Perú: ¿oídos sordos a la demanda de una nueva Constitución?

Con cerca de 70 muertos en el marco de las protestas desde diciembre, nueve departamentos en estado de emergencia y una situación política estancada, cobra fuerza en Perú la demanda de una nueva Constitución. De acuerdo con una encuesta realizada en enero por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 69 por ciento de los ciudadanos estaría de acuerdo con que se convocara a una Asamblea Constituyente. El nivel de apoyo a esa vía es aún más alto en los sectores rurales y en el sur del país, donde han sido más fuertes las protestas, explica a DW Alonso Cárdenas, politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Católica de Perú. "La demanda de una nueva Constitución era muy baja cuando Pedro Castillo dio el autogolpe y fue removido del cargo. Pero a raíz de la reacción del gobierno, que ha sido muy violenta, brutal, contra la población, esta demanda ha ido creciendo”, dice.

"Estamos en un contexto de convulsión social, estamos en un estallido social”, indica, por su parte, Diego Pomareda, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Perú. Y surge rápidamente la asociación con el estallido que se vivió en Chile, que abrió la puerta a un proceso constituyente en ese país.

"Lo que pasa ahora en Perú no me sorprende mucho; en algún momento tenía que pasar”, opina el sociólogo chileno Andrés Kogan. Y hace notar que la reacción del gobierno de Dina Boluarte es bastante similar a la que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera: "Fue una reacción de guerra, de guerra contra los terroristas, guerra contra los subversivos”, dice a DW.

El modelo neoliberal y la pandemia

Los paralelismos no se quedan ahí. En ambos casos, las constituciones aún vigentes, pese a diversas reformas, tienen problemas de legitimidad de origen: una fue forjada por la dictadura de Pinochet, y la otra, tras el autogolpe de Fujimori. Las dos consagraron, además, modelos neoliberales que marcan hasta el día de hoy a estas naciones.

"La Constitución se ha legitimado, desde mi punto de vista, por sus resultados. Ha permitido que el Perú tenga en los últimos 200 años como república, el tiempo más prolongado de democracia”, dice Pomareda. Y agrega que "ha permitido una estabilidad económica, pero también hay demandas sociales, y hay una sensación de que la macroeconomía en nuestro país no está generando impacto en la vida de los peruanos”.

Cárdenas destaca, en cambio, que la llegada de la pandemia del coronavirus puso en evidencia la grave situación real de Perú: "No teníamos servicios públicos, el transporte era un desastre, la calidad de la vivienda era paupérrima, los niveles de informalidad laboral son de los más altos del mundo, o sea, no hay derechos laborales, y hay un problema muy grande de contaminación, de desnutrición”. Asimismo, sostiene, el crecimiento económico se ha basado fundamentalmente en los precios de las materias primas. Y puntualiza que ha habido un crecimiento económico empobrecedor. "Es decir, no ha habido un desarrollo institucional, un aumento de bienestar, y la mejor evidencia de ello es la pandemia del coronavirus”.

La élite peruanas rechazan el cambio

"Pero ante esa evidencia tan brutal y, creo yo, incontestable, de la pandemia, cierto sector que se ha beneficiado enormemente del modelo económico se opone a rajatabla al cambio”, dice.

Kogan recuerda que "en Chile tampoco se accedió a nada al comienzo. Pero creo que es algo inevitable, que en algún momento van a tener que abrir la discusión, porque la situación es insostenible políticamente, y los grupos económicos, la élite peruana van a tener que ceder, al igual que cedió en Chile”.

Los analistas coinciden, sin embargo, en que el escenario de Perú es más complejo, debido a la mayor debilidad del sistema de partidos. Y apuntan también otras diferencias. Pomareda estima que en Perú la tendencia hacia la reforma constitucional no sería de talante progresista. Se remite a las tendencias reflejadas en encuestas: "Por ejemplo, la demanda con mayor aprobación en el país, en caso de que se reforme o redacte una nueva Constitución, es restituir de forma automática el servicio militar obligatorio. Muchos simpatizan con la pena de muerte; con la restricción de derechos de la mujer, por ejemplo, el de abortar en caso de violación”. También menciona el cambio de diseño económico hacia una economía más bien planificada, en la que el Estado tenga un rol preponderante, y no subsidiario.

Cárdenas, por su parte, hace ver que en el estallido social en Chile las protagonistas fueron mucho más las clases medias urbanas, muchos estudiantes, muchos jóvenes. En cambio, el estallido social en el Perú se ha concentrado en zonas rurales, pobres, indígenas. "Es este sector, históricamente olvidado, marginado, discriminado, el que está exigiendo sus derechos”, subraya. A su juicio, "lo más democrático es que en las próximas elecciones, se pregunte a la gente si quiere o no una nueva Constitución. Pero ni siquiera en eso quiere ceder el grupo que está más vinculado al fujimorismo. Algunos señalan, incluso, que pedir una Asamblea Constituyente es un acto propio de terroristas, ¡a esos niveles hemos llegado!”.

(cp)