Países europeos en Honduras condenan crimen de ambientalista
17 de septiembre de 2024
Las embajadas de España, la Unión Europea (UE), Francia y Alemania en Honduras condenaron este lunes (16.09.2024) "con la mayor firmeza" el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el sábado 14 de septiembre, e instaron a las autoridades a abrir una investigación "exhaustiva" para esclarecer el hecho.
En un comunicado conjunto, los embajadores condenaron "con la mayor firmeza" el asesinato de Juan López, quien era un "comprometido defensor de medioamiente" y coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Además, extendieron sus "condolencias y solidaridad" a la familia del activista, así como a toda la comunidad de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente.
López fue asesinato a tiros la noche del sábado en el municipio caribeño de Tocoa, donde era concejal de la Municipal por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).
Los embajadores europeos instaron a las autoridades de Honduras a realizar "inmediatamente una investigación exhaustiva" para llevar ante la justicia a todos los responsables de este "cobarde crimen".
Amenazas a defensores de derechos humanos
Asimismo, señalaron la necesidad de aplicar "medidas rápidas, efectivas y ejemplares" que permitan combatir las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medioambiente en el país centroamericano.
Los diplomáticos destacaron que el asesinato de López hace parte de "una lista preocupantemente larga de asesinatos" en Honduras, donde consideran que la impunidad debe ser combatida "con la mayor celeridad y contundencia".
López, cuyos restos fueron sepultados este lunes, fue asesinado pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar campañas de difamación, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y violencia por defender los derechos ambientales en Honduras.
El ambientalista se oponía a un controvertido proyecto minero conocido como Guapinol, en Colón, el cual se ha cuestionado por la supuesta ilegalidad de su concesión de explotación, por considerar que afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
mg (efe, afp)