de investigación.

Fingiendo transparencia, ocultando fondos

El escepticismo del periodista Scharfenberg no es infundado. A principios de agosto de este año, las dos figuras más destacadas de los "Pandora Papers" en América Latina, Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador, respondieron preguntas de la prensa. Cuando se les preguntó sobre los paraísos fiscales, Piñera dijo que estaba a favor de la abolición de todos los paraísos fiscales, ya que a menudo se utilizan para maquinaciones ilegales, negocios moralmente dudosos o evasión fiscal. Agregó que estaba convencido de que "los paraísos fiscales deben desaparecer para que las transacciones financieras internacionales sean más transparentes". 

El presidente Piñera, una de las personas más ricas de Chile, negó de inmediato haber violado ninguna ley. Según los "Pandora Papers", la familia del político es el mayor accionista del controvertido proyecto de construcción de Dominga en el norte del país. De acuerdo con la filtración, sus hijos y su esposa administran los bienes de la familia a través del paraíso fiscal de la Islas Vírgenes. En un comunicado, el multimillonario enfatizó que no estuvo involucrado ni informado sobre las transacciones en cuestión.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también subrayó de inmediato su inocencia en Twitter. Dijo que no era propietario de bienes raíces en paraísos fiscales. Afirmó que su extensa fortuna es el resultado de su trabajo en el Banco de Guayaquil, del cual es el mayor accionista.

Sin sorpresas

Lo que salió a la luz sobre América Latina tampoco fue una sorpresa para los ciudadanos de América Latina, dice Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP) en Berlín: "Las élites políticas de la región siempre han buscado sus oportunidades financieras en el extranjero y no en sus países”.

Sabine Kurtenbach, del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos en Hamburgo, tampoco se muestra sorprendida. La fusión entre cargos políticos y empresas privadas está muy extendida en América Latina. "En última instancia, cosas como la transparencia y la rendición de cuentas dependen del equilibrio de poder entre las respectivas élites, la sociedad civil y el poder judicial", sostiene Kurtenbach. Solo una sociedad civil fuerte y un poder judicial independiente podrían garantizar que la élite política acate las leyes en vigor.

 Günther Maihold
Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP) en Berlín.Imagen: DW

"Todo para mis amigos, la ley para mis enemigos"

Tanto Maihold como Kurtenbach coinciden en que no siempre está claro si esta o cualquier otra práctica es legal o ilegal. En muchos casos, sin embargo, es probable que se trate de elusión fiscal.

Ahora la pelota rueda hacia las autoridades fiscales de los respectivos países, que deben verificar la gran cantidad de documentos en busca de delitos punibles. El problema radica en que muchas de las vías por las que ha fluido el dinero en un principio son o parecen legales, gracias a leyes que los propios políticos han promovido o incluso aprobado.

"Todo para mis amigos, la ley para mis enemigos" es un dicho que se atribuye al expresidente brasileño Getulio Vargas, pero que también encajaría con muchos otros presidentes latinoamericanos, coinciden tanto Kurtenbach como Maihold. 

La catedrática Sabine Kurtenbach, del Instituto GIGA para Estudios Latinomericanos.
Sabine Kurtenbach, del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos en Hamburgo.Imagen: GIGA/B. Rostami

Instituciones democráticas débiles

En la actualidad, América Latina está experimentando un retroceso dramático en ámbitos democráticos y de Estado de derecho, dijo Kurtenbach. "Las leyes solo se aplican si se pueden instrumentalizar políticamente". Para cambiar esto, se necesitaría una transición larga que incluya la educación y la reducción de la desigualdad social.

A juzgar por la experiencia de los últimos años, podría suceder que en algunos países tengan lugar procedimientos y pagos fiscales atrasados, dijo Maihold. Es poco probable que se produzcan condenas masivas o consecuencias penales. Según Maihold, el problema de fondo aquí radica en que "la autonomía de la Justicia no se reconoce en gran medida en América Latina". Esta situación solo podría mejorar si los votantes en América Latina depositaran de nuevo su confianza en las instituciones y no solo en las personas.

(rmr/ers)