Periodistas en México, de la violencia a la precariedad

El 21 de febrero de 2020, 80 empleados de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), entre ellos Luis Galindo, iniciaron una huelga –aún sin resolver– "por abuso de poder" y violaciones a sus derechos laborales. Desde entonces mantienen guardias, noche y día, fuera de sus instalaciones.

En este lapso, dice Galindo a DW con tristeza, "mi padre fue hospitalizado y tuvo una cirugía, luego falleció y uno sin dinero. En octubre me dio COVID y fueron muchos gastos. Temía por mi familia. Hemos sobrevivido con la ayuda de amigos y colegas o de los ingresos de mi esposa. Ha sido una amarga experiencia, sin apoyo del gobierno".

Si hacer periodismo de investigación en México, era una labor difícil o mortal, la pandemia sacó a relucir e incrementó la vulnerabilidad de esta profesión en general, fundamental para la democracia. Cifras presentadas en enero de 2020 por el Instituto Mexicano del Seguro Social indicaron que en México "22.000 periodistas carecen de seguridad social", mientras que 93 han muerto por el virus, anunció en abril pasado la ONG Campaña Emblema de Prensa. 

"Con el COVID aumentaron los recortes, los despidos en medios. Pocos periodistas tienen empleo fijo, muchos realizan coberturas sin protección o con muy poca, sin horarios específicos ni vacaciones", explica Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras (RSF) en México, quien considera que el Estado tiene una corresponsabilidad en esta situación.

Tras declararse la pandemia, a Elena [nombre ficticio] y a sus compañeros de El Universal, uno de los grandes consorcios mediáticos del país, se les redujo 30 por ciento del sueldo, aplicable de abril a junio de 2020. "Con una promesa retroactiva que nunca llegó" y por "finanzas en números rojos".

Aunque hoy en día perciben el salario establecido en sus contratos, la situación es alarmante: "el trabajo en casa aumentó, hay peticiones fuera de horario. Si vas a la oficina recibes pago completo, si haces home office recibes 30 por ciento menos, por eso mucha gente con riesgo de la enfermedad se calla. La responsabilidad de la salud pública es decisión de cada quien".

En su informe de marzo de 2021, Distorsión: discurso contra la realidad, la organización pro libertad de expresión Artículo 19 indicó que al 62,7 por ciento (de 67 periodistas mexicanos encuestados) les fue reducido el salario por la pandemia.     

Aunque la precarización de este sector es multifactorial, RSF percibe que los cambios políticos inciden en la violencia laboral y la desprotección hacia este gremio. "Muchos grandes medios se han alineado al nuevo contexto político del gobierno (de Andrés Manuel López Obrador) y a las condiciones económicas porque finalmente son empresas privadas. Más allá de la información, tienen otros intereses donde los periodistas no toman decisiones o son afectados", indica Balbina Flores.

Crisis, despidos y violencia laboral

Pese a que algunas grandes corporaciones mediáticas de México tienden a reestructurarse cada año, a partir de 2018 hubo cuantiosos despidos e incluso redacciones enteras desaparecieron del mapa informativo, de lo que se dio buena cuenta en redes sociales.

El servicio en español de la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y del New York Times -con presencia en territorio mexicano- anunciaron su cierre por no ser financieramente exitosos. A esta crisis económica y de lectores, se sumó la extinción de la versión mexicana del Huffington Post, con 14 empleados. Pertenecían a Grupo Imagen que en diciembre de 2020 despidió a 200 personas más de sus filiales en radio, TV y el diario Excélsior.

Entre 2019 y 2020, los ajustes de personal en Milenio diario, El financiero, Mural, el periódico NTR Guadalajara, Código CDMX Radio y Grupo Radio Centro se tradujeron en el desempleo para más de 200 trabajadores entre fotógrafos, camarógrafos, editores, reporteros y otros. A decir de varios entrevistados, las liquidaciones ofrecidas por algunas empresas mediáticas oscilaban desde el 10 al 50 por ciento de lo que les correspondía por ley.

Con la aparición del SARS-CoV-2 también se esfumaron radios comunitarias, pequeños portales de internet y otros modestos medios de comunicación, sin que nadie tenga cifras del impacto nacional de este triste panorama.

Publicidad oficial: censura o control editorial

Miguel Pérez [nombre ficticio] tenía más de dos décadas la sección de Economía cuando la revista donde laboraba le notificó su baja. "Durante la administración de Enrique Peña Nieto teníamos fuertes ingresos de publicidad, pero con la llegada de López Obrador disminuyó considerablemente y con ello las finanzas", relata.

La compra de publicidad de distintos niveles de gobierno ha sido una polémica práctica mexicana por su uso político para censurar o controlar editorialmente a los medios. En abril de 2019, Artículo 19 denunció en un informe que el gobierno de Peña Nieto (2012-2018) gastó en publicidad 60.237 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares). De este monto subsistieron muchos medios, un asunto ya conocido por la sociedad.

"En 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso regular la publicidad oficial para dejar de usarse como ley mordaza, pero no ha sucedido", explica a DW Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. "No obstante, un 54 por ciento del gasto público de comunicación social (unos 2.000 millones de pesos) de esta administración se ha concentrado en 10 medios y el resto se repartió entre 387".

