Perú bajo la sombra del pasado

Invitados por la Iglesia católica alemana, a través de la organización episcopal Misereor, representantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación –CVR- hablaron ante periodistas en Bonn, mientras en Berlín, el presidente del Perú, Alejandro Toledo, mantenía reuniones al más alto nivel con miembros del gobierno federal, como parte de su visita oficial en Alemania.

Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación -CVR- y el sacerdote Gastón Garatea Yori, miembro de la comisión, tenían un aspecto ciertamente adusto, el tema no es para menos. La comisión entregó en agosto del 2003 el devastador resultado de sus investigaciones al ejecutivo y al pueblo peruano.

La llamada ‘guerra sucia’ que vivió el Perú entre 1980 y el 2000, dejó un saldo de unos 70.000 muertos y desaparecidos; 75% de las víctimas fueron campesinos ‘quechua parlantes’ de pequeñas comunidades indígenas. El principal verdugo, con un 50% de las ejecuciones, fue Sendero Luminoso. Las fuerzas del orden tienen en su conciencia numerosas desapariciones, por lo que la cifra real de la sangrienta guerra permanecerá en tinieblas.

"Que haga suyo el informe..."

Pese a que el presidente Alejandro Toledo apoyó el trabajo de la Comisión creada por el gobierno de transición bajo Valentín Paniagua en el 2001, y que en ningún momento obstaculizó sus investigaciones, "hace falta que Toledo realice una segunda tarea aún más importante que la primera", dijo Lerner. "Que haga suyo el informe y comience a implementarlo". Quien es también rector de la Universidad Católica de Perú, señaló que ha transcurrido mes y medio desde que fue presentado el informe, tiempo suficiente para que el ejecutivo adopte posiciones e inicie la implementación de las recomendaciones propuestas por la CVR.

Entre ellas figuran varios capítulos, con las indemnizaciones de las víctimas como punto prioritario para avanzar hacia la reconciliación del país. La comisión estima que los daños provocados por 20 años en guerra dejaron un saldo material de 30.000 millones de dólares de pérdidas –cifra equiparable a la deuda externa- y aunque no se puede esperar que las reparaciones sean del mismo monto, urge implementar las medidas más inmediatas. Se sugiere tres líneas de trabajo de apoyo a la población damnificada: salud física y mental, educación, e infraestructura que permita la creación de empleos. Aspectos en los que se apela a la cooperación de países amigos como Alemania.

No a la impunidad

"Cuando hablamos de reconciliación, hablamos de un proceso", dijo el sacerdote Garatea Yori. "Un proceso muy largo que tiene como piedra angular el castigo a los verdugos. Numerosos ejemplos nos han mostrado que el pueblo mismo tiene capacidad de reconciliación, siempre y cuando no haya impunidad", dijo. La comisión atribuye responsabilidades éticas y políticas al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, al de su sucesor, Alan García, pero a Alberto Fujimori la comisión le adjudica graves violaciones a los derechos humanos.

Alberto Fujimori, exiliado en Japón desde noviembre de 2000, es vinculado al Grupo Colina, el escuadrón de la muerte bajo el mando de los servicios de inteligencia peruanos, al que se le atribuyen numerosas ejecuciones extrajudiciales. La Justicia peruana pidió a Japón su extradición, pero a Fujimori lo protege su ciudadanía nipona.

¿Por qué la violencia en Perú?

"Perú es un país con profundos desencuentros y grandes diferencias sociales. No nos conocemos, no nos respetamos", lamentó Gastón Garatea. "La pobreza y la miseria social no fueron los causantes, pero fueron factores decisivos". Justicia para indemnizar a las víctimas y para sancionar a los responsables son dos demandas fundamentales. Pero en el camino hacia la reconciliación es crucial implementar reformas estructurales al sistema de justicia, al sistema educativo, a las fuerzas armadas, las instituciones intermedias y los partidos políticos". Todo esto presupone una transformación de la sociedad y del Estado y pasa necesariamente por un inaplazable reconocimiento y mayor autonomía a las comunidades indígenas.