"Dejé el periodismo por los sustos"

A diferencia de otros entrevistados, a Mario no le da miedo dar su nombre real por temor a represalias, a pesar de vivir en Guanajuato, unos de los estados más violentos del país ante el arribo de grupos criminales y del narcotráfico.

Por 35 años fotografió la realidad política, social y artística de Guanajuato. Uno de los eventos que más captó su lente fue el Festival Internacional Cervantino, pero ante la fatal combinación pandemia-crimen su única opción fue hacer pan para sostener a su familia.

"Encima el narco ha comenzado a infiltrarse en todo", narra. "Hay mucho peligro, acoso. Te piden piso [pago obligatorio], por eso suben los precios. Como han matado a muchos compañeros, yo dejé [la información de] seguridad y política. Dejé el periodismo por los sustos".

Casos como el suyo, en que los comunicadores se autocensuran, conforman a lo largo del territorio mexicano las "zonas de silencio", donde ya no se reporta la información o los periodistas han huido por la violencia. Estos puntos rojos se reparten en estados como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y otros.

Estigmatización desde la cúpula

2020 fue el periodo con mayor número de agresiones contra periodistas, 692 entre amenazas, hostigamiento judicial, acoso, privación de libertad y otras. Cada 13 horas se realizó una de ellas, reportó Artículo 19. La mitad de ellas provinieron de autoridades, el resto fue obra del crimen.

A la violencia que ha dejado 159 periodistas muertos en México desde el 2000, según Human Rights Watch, se suma la estigmatización que hace de ellos el actual mandatario López Obrador.

"El discurso descalificador y estigmatizador que hace el presidente de periodistas y medios críticos, en su conferencia de prensa matutina, se percibe como un permiso para agredir a los periodistas; esta narrativa desde el poder avala la violencia contra ellos. Los medios critican y cuestionan, no al revés", asegura Leopoldo Maldonado, representante de Artículo 19.

El detrimento del periodismo también es parte de la visión social, tangible en redes sociales, donde a diario llueven descalificaciones contra comunicadores de todo tipo. "Una parte de la sociedad nos ve a los periodistas como generadores de fake news, chismosos o aliados del poder. Puede que algunos sean así, pero otros no obedecemos a ningún poder excepto al de la verdad", lamenta Carmen, periodista de temas de género.

Notimex, el Estado contra la prensa

La periodista Sanjuana Martínez se convirtió en marzo de 2019 en la primera mujer en ocupar la dirección general de Notimex y sus 328 empleados. Su lema fue la lucha anticorrupción y la austeridad republicana.

Poco después de su arribo, la agencia estatal comenzó un "golpeteo informativo" contra escritores, funcionarios, políticos y otros blancos. Luego instruyó a personal para atacar a otros comunicadores desde cuentas de Twitter oficiales y falsas; era la primera vez que periodistas atacaban periodistas. Todo con dinero público.

"Con la austeridad como justificación, empezaron a recortar personal y prestaciones, inició el hostigamiento laboral. Nuestros ingresos disminuyeron un 40 por ciento. Derogaron el contrato colectivo de trabajo e intervinieron en las decisiones sindicales, lo cual es anticonstitucional", relata Adriana Urrea, reportera de finanzas y a quien despidieron al ser nombrada nueva secretaria general del sindicato de Notimex.

Tal como esta periodista, hoy transformada en portavoz de los afectados, Fabiola pasó del reporteo a la comercialización de tamales gourmet; otros, de los ya 90 trabajadores en paro, venden dulces, cigarros, cubrebocas o productos por catálogo. Muchos han perdido a familiares; subsisten de ayuda en especie de otros sindicatos, de vecinos y amigos. Algunos caminan desde sus hogares hasta el campamento huelguista porque "no hay dinero ni para el transporte público".

El 80 por ciento de ellos son mujeres. Diana tenía ocho meses de embarazo cuando la despidieron. Junto con ellos, 20 corresponsales quedaron en el limbo, sin liquidación ni retorno a México. Tienen 15 meses de una lucha -en medio del COVID- en la que van ganando legalmente. No obstante, nada ha pasado, debido a "la falta de voluntad política" o "por impunidad y amiguismo".

"Somos periodistas y sabemos cómo obtener pruebas. Todo es legal y está comprobado", dice su lideresa sindical, antes de conducir otra protesta más al Palacio Nacional, sede del poder.

Nota del editor: Deutsche Welle recibió vía Twitter el 19 de mayo de 2021 un escrito de la agencia Notimex, en la que Agustín Carlos  Lozano  Delgado, director editorial de Notimex, expresa su desacuerdo  ante las  declaraciones  de sus exempleados en huelga, presentadas en nuestro artículo. En el escrito de Notimex, Agustín Lozano sostiene que "para empezar, no son 80 personas las que emplazaron a huelga, a duras penas es una veintena de extrabajadores la que inició su movimiento".  Agrega el escrito de Notimex, entre otras declaraciones, que "la agencia Notimex en ningún momento ha violado ni violará los derechos laborales". 

(lgc